Advierten que sin soluciones deberán despedir 5.000 trabajadores y recuerdan que en los últimos años perdieron 13 millones de usuarios. Reclaman negociar un nuevo marco para el sector con el Ministerio de Transporte. Semana clave para destrabar el conflicto
Mientras el conflicto sindical sigue latente al haberse postergado la discusión paritaria para fines de la semana próxima entre las empresas y el gremio, el sector de transporte de pasajeros con micros de larga distancia sigue buscando una alternativa que les permita cambiar su actual ecuación económica de crisis.
Es que en la actualidad aseguran sufrir una caída de la demanda, mayor competencia con las aerolíneas y costos crecientes. En ese marco, buscan una fórmula que evite lo que, según los empresarios del sector creen, será el agravamiento de un escenario ya complicado donde se encuentran casi sin caja diaria, con una baja ocupación del 47%, lo cual significa que la mitad de cada micro que sale de una terminal lo hace vacío, sin pasajeros.
Es decir, operan con pérdida permanente de usuarios en manos básicamente del crecimiento del mercado aerocomercial de cabotaje, alentado por la política de cielos abiertos impuesta desde el gobierno nacional.
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Como ejemplo se puede citar a Aerolíneas Argentinas que transportó en un solo día a 41.417 pasajeros, alcanzando la mayor marca en sus 67 años de vida y logrando en julio vender más de 1,2 millones de pasajes, incluyendo cabotaje, regionales e internacionales.
A esa realidad se le debe sumar el efecto «low cost» que se podrá observar en concreto cuando la mayoría de las aerolíneas de bajo precio comiencen a ofrecer sus servicios forzando a las que ya operan a bajar aún más los tickets de cabotaje, logrando que cada vez más gente elija recorrer el país por aire.
Hasta ahora, los pasajes aéreos han bajado casi 6% según datos del gobierno porteño y se pueden conseguir tickets ida y vuelta por $960 a Rosario, por $ 1674 a Córdoba o por $ 2168 a Mendoza, por citar algunos casos. Además, el transporte aéreo irá sumando 135 nuevas rutasaprobadas en febrero pasado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), para compañías aéreas que todavía no comenzaron a operar como son Alas del Sur, American Jet, Andes, Avian, y Fly Bondy.
Es más, está pendiente la convocatoria a una nueva audiencia pública, la segunda, para otorgar nuevas rutas que debía llevarse a cabo en julio pasado pero que todavía sigue sin fecha, según explicaron en el Ministerio de Transporte de la Nación.
Del encuentro deberían participar 14 empresas que presentaron propuestas, entre las que se destacan varias internacionales como Ryanair y Level, que hoy operan vuelos desde y hacia la Argentina aunque utilizando la modalidad de códigos compartidos con Air Europa que ya une Madrid con Buenos Aires y Madrid con Córdoba.
A diferencia de la realidad del sector aerocomercial, empresas de micros como General Urquiza, El Rápido Internacional, Andesmar o Vía Bariloche debieron cancelar o suspender varios de sus servicios.
Sus propietarios advierten también que no pueden, con este marco de fondo, hacer frente al aumento salarial que desde la Unión Tranviaria Automotor (UTA) reclaman para los 17.000 trabajadores que emplean las empresas de ómnibus de larga distancia. Un sector del cual participan alrededor de 100 compañías que llegan a 1600 destinos y que está regulado por el Estado al ser considerado un servicio público.
Los empresarios sostienen que el parque de micros no supera los tres años de antigüedad, que la flota total llega a las 5000 unidades y que durante los últimos 11 años se invirtieron $4000 millones. Agregan que de esos destinos solamente 70 son rentables mientras que al resto están obligados a brindar el servicio por regulación. Aseguran además que las mismas normas les impiden consolidar viajes adaptando las rutas a la demanda real ya que los micros deben partir aunque no transporten a un solo pasajero.
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A principios de julio pasado, casi con el comienzo de las vacaciones de invierno, el gremio anunció una huelga general de 48 horas por el rechazo de la Cámara Empresaria de Buses de Larga Distancia (Celadi) en aprobar una suba salarial del 21%. El problema no pasó a mayores y el paro se levantó luego de que el Ministerio de Trabajo decretó la conciliaciónobligatoria.
La tregua venció este viernes pero se extendió por una semana, hasta el próximo viernes plazo en el cual se cree que el Ministerio de Transporte de la Nación podría anunciar algunas medidas que permitirían a las empresas paliar la crisis y negociar los incrementos de salarios con la UTA.
Pero desde el sector aseguran que la discusión no pasa por el pago de los sueldos sino por la superviviencia de una gran cantidad de compañías al borde del colapso y por la incertidumbre que les genera saber que, con el actual nivel de operaciones, sobran alrededor de 5000 trabajadores.
«Tenemos una fuerte caída en el transporte de pasajeros, sobra personal, hay cada vez más competencia de parte de las aerolíneas, nos quitaron subsidios que nos permitían capear el temporal y al ser un servicio público no tenemos chances de movernos demasiado con las tarifas«, explicó Gustavo Gaona, vocero de la Celadi. Para el empresario, si el Estado fija las normas del sector «para velar que se cumpla con lo de ser un servicio público, también debería garantizarnos la ecuación económica, lo cual hoy no está ocurriendo».
En el caso de la baja de usuarios, se trata de un problema que se profundizó en los últimos siete años si se tiene en cuenta que en 2010 el sector transportaba 50 millones de pasajero al año y ahora está en 37 millones. Una pérdida de 13 millones de pasajeros que en su mayoría se volcaron a las compañías aéreas.
Con respecto a las tarifas, al igual que el transporte aéreo, el Estado fija los precios mínimos y máximos mediante una banda que se actualiza en ciertos momentos casi en simultáneo con la evolución de la inflación. Sin embargo, en el mercado de las aerolíneas se quitó el tope y no se actualiza el piso, con lo cual los pasajes son cada vez más accesibles y las empresas tienen más chances de flexibilizar sus bandas de precios.
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En el caso de los micros, entre los precios mínimos y los máximos se permite una diferencia del 17%. Por eso desde el sector se está reclamando poder tener una ecuación similar para poder abaratar también el valor de sus pasajes.
De hecho, y como forma de intentar competir a los tickets aéreos, en los últimos dos años vienen aplicando una agresiva política de promociones, ofertas y descuentos que en algunos casos terminan por perforar el piso de la banda de precios permitida por las autoridades del Ministerio de Transporte.
Con respecto a la situación de los trabajadores, los empresarios avisan que no tienen forma de firmar una paritaria con una suba del 21% ya que les ha sido casi imposible cumplir con las subas del año pasado que llegaron al 40%. Advierten que la carga laboral representa el 50% del costo total de cada compañía y que deberían despedir al 20% del personal para adecuar las estructuras a la situación actual.
Ni siquiera las últimas vacaciones de invierno lograron llevar un poco de oxígeno financiero a las empresas. Según Gaona, «se pudo hacer algo de caja logrando estar en los mismos niveles que en el mismo período de 2016«.
Desde la Celadi aclaran que no están en contra de la llegada de nuevas aerolíneas sino que reclaman políticas que sumen a ambos sectores y que les permita a las empresas de micros de larga distancia «seguir siendo una opción como medio de transporte para no terminar siendo lo que alguna vez fueron los trenes que casi desaparecieron».
Las compañías cuestionan también que las aerolíneas sigan manteniendo un subsidio a los combustibles que representa el 50% de la tarifa, que se les quitó a los micros en diciembre del año pasado.
Todos estos motivos llevan al sector a reclamarle al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, cambios en el marco regulatorio que les permita a las compañías ser más competitivas, adecuar sus estructuras laborales y poder ofrecer precios accesibles y cercanos a los de las aerolíneas.
Desde Transporte están de acuerdo con esos cambios. El propio Ministro Dietrich admite la necesidad de que el transporte terrestre reconfigure su negocio, aunque con algunas salvedades a lo que plantean los empresarios. Para el funcionario deben convertirse en abastecedores de los aviones, ofrecer a los usuarios nuevos productos que complementen los servicios aéreos.
En el corto plazo, el escenario se sigue manteniendo crítico, con empresarios que no encuentran una salida a los conflictos y con un impacto que puede llegar a ser muy negativo para las economías regionales donde eltransporte terrestre de larga distancia puede ser considerado crucial. Salvo que, tal como reclaman las compañías, desde el Gobierno partan propuestas que le permitan mejorar la caja en el corto plazo y contar con un marco normativo más favorable para sostener la operatividad a largo plazo.
Mientras tanto, el conflicto sigue latente ya que el próximo viernes vence el plazo de la extensión de la conciliación obligatoria y desde la UTA ya avisaron que no aceptarán otra prórroga.
En este sentido, el titular de la UTA Roberto Fernández reiteró que el reclamo por las paritarias viene desde principios de abril y que no es problema de los trabajadores «que a los empresarios no les alcance la recaudación para pagar los sueldos».
El dirigente gremial también advirtió que al sindicato «le importa arreglar los salarios del personal», aunque también se mostró de alguna forma comprensivo con la realidad de las empresas al agregar que «estamos para transportar a la gente y no para poner trabas, por lo que debemos buscar soluciones de fondo para evitar males mayores».
Fuentes empresarias y gremiales estimaron al respecto que una solución de urgencia para evitar el recrudecimiento del conflicto podría ser que el Gobierno se haga cargo de pagar los aumentos salariales vía subsidios, compensaciones o la aplicación del llamado Programa de Recuperación Productiva (Repro) que brinda a los trabajadores de las empresas, cuya solicitud haya sido aprobada, una suma fija mensual remunerativa de hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil por trabajador actualizado a la fecha de otorgamiento, por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral. El pago lo realiza la ANSES en forma directa.
Fuente:
IProfesional
