Un relevamiento independiente basado en datos GPS determinó que durante la segunda vuelta electoral del 25 de octubre circularon simultáneamente unos 6.928 colectivos, frente a los 10.521 de una jornada laboral comparable. La Justicia había ordenado garantizar una oferta equivalente a la de los días hábiles para facilitar el traslado de los votantes.
El sistema de transporte público de São Paulo, Brasil, quedó en el centro de una controversia luego de que un relevamiento independiente detectara una importante reducción en la cantidad de colectivos que circularon durante la segunda vuelta de las elecciones generales, celebrada el domingo 25 de octubre de 2026.
A pesar de que la Justicia Electoral había ordenado garantizar una oferta equivalente a la de los días hábiles, los registros satelitales muestran que la cantidad promedio de vehículos en circulación fue considerablemente inferior.
El análisis, realizado por el investigador Igor Novaes Lins, del Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), determinó que entre las 11 y las 19 horas circularon simultáneamente, en promedio, 6.928 colectivos.
La cifra representa apenas el 65,8% de los 10.521 vehículos registrados en promedio durante jornadas laborales utilizadas como referencia.
En términos comparativos, la cantidad de colectivos circulando fue un 34,2% menor que la habitual.
Una orden judicial para garantizar el transporte de los votantes
La controversia comenzó antes de la jornada electoral.
El Tribunal Regional Electoral de São Paulo (TRE-SP) había establecido que la Municipalidad debía garantizar la disponibilidad de una flota equivalente al 100% de la utilizada durante un día hábil.
La resolución, difundida oficialmente el 24 de octubre, respondía a una acción presentada por legisladores que cuestionaron las condiciones del transporte durante la primera vuelta.
La medida estaba fundamentada en la normativa electoral brasileña, que establece la obligación de ofrecer transporte público gratuito y con frecuencias compatibles con las de los días laborales durante las jornadas de votación.
El juez Tiago Ducatti Machado dispuso que el incumplimiento podría derivar en una multa de 100.000 reales para el intendente Ricardo Nunes y el presidente de SPTrans, la empresa municipal responsable de administrar el sistema.
El objetivo era evitar que las dificultades de movilidad limitaran las posibilidades de los ciudadanos de trasladarse hasta sus centros de votación.
Los datos GPS mostraron una oferta inferior
Para evaluar el funcionamiento del transporte, el investigador Igor Novaes Lins utilizó información de la plataforma Olho Vivo de SPTrans.
Este sistema permite observar el posicionamiento de los colectivos mediante tecnología GPS y conocer cuántos vehículos se encuentran circulando simultáneamente.
El trabajo comparó la operación del domingo electoral con los registros del miércoles 21 y del viernes 23 de octubre.
Los resultados fueron los siguientes:
| Indicador | Colectivos |
|---|---|
| Promedio simultáneo durante las elecciones | 6.928 |
| Promedio simultáneo en días hábiles | 10.521 |
| Diferencia | 3.593 |
| Proporción respecto de días hábiles | 65,8% |
El relevamiento también detectó importantes diferencias territoriales.
Según los datos publicados, ninguno de los distritos analizados alcanzó una circulación equivalente a la habitual de un día laboral.
Las proporciones oscilaron entre el 51,1% y el 83,6%, lo que evidencia que la reducción no fue uniforme en toda la ciudad.
Esto significa que algunos sectores experimentaron una disminución considerablemente mayor que otros en la cantidad de vehículos disponibles.
La Municipalidad alegó dificultades para reorganizar los turnos
La administración municipal sostuvo que notificó a las empresas concesionarias sobre la obligación de disponer de la totalidad de la flota requerida.
Según explicó el gobierno local, SPTrans recibió la comunicación formal de la orden judicial durante la tarde del sábado 24 de octubre y transmitió posteriormente las instrucciones a los operadores.
La Municipalidad señaló que reorganizar el sistema con tan poca anticipación presentaba dificultades.
Entre los problemas mencionados figuraron la planificación previa de los turnos de los conductores, los descansos laborales y la necesidad de garantizar que los trabajadores también pudieran ejercer su derecho al voto.
Sin embargo, la investigación periodística publicada por Folha de S.Paulo indicó que distintas autoridades habían advertido meses antes sobre la obligación de ofrecer transporte con frecuencias comparables a las de los días hábiles.
La administración municipal también anticipó que los eventuales incumplimientos contractuales de las concesionarias podrían derivar en sanciones.
¿Disponer de toda la flota significa garantizar el servicio?
El caso plantea una diferencia importante para la gestión del transporte público.
Una cosa es ordenar que una determinada cantidad de vehículos esté disponible para prestar servicios y otra es comprobar cuántos colectivos efectivamente circulan por las calles.
La cantidad de vehículos disponibles constituye un indicador de capacidad operativa, pero no demuestra por sí sola que los pasajeros reciban frecuencias equivalentes a las de una jornada habitual.
Para evaluar realmente el servicio es necesario analizar los registros de circulación, las salidas programadas y efectivas, los intervalos entre unidades y la distribución territorial.
En São Paulo, los datos GPS permitieron establecer una diferencia concreta entre la circulación observada durante las elecciones y la registrada en días hábiles.
Sin embargo, esta medición independiente no constituye por sí misma una declaración judicial definitiva de incumplimiento.
El transporte público y el derecho al voto
En Brasil, el transporte gratuito durante las elecciones busca facilitar la participación ciudadana, especialmente entre quienes dependen de los colectivos para desplazarse.
São Paulo administra una de las mayores redes urbanas de transporte de América Latina, por lo que cualquier modificación importante en la operación puede afectar a una cantidad significativa de usuarios.
La situación registrada el 25 de octubre vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con información pública y verificable sobre la prestación de los servicios.
Los sistemas de posicionamiento satelital permiten conocer con mayor precisión lo que ocurre durante la operación cotidiana, independientemente de las programaciones anunciadas.
El caso demuestra que garantizar el transporte no depende solamente de dictar una orden o comunicar una cantidad prevista de unidades: también requiere controlar que los colectivos efectivamente circulen y que la oferta llegue a los pasajeros.
El seguimiento judicial y administrativo deberá determinar si las diferencias detectadas constituyeron incumplimientos de las obligaciones establecidas para la jornada electoral.
