Fue captado por las cámaras de seguridad del autobús aceptando un billete de 1.000 yenes.

Defraudar de alguna manera al sistema público japonés puede salir muy caro, y si no que se lo digan a un conductor de autobús de la ciudad de Kioto, que con casi tres décadas de servicio a sus espaldas, ha visto como la Justicia le ha impuesto una indemnización de jubilación equivalente a 73.000 euros tras apropiarse de forma indebida de apenas 6 euros.

El Tribunal Supremo de Japón ha dictado una sentencia que ha generado sorpresa y debate en el país: la Justicia confirma la decisión del ayuntamiento de Kioto de despedir al trabajador y rechazar cualquier tipo de compensación por su despido.

El caso se remonta a 2022, cuando el conductor —cuya identidad no ha sido revelada— fue captado por las cámaras de seguridad del autobús aceptando un billete de 1.000 yenes (unos 6 euros al cambio) de parte de un grupo de pasajeros, sin declararlo en la caja de recaudación. El grupo debía abonar 1.150 yenes por el trayecto; el conductor pidió que se depositaran 150 yenes en monedas y él mismo recogió el billete, que no fue registrado oficialmente.

Pese a haber sido advertido en varias ocasiones por comportamientos anteriores, según la sentencia, el hombre negó los hechos durante una entrevista con sus superiores. La Oficina de Transporte Público de Kioto tomó la decisión de despedirlo, y el caso terminó en los tribunales cuando el conductor exigió la compensación que le correspondía por jubilación tras 29 años de trabajo.

El trabajador fue condenado en primera instancia, pero más tarde la corte de apelación consideró desproporcionada la sanción y revocó la pérdida del bono de jubilación. No obstante, el Tribunal Supremo ha restaurado la medida disciplinaria, respaldando la actuación del gobierno local. El alto tribunal consideró que el comportamiento del conductor, aunque aparentemente menor, pone en riesgo la confianza pública en los servicios públicos y en la correcta gestión del dinero de los contribuyentes.

“Nos tomamos muy en serio este hecho”, declaró Shinichi Hirai, portavoz de la Oficina de Transporte de Kioto, en alusión al manejo indebido de fondos públicos por parte de un empleado que trabajaba en solitario y tenía acceso directo al dinero recaudado a diario.

El caso ha vuelto a poner de relieve el estricto código disciplinario que rige en buena parte del sector público japonés. En Japón, la integridad personal y profesional es una piedra angular del empleo público, y las infracciones éticas, incluso si son de baja cuantía económica, pueden acarrear sanciones severas, incluidas la pérdida de empleo y de los derechos adquiridos.

La opinión pública se ha dividido entre quienes creen que la sanción es ejemplar y necesaria para preservar la ética en la función pública, y quienes opinan que la pérdida de toda la pensión tras casi 30 años de servicio por un error de 6 euros es una medida desproporcionada.

Las pensiones en Japón, un país con una de las poblaciones más envejecidas del mundo están en una situación delicada: el sistema público se basa en un modelo de reparto y es administrado por el gobierno a través del Japan Pension Service. Todos los residentes mayores de 20 años están obligados a contribuir, y las pensiones se financian principalmente con las aportaciones actuales de los trabajadores activos.

Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, la pensión mensual media en Japón en 2023 fue de aproximadamente 145.665 yenes (unos 880 euros), una cantidad modesta considerando el coste de vida en el país. Las prestaciones son particularmente bajas para quienes no han cotizado de forma continua o han estado en empleos irregulares, lo que genera preocupación entre los trabajadores con carreras fragmentadas.

A pesar de las reformas en curso, el sistema sigue enfrentando problemas estructurales: la caída en el número de trabajadores cotizantes frente al aumento constante de jubilados pone en riesgo la sostenibilidad del modelo. Japón ha ampliado la edad de jubilación de manera gradual y ha promovido políticas para incentivar el empleo entre los mayores de 65 años, así como medidas para fomentar el ahorro privado.

Japón se enfrenta a un serio desafío demográfico con el sistema público de pensiones. El caso del conductor despedido refleja también esta fragilidad: la pérdida de una pensión acumulada durante casi tres décadas puede representar un colapso económico total, especialmente en un país donde el ingreso postlaboral depende en gran parte del sistema público.