Se trata de Dellepiane, en el sur porteño. Parte de los transportistas no quieren ir porque dicen que les aumentan los costos. Los dueños y la UTA apuntan al Gobierno. Pero tanto en Nación como en Ciudad dicen que se trata de un emprendimiento privado.
Se terminó de construir en diciembre de 2016. Costó más de US$ 30 millones. Su arquitectura es vanguardista, con techo y paredes vidriadas que permiten el ingreso de la luz del sol. Tiene un sector exclusivo para los micros que arriban y otro para los que parten. En todo el primer piso hay boleterías, oficinas y locales comerciales. Posee 48 dársenas para las operaciones, más un sector con paradas para 15 líneas de colectivos y 400 lugares para estacionar. Fue pensada para potenciar la zona Sur de la Ciudad. La Terminal de Ómnibus Dellepiane tiene de todo pero no tiene lo más importante: micros que lleguen y salgan.
Desde su inauguración en marzo de este año, que incluyó el paso de las autoridades del Gobierno porteño, es un edificio fantasma casi sin funcionamiento. La explicación a esta situación de parálisis debe buscarse en el boicot que las empresas nucleadas en la Cámara de Empresas de Buses de Larga Distancia (CELADI) decidieron llevar adelante desde el inicio contra la nueva estación. Según confirmaron a Clarín fuentes del sector transportista, «a Dellepiane no llegan el tren ni el subte, no hay demanda, no hay pasajeros, es difícil de acceder y además nos costaría mucho dinero, por el pago de los peajes de la Autopistas 25 de Mayo. También se duplicarían los costos por alquiler de boleterías y el uso de las dársenas porque ya estamos en Retiro. No es viable para nosotros y además nunca fuimos consultados», señalan.
Martín Améndola es el presidente de Terminales Terrestres Argentina S.A., la empresa a cargo del nuevo emprendimiento. A su juicio, los argumentos de los transportistas carecen de sustento. «Por todas las obras que hay en marcha en las cercanías, las empresas necesitan más que nunca desconcentrar sus operaciones de la zona de Retiro. Dicen que a Dellepiane no llega el subte ni el tren, cuando 9 de cada 10 pasajeros de micros de larga distancia que llegan a Retiro lo hacen en colectivo, en taxi o llevados en auto por algún familiar. Con ese criterio, ¿por qué siguen operando las mismas empresas en Liniers? Nosotros ya les garantizamos que si sus micros pasan por Dellepiane al entrar o salir de la ciudad el uso de la dársena sería bonificado. Su postura no se entiende, a menos que encubran otras intenciones, pero lo que es seguro es que están perjudicando a miles de vecinos, en especial a los que viajan a la Costa, al sur o al oeste de la provincia de Buenos Aires y que en su mayoría viven en los barrios próximos a la nueva estación».
Quien ha decidido terciar en el conflicto, algo que no había sucedido hasta el momento, es la UTA, representada por Rubén Villafañe, del Consejo Directivo Nacional del sindicato. «Para nosotros es muy preocupante lo que está pasando. Se están perdiendo 400 puestos directos de trabajo, amén de los que pueden generarse en la zona, en un momento del país muy sensible, en el que precisamente lo que hay que fomentar es la creación de fuentes laborales. Necesitamos que este problema se destrabe lo antes posible».
Tanto los empresarios a cargo de la Terminal como el gremio creen que la responsabilidad de solucionar el conflicto es de las autoridades, haciendo cumplir la normativa que sirvió de base para la creación de la nueva terminal. Mediante el Decreto 763/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, se dispuso que al nuevo predio se mudaría el 35% por ciento de las operaciones de la Terminal de Retiro, y que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tendría a su cargo la asignación dentro de los seis meses del nuevo destino entre las empresas de micros, algo que hasta el momento no ha sucedido.
«El uso de Dellepiane no es facultativo de los dueños de los micros sino que es una obligación legal que deben respetar y confiamos en que el Gobierno la hará cumplir. Los empresarios no pueden hacer lo que se les ocurra, porque hay mucha gente que va a seguir sufriendo demoras y trastornos cuando podrían tener una mucho mejor experiencia de viaje en las nuevas instalaciones. Todos están de acuerdo en los enormes beneficios que aportará la Terminal, pero estamos presos de un lobby que en lo último que piensa es en la gente«, afirma Améndola.
Sin embargo, desde la CNRT le respondieron a Clarín que “el decreto establecía que podían salir hasta el 35% de los servicios de micros; no que ocurriría o debería ocurrir obligatoriamente. El rol del organismo es verificar que ese límite no se exceda”. En tanto, en la Ciudad también deslindaron responsabilidades al afirmar que se trató de un emprendimiento privado y quien debe negociar con las transportistas es el dueño de la terminal.
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