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Volkswagen Camiones y Buses cambió su conducción en Argentina: Pablo Princich asumió como gerente general

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Volkswagen Camiones y Buses comenzó una nueva etapa en Argentina.

La compañía confirmó la incorporación de Pablo Princich como nuevo gerente general de la división en el país, en reemplazo de Federico Ojanguren. El cambio se hizo efectivo durante septiembre y coloca al frente del negocio local a un ejecutivo con más de dos décadas de trayectoria dentro de la industria automotriz y una experiencia particularmente vinculada con el transporte pesado y de pasajeros.

Princich reportará directamente a Martín Massimino, director ejecutivo de Ventas y Marketing de Volkswagen Group Argentina.

Desde la nueva posición tendrá entre sus principales responsabilidades liderar la estrategia comercial, impulsar el crecimiento del negocio, fortalecer la red de concesionarios y consolidar el posicionamiento de Volkswagen Camiones y Buses en el mercado argentino.

Un ejecutivo que llega del negocio de buses

Para el sector del transporte de pasajeros, uno de los aspectos más relevantes del nombramiento aparece en la trayectoria previa del nuevo gerente general.

Antes de ingresar a Volkswagen, Princich se desempeñó como gerente de Buses para Argentina y Latinoamérica en Iveco, desde donde estuvo involucrado en el desarrollo y la gestión comercial del negocio de colectivos de la compañía en la región.

Ese antecedente lo convierte en un ejecutivo con conocimiento directo de un mercado que atraviesa una transformación importante.

Renovación de flotas, nuevas tecnologías de propulsión, cambios en el financiamiento del transporte público, mayores exigencias ambientales y una creciente competencia entre fabricantes están modificando las decisiones de compra de empresas privadas y organismos públicos.

La experiencia específica de Princich en buses aparece, por lo tanto, como uno de los datos más interesantes de su llegada a Volkswagen.

Más de 20 años dentro de la industria

Princich es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Buenos Aires y posee un MBA de la Universidad Torcuato Di Tella.

Según informó Volkswagen, acumula más de 20 años de experiencia en Argentina y Latinoamérica, con responsabilidades en áreas de Producto, Ventas, Marketing y Postventa.

Durante su carrera también lideró equipos y proyectos vinculados específicamente con los segmentos de camiones y buses, con foco en transformación comercial, desarrollo de negocios y relación con clientes y redes de concesionarios.

Ese recorrido combina, en consecuencia, conocimiento técnico del producto con experiencia comercial.

El desafío de hacer crecer Volkswagen Buses

El comunicado oficial de Volkswagen no anticipó cambios específicos en el portafolio de buses argentino.

Sin embargo, la incorporación de un ejecutivo proveniente precisamente del negocio regional de colectivos abre interrogantes sobre qué lugar ocupará el segmento de pasajeros dentro de la estrategia local de la marca durante los próximos años.

Volkswagen Camiones y Buses forma parte de un mercado regional en el que las decisiones ya no pasan exclusivamente por los tradicionales chasis diésel.

La discusión empieza a incorporar alternativas como GNC, electrificación, combustibles de menor impacto ambiental, nuevas configuraciones urbanas y soluciones adaptadas a operaciones específicas.

Para las terminales, esto implica decidir qué productos ofrecer localmente y qué tecnologías desarrolladas en otros mercados podrían incorporarse a la Argentina.

Un mercado que empieza a abrir nuevas oportunidades

La llegada de Princich coincide además con un momento de expansión de la estrategia comercial de Volkswagen Camiones y Buses.

Pocos días antes del anuncio de su designación, la compañía confirmó que ampliará su portafolio argentino mediante la incorporación de un utilitario, lo que marcará su ingreso a un nuevo segmento.

Durante 2026, la división también reforzó su presencia en exposiciones vinculadas con transporte, agro y minería, mostrando distintas configuraciones de sus camiones para actividades productivas.

La estrategia evidencia una búsqueda de crecimiento más allá de los nichos tradicionales.

La incógnita ahora es si esa misma ofensiva tendrá un capítulo específico para los buses.

GNC, eléctricos e importaciones: las preguntas que aparecen

El nombramiento también llega en un momento particularmente interesante para entrevistar a la marca sobre su estrategia futura.

En el mercado argentino del transporte de pasajeros existen varias preguntas abiertas.

Una de ellas es qué papel podría ocupar Volkswagen en el crecimiento de los colectivos a GNC, una tecnología que durante los últimos años comenzó a ganar participación en algunas flotas urbanas.

Otra es la electrificación.

Brasil y otros mercados internacionales están acelerando la incorporación de buses eléctricos y desarrollando nuevos productos para el transporte urbano. La posibilidad de que esas tecnologías lleguen a la Argentina dependerá de costos, infraestructura, volumen de mercado y decisiones comerciales.

También aparece la cuestión de las importaciones.

La apertura de nuevos productos provenientes de Brasil u otros mercados podría ampliar las configuraciones disponibles para operadores urbanos, interurbanos y servicios privados.

El rol de la red de concesionarios

Uno de los objetivos expresamente asignados a Princich será fortalecer la red comercial.

En el segmento pesado, la venta inicial es apenas una parte del negocio.

Disponibilidad de repuestos, capacidad de taller, cobertura territorial, contratos de mantenimiento y tiempos de inmovilización son variables decisivas para una empresa que opera colectivos diariamente.

Por eso, la expansión de la red de concesionarios puede convertirse en un elemento central si Volkswagen busca incrementar su presencia en flotas de pasajeros.

La experiencia previa de Princich en áreas de postventa aparece también alineada con ese desafío.

Una nueva etapa después de Federico Ojanguren

Princich reemplaza en la conducción a Federico Ojanguren.

Al anunciar el cambio, Volkswagen agradeció públicamente la gestión del ejecutivo saliente y destacó su aporte durante su trayectoria dentro de Volkswagen Group Argentina.

Martín Massimino señaló que la experiencia y el conocimiento del negocio del nuevo gerente serán claves para continuar fortaleciendo el posicionamiento de la división en el país.

Con el cambio de conducción ya concretado, comenzará ahora una etapa en la que el mercado observará cuáles serán las primeras decisiones comerciales.

Para el universo de los colectivos, la pregunta es particularmente concreta:

¿Volkswagen buscará aprovechar la experiencia de su nuevo gerente general para reforzar su presencia en el mercado argentino de buses?

GNC, electrificación, nuevos chasis, importaciones, posventa y futuras licitaciones aparecen entre los temas que podrían definir esa respuesta durante los próximos años.

¿Cuánto de un motor de colectivo puede volver a utilizarse? La economía circular detrás de Mercedes-Benz REMAN

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¿Qué ocurre con el motor de un colectivo cuando llega al final de su primera vida útil?

Una posibilidad es reemplazarlo por uno completamente nuevo.

Otra es desarmarlo pieza por pieza, analizar qué componentes todavía sirven, recuperar aquellos que pueden volver a utilizarse, reemplazar los que ya no cumplen las especificaciones y reconstruir el conjunto bajo parámetros industriales.

Ese segundo camino es el que Mercedes-Benz desarrolla en Argentina mediante REMAN, su programa de remanufactura para componentes de camiones y buses.

El sistema volvió a quedar en primer plano después de que Mercedes-Benz Camiones y Buses completara una nueva auditoría de recertificación bajo la norma ISO 14001, realizada por TÜV Rheinland.

Qué certificó Mercedes-Benz

La ISO 14001 no certifica que un determinado colectivo o motor sea «ecológico».

Lo que evalúa es el Sistema de Gestión Ambiental utilizado por una organización para administrar y mejorar el impacto de sus actividades.

En el caso argentino, el alcance de la recertificación es amplio.

Comprende la producción de camiones y chasis de buses, la remanufactura de motores, cajas de velocidades y otros conjuntos de camiones y colectivos, las operaciones del Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, las actividades administrativas de Casa Central y el Centro de Capacitación de la Red de Concesionarios.

Es decir que REMAN no aparece como un proyecto aislado de sustentabilidad: forma parte de las operaciones comprendidas dentro del sistema ambiental auditado.

Hasta el 55% de un motor puede recuperarse

La cifra permite dimensionar qué significa realmente remanufacturar.

Mercedes-Benz informó previamente que, dentro de su operación local, en un motor puede recuperarse hasta el 55% de sus piezas. En una caja de velocidades, la proporción puede alcanzar el 65%.

El resto no se conserva automáticamente. Cada componente debe superar controles para determinar si está en condiciones de volver al servicio. Las piezas desgastadas o fuera de especificación se sustituyen y el conjunto vuelve a armarse según los parámetros técnicos establecidos por el fabricante.

Es justamente esa diferencia la que separa a una pieza simplemente reparada de una remanufacturada industrialmente.

El motor vuelve a empezar

El proceso comienza cuando un componente usado o deteriorado llega desde la red de concesionarios y talleres oficiales.

El motor, la transmisión o el conjunto correspondiente se desarma completamente. Luego cada componente atraviesa etapas de limpieza, medición y evaluación.

Las piezas que todavía cumplen con las especificaciones pueden reacondicionarse y reutilizarse. Las que presentan desgaste excesivo, deformaciones, fisuras u otros problemas son descartadas y reemplazadas.

Después comienza nuevamente el armado. Finalmente, el conjunto terminado pasa por pruebas y controles antes de regresar al mercado.

Mercedes-Benz sostiene que los componentes REMAN se verifican bajo estándares equivalentes a los utilizados para las piezas nuevas y cuentan con respaldo de la marca.

De residuo a repuesto

El concepto detrás del sistema es la economía circular.

En un modelo industrial tradicional, una pieza cumple su vida útil, se descarta y es reemplazada por otra fabricada desde cero.

La remanufactura busca interrumpir esa secuencia. En lugar de desechar todo el conjunto, conserva el valor industrial que todavía existe dentro de él.

Una carcasa, un engranaje, un block u otros componentes cuya vida útil todavía puede extenderse no necesitan necesariamente volver a producirse desde la materia prima.

Eso significa reducir simultáneamente residuos, demanda de materiales y energía utilizada para fabricar componentes nuevos.

Mercedes-Benz señala que, considerando su proceso global de remanufactura, hasta el 99% de las piezas desmontadas puede reutilizarse o enviarse posteriormente a reciclaje, aunque esa cifra incluye ambos destinos y no significa que el 99% vuelva a integrar el mismo conjunto.

¿Cuánta energía puede ahorrarse?

Mercedes-Benz cuenta además con evaluaciones realizadas sobre algunos de sus componentes comerciales que permiten ponerle números al impacto.

Para un motor diésel OM 906, la compañía informa que la remanufactura puede evitar aproximadamente 527 kilos de CO₂ y ahorrar unos 7.248 megajoules de energía, equivalentes a alrededor de 2.013 kWh, respecto de producir un componente nuevo.

En el caso de determinadas transmisiones pesadas, evaluaciones históricas de ciclo de vida de la compañía encontraron reducciones todavía mayores en diferentes indicadores ambientales.

No todos los motores o cajas consiguen necesariamente esos mismos resultados: el ahorro depende del componente, su estado y el proceso industrial utilizado.

Pero el ejemplo permite comprender por qué la remanufactura comenzó a ocupar un lugar propio dentro de las estrategias ambientales de los fabricantes.

Más de 9.000 piezas ya volvieron al servicio en Argentina

REMAN funciona en Argentina desde 2017.

En agosto de 2025, Mercedes-Benz anunció que había superado las 9.000 piezas remanufacturadas entregadas para camiones y colectivos desde la puesta en marcha del programa.

El portfolio comprende componentes de alto valor, entre ellos motores de cuatro y seis cilindros, cajas de velocidades mecánicas y automatizadas y tapas de cilindros.

Mercedes-Benz Camiones y Buses celebra las 10.000 piezas REMAN entregadas

Para una empresa de colectivos, ese tipo de piezas tiene una importancia particular.

Un motor o una transmisión representan conjuntos costosos y su falla puede dejar una unidad fuera de servicio durante varios días.

Por eso, la ecuación ambiental se combina directamente con otra económica.

Hasta 50% menos que una pieza nueva

Según Mercedes-Benz Argentina, una pieza REMAN puede tener un precio hasta 50% inferior al de una pieza nueva, dependiendo del componente.

El beneficio no aparece solamente en el precio. Al disponer de conjuntos ya remanufacturados, una empresa puede reemplazar directamente el componente averiado en lugar de mantener durante períodos prolongados una unidad inmovilizada mientras se reconstruye su propio motor o transmisión.

En transporte público, donde un colectivo detenido representa capacidad que desaparece de la calle, el tiempo también forma parte del costo.

La planta REMAN ahora está en Zárate

La actividad forma parte actualmente del nuevo Centro Industrial Zárate, inaugurado en mayo de 2026.

El complejo concentra la producción local de camiones Accelo y Atego, chasis de buses OH y OF, el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos y la operación REMAN.

La recertificación ISO 14001 alcanza precisamente a esta combinación de actividades industriales, logísticas y de remanufactura.

Eso permite observar la estrategia ambiental desde una perspectiva más amplia: no se trata únicamente de producir vehículos nuevos con mejores tecnologías, sino también de decidir qué ocurre con los componentes que ya llevan cientos de miles de kilómetros trabajando.

Un colectivo también puede tener varias vidas

La economía circular aplicada al transporte pesado cambia así una idea tradicional.

Cuando termina la vida útil de un motor, no necesariamente termina la vida de todas las piezas que lo integran.

Hasta el 55% de los componentes de un motor y hasta el 65% de los de una caja pueden ser recuperados en determinados procesos REMAN desarrollados por Mercedes-Benz en Argentina.

Lo que todavía está en condiciones de trabajar se conserva. Lo desgastado se reemplaza. Lo recuperable vuelve a utilizarse. Y aquello que ya no puede regresar al vehículo puede ingresar finalmente en los circuitos de reciclaje.

En una industria acostumbrada a medir la vida de los colectivos en kilómetros, aparece así otra forma de medirla: cuántas veces pueden volver a la ruta los materiales y componentes que ya fueron fabricados.

La licitación que volvería a quedar para el próximo intendente: cómo se sostiene el transporte cordobés

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La ciudad de Córdoba podría llegar al final de la actual gestión municipal sin resolver una de las discusiones estructurales más importantes de su transporte público: la nueva licitación de los corredores urbanos.

A comienzos de 2026, el Municipio había ubicado entre sus prioridades la aprobación de un nuevo marco regulatorio y, posteriormente, el llamado a licitación del sistema.

Sin embargo, ocho meses después, ese calendario quedó prácticamente desplazado.

La administración de Daniel Passerini optó por sostener el servicio mediante contratos precarios de un año, mientras exige a las actuales prestatarias inversiones y renovación de colectivos. La combinación de ambos factores hace prever que los operadores que actualmente circulan por la ciudad continúen durante buena parte de 2027.

Una licitación que estaba entre las prioridades de 2026

El objetivo anunciado a comienzos de año era diferente.

En enero, la Municipalidad planteaba que 2026 debía convertirse en un año de definiciones para el transporte.

El paso previo era aprobar el nuevo marco regulatorio de movilidad, un proyecto enviado al Concejo Deliberante durante 2025 que buscaba establecer las condiciones sobre las cuales luego se diseñaría una licitación integral.

Entre otros aspectos, la iniciativa contemplaba requisitos relacionados con antigüedad y equipamiento de las unidades, categorías de servicios y mecanismos de revisión tarifaria.

La intención era utilizar ese nuevo marco como base jurídica y técnica para abandonar definitivamente las soluciones transitorias.

Pero ese debate perdió impulso y el proyecto no avanzó al ritmo originalmente previsto.

Contratos de un año para mantener funcionando el sistema

Ante la necesidad de garantizar la continuidad del servicio, el Municipio tomó otro camino.

En febrero aprobó propuestas de diferentes operadores mediante contratos precarios por un año, un esquema que funcionó en la práctica como una solución transitoria mientras seguía pendiente la reorganización definitiva.

Coniferal y SíBus estuvieron entre las primeras empresas en recibir esas asignaciones.

El requisito principal fue que las compañías asumieran compromisos concretos de inversión y que los colectivos utilizados no superaran determinados límites de antigüedad.

El objetivo inmediato era asegurar unidades disponibles, mejorar la regularidad y reducir la dependencia de vehículos alquilados.

Pero esa solución temporal terminó ganando peso.

La crisis de FAM aceleró la reorganización

El panorama se volvió todavía más complejo durante marzo.

La salida del grupo FAM obligó a la Municipalidad a reorganizar rápidamente distintos corredores y redistribuir servicios entre otros operadores.

Posteriormente, el esquema quedó dividido principalmente entre Coniferal, Tamsau, SíBus y SolBus.

Coniferal quedó a cargo de los corredores 1, 4 y 6, además de otras líneas; Tamsau continuó operando el corredor 2, trolebuses y servicios anulares; SíBus tomó los corredores 3, 5 y 8; y SolBus quedó al frente del corredor 7.

Esta nueva organización volvió a poner el foco en una necesidad inmediata: disponer de colectivos y operadores capaces de sostener diariamente el sistema.

La discusión sobre el modelo de largo plazo pasó, una vez más, a segundo plano.

Las inversiones condicionan el calendario

La situación actual tiene una particularidad.

Las empresas que recibieron los contratos precarios debieron realizar inversiones para incorporar unidades y sostener los recorridos.

Eso genera ahora una expectativa de continuidad.

Según información publicada por la prensa cordobesa, aunque las renovaciones todavía deben formalizarse administrativamente, en el Municipio se da por probable que las actuales prestatarias continúen operando durante 2027 debido justamente a esas inversiones realizadas.

Si esa previsión se confirma, organizar paralelamente una licitación integral durante la actual gestión resulta cada vez menos probable.

Una concesión vencida y soluciones transitorias

El problema viene de varios años atrás.

Las concesiones originales del sistema, adjudicadas en 2014, ya se encuentran vencidas.

Desde entonces, la Municipalidad fue utilizando distintos mecanismos para mantener en funcionamiento los corredores mientras intentaba definir una reorganización más profunda.

Por eso, la discusión no gira únicamente alrededor de quién opera cada línea.

Una licitación integral debería determinar aspectos fundamentales para los próximos años:

qué empresas prestarán el servicio, durante cuánto tiempo, con qué flota, qué frecuencias deberán garantizar, cómo se distribuirán los corredores y qué inversiones tendrán que realizar.

También debería establecer un marco estable para uno de los sistemas urbanos de colectivos más grandes del país.

El marco regulatorio sigue pendiente

La otra pieza imprescindible todavía no terminó de resolverse.

El nuevo marco regulatorio había sido presentado como condición previa para avanzar con una licitación definitiva.

Sin embargo, el tratamiento legislativo perdió impulso y quedó fuera de la agenda inmediata, una demora que distintos sectores opositores vienen cuestionando.

Sin esa herramienta aprobada, lanzar un proceso licitatorio de largo plazo resulta mucho más complejo.

El riesgo es que la administración siga prorrogando soluciones diseñadas originalmente para ser temporales.

Las críticas de la oposición

La decisión de sostener los contratos existentes ya produjo cuestionamientos políticos.

Juan Negri, vocal por la minoría en el Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba, cuestionó públicamente que la Municipalidad no avance con una nueva licitación.

Para la oposición, mantener los actuales esquemas posterga la oportunidad de discutir nuevamente costos, frecuencias, recorridos, tecnologías y calidad del servicio.

El planteo no se limita al transporte.

La Municipalidad también prorrogó los contratos correspondientes a la recolección de residuos, otro de los grandes servicios públicos de la capital cordobesa.

Eso abrió una discusión política más amplia sobre qué decisiones estructurales dejará resueltas la actual administración y cuáles pasarán directamente al próximo intendente.

Un sistema que también enfrenta presión financiera

La discusión institucional ocurre además en un contexto económico complicado.

El transporte urbano cordobés atravesó durante 2026 conflictos relacionados con el financiamiento y el pago de salarios.

En junio, por ejemplo, la Municipalidad debió adelantar fondos para que las prestatarias pudieran afrontar compromisos salariales y evitar una medida de fuerza.

El propio Passerini sostuvo al abrir las sesiones legislativas de 2026 que el Municipio había tenido que reestructurar su presupuesto tras la eliminación de subsidios nacionales y afirmó que, entre enero de 2024 y diciembre de 2025, Córdoba habría dejado de recibir alrededor de $107.000 millones en compensaciones.

Ese contexto ayuda a explicar por qué la prioridad inmediata terminó concentrándose en sostener operativamente el sistema.

La licitación que podría heredar el próximo intendente

Daniel Passerini finalizará su mandato en diciembre de 2027 y no podrá competir inmediatamente por otro período consecutivo, debido a que previamente fue viceintendente durante la gestión de Martín Llaryora.

Eso vuelve particularmente relevante el calendario.

Si durante 2027 se renuevan los contratos actuales y el marco regulatorio continúa pendiente, la próxima licitación integral podría terminar convirtiéndose en una tarea de la administración que asuma en diciembre de ese año.

No sería simplemente una postergación administrativa.

Significaría que otro gobierno deberá decidir la estructura futura de los corredores, las condiciones para las empresas, las características de la flota y las reglas económicas de uno de los principales sistemas de transporte urbano del interior argentino.

Mientras tanto, Córdoba seguirá funcionando bajo una fórmula conocida: contratos transitorios, inversiones negociadas con los operadores y ajustes sucesivos para garantizar que los colectivos continúen circulando.

La incógnita ya no es solamente cuándo llegará una nueva licitación.

La pregunta empieza a ser quién será el intendente que finalmente la concrete.

Mercedes-Benz Camiones y Buses celebra las 10.000 piezas REMAN entregadas

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a primera y única planta de remanufactura del país alcanzó un nuevo récord de producción. Ahora, el proceso opera desde el nuevo Centro Industrial Zárate, reafirmando el compromiso de la marca con la inversión nacional y la posventa integral.

Mercedes-Benz Camiones y Buses alcanzó un hito histórico en su estrategia de posventa en Argentina al entregar más de 10.000 piezas remanufacturadas desde el lanzamiento de REMAN en 2017. La cifra consolida el éxito de este negocio de economía circular pionera y única en el mercado local que permite reindustrializar componentes clave —como motores de 4 y 6 cilindros, cajas de velocidades mecánicas y automatizadas, y tapas de cilindros— para otorgarles una nueva vida útil de un camión o bus con los mismos estándares de calidad, durabilidad y respaldo que una pieza nueva.

«Alcanzar las 10.000 piezas remanufacturadas es un orgullo enorme que refleja la confianza continua de nuestros clientes en la mano de obra especializada y el respaldo de la marca», destacó Luciano Maiolino, gerente de Venta y Marketing de Posventa de Mercedes-Benz Camiones y Buses. «REMAN es una solución eficiente que permite acompañar a transportistas y conductores en cada kilómetro, garantizando la máxima disponibilidad operativa del vehículo a un costo optimizado».

La remanufactura representa una solución de economía circular altamente competitiva para el transporte. Para los clientes, el beneficio económico es inmediato: una pieza REMAN ofrece un costo de hasta un 50% menor en comparación con un componente nuevo. Asimismo, el impacto ambiental es positivo y directo, ya que el proceso logra recuperar hasta el 70% de las piezas originales, reduciendo sustancialmente el consumo de materias primas, energía y la generación de residuos. Todas las unidades son desarmadas, evaluadas, reindustrializadas y probadas bajo las certificaciones y exigencias globales de Daimler Truck.

Este nuevo récord coincide con un momento de profunda transformación para la compañía. A partir de un ciclo de inversiones de USD 110 millones en el país, las operaciones de REMAN ya se desarrollan en el nuevo Centro Industrial Zárate, instalaciones que permiten incrementar la capacidad operativa y de producción de componentes reindustrializados. Este avance acompaña la consolidación de la marca como líder del mercado en transporte de pasajeros y de cargas.

Visión 360°: cercanía en todo el territorio

Como bien de capital clave para la actividad económica, un camión o bus debe maximizar su disponibilidad y rendimiento. En este sentido, la empresa acompaña ese desafío con productos confiables, tecnología de vanguardia y una propuesta de posventa inteligente respaldada por una red de concesionarios presente en 44 puntos de atención a lo largo del país. Con presencia federal, personal especializado y una extensa trayectoria en el sector, la red constituye un diferencial clave para acompañar a los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de sus vehículos.

Campana: A casi tres semanas de la apertura prevista, todavía no se conocen oficialmente los oferentes de la licitación de colectivos

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La Municipalidad fijó el 18 de septiembre como fecha de apertura de propuestas de la Licitación Pública 13/2026, destinada a reorganizar el transporte urbano de pasajeros durante los próximos diez años. Sin embargo, al 6 de octubre todavía no aparece publicada oficialmente la adjudicación ni pudo verificarse quiénes presentaron ofertas. El proceso resulta clave para una ciudad que lleva años funcionando bajo un esquema de emergencia, convenios transitorios y hasta asistencia municipal con combustible para sostener algunos recorridos.

Campana puso en marcha uno de los procesos más importantes de los últimos años para su sistema de transporte público, pero todavía quedan varias preguntas centrales sin respuesta pública.

La Licitación Pública Nº 13/2026, convocada mediante el Decreto 769/2026, tenía previsto recibir las ofertas hasta las 10 del pasado 18 de septiembre, mientras que la apertura debía realizarse una hora más tarde, a las 11, en dependencias municipales.

El llamado tiene como objetivo contratar el Servicio de Transporte Público de Pasajeros del Partido de Campana y no se trata de un acuerdo transitorio: la Ordenanza 7826 autorizó al Departamento Ejecutivo a licitar la prestación por un plazo de diez años desde la adjudicación, con posibilidad de prórroga previo acuerdo entre las partes.

Sin embargo, a casi tres semanas de aquella fecha, todavía no pudo verificarse públicamente qué empresas participaron del procedimiento.

Tampoco aparece, hasta el momento, una resolución oficial de adjudicación vinculada al expediente 4016-14972/2026 en los registros públicos consultados del Sistema de Boletines Oficiales Municipales.

Esto no implica necesariamente que la apertura no se haya realizado o que no existan oferentes. El proceso puede encontrarse en etapa de análisis administrativo, técnico o económico antes de que se publique una decisión definitiva.

Pero el dato resulta relevante: uno de los principales interrogantes que planteaba la licitación era precisamente conocer cuánta competencia empresarial lograría generar Campana y qué compañías estarían dispuestas a hacerse cargo de su sistema urbano durante la próxima década.

Una concesión por diez años

La duración prevista convierte al procedimiento en algo mucho más trascendente que una simple renovación temporal.

La Ordenanza 7826/2026 autorizó expresamente la contratación del servicio por diez años, contados desde la adjudicación, y con opción de prórroga.

La norma señala que el objetivo es asegurar la continuidad, regularidad y cobertura de los recorridos que conforman la red de transporte urbano del Partido de Campana.

Eso significa que las decisiones que se adopten en esta licitación pueden definir buena parte de la movilidad cotidiana de Campana durante la próxima década.

Flota, frecuencias, recorridos, inversiones, tecnología, accesibilidad y estructura económica del servicio deberían quedar condicionados por el nuevo esquema contractual.

Y precisamente por eso resulta importante conocer quiénes participaron de la licitación y cuáles son las propuestas presentadas.

Un sistema que lleva años en emergencia

El llamado tampoco se produce sobre un sistema de transporte funcionando bajo concesiones normales y estables.

Campana mantiene desde hace años un Estado de Emergencia en la Prestación del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, prorrogado sucesivamente mediante distintas ordenanzas.

En mayo, la Ordenanza 7818 volvió a extender ese esquema hasta el 30 de abril de 2027, aunque estableció que la emergencia finalizará antes si se produce la adjudicación de la nueva licitación y comienza efectivamente la prestación del servicio.

La misma norma autorizó al Departamento Ejecutivo a mantener convenios con Micro Ómnibus Tigre S.A., Cooperativa de Trabajo 6 de Julio Ltda. y Cooperativa de Trabajo 3 de Julio Ltda., además de otras compañías que eventualmente presten servicios dentro de la jurisdicción.

Ese contexto permite dimensionar la importancia de la Licitación 13/2026.

No se trata únicamente de seleccionar una empresa para reemplazar a otra.

El objetivo de fondo debería ser abandonar una estructura sostenida durante años mediante sucesivas prórrogas y avanzar hacia un sistema con reglas, inversiones y obligaciones definidas para el largo plazo.

La incógnita sobre los actuales operadores

Cuando se anunció la licitación, una de las preguntas principales era determinar si los operadores que actualmente participan del transporte de Campana iban a presentarse.

Entre ellos aparecen Micro Ómnibus Tigre y las cooperativas 6 de Julio y 3 de Julio.

Hasta el momento, la documentación pública localizada no permite confirmar que alguna de estas compañías haya presentado una propuesta en la Licitación 13/2026.

Tampoco permite saber si ingresaron nuevos grupos empresarios interesados en desembarcar en Campana.

Ese dato será central.

Una licitación con varios oferentes permite al Municipio comparar proyectos operativos, estructuras de costos, planes de renovación de flota, inversiones y condiciones económicas.

Con un único interesado, en cambio, el margen de comparación se reduce considerablemente.

Los pliegos, además, tuvieron un valor de $5 millones y estuvieron disponibles para su adquisición entre el 10 y el 16 de septiembre.

El Municipio había fijado finalmente el 18 de septiembre como día para conocer las propuestas.

Los $300 millones que aparecen en el expediente

Dentro de la documentación administrativa del llamado también aparece una Solicitud de Gasto por $300 millones.

Ese monto no debe confundirse con el valor total de la futura concesión.

No significa que el contrato de diez años valga $300 millones ni que esa suma vaya directamente al futuro adjudicatario.

Se trata de una previsión incorporada al procedimiento administrativo.

El verdadero esquema económico dependerá de cómo hayan sido estructurados los pliegos, las condiciones de explotación, los ingresos tarifarios, los subsidios que eventualmente correspondan y las propuestas presentadas por las empresas.

El antecedente más delicado: 8.400 litros de gasoil por mes

Mientras avanzaba el proceso licitatorio, el Municipio tuvo que intervenir directamente para evitar que uno de los servicios actuales dejara de funcionar.

En julio, mediante el Decreto 618/2026, Campana otorgó a la Cooperativa 3 de Julio un subsidio extraordinario en especie consistente en 8.400 litros de gasoil mensuales.

La medida surgió después de que la cooperativa comunicara que, sin algún tipo de asistencia, no podría continuar prestando el servicio.

El beneficio fue otorgado retroactivamente desde mayo y estaba previsto hasta el 30 de septiembre de 2026 o hasta que resultara adjudicada la nueva licitación, lo que ocurriera primero.

El Municipio calculó que la asistencia correspondiente al período mayo-septiembre representaba $96.978.000.

El dato adquiere ahora una dimensión adicional.

El 30 de septiembre ya pasó y todavía no existe una adjudicación pública de la Licitación 13/2026 en los registros consultados.

Por eso, otro punto a seguir será determinar cómo continuará financiándose el servicio que recibía ese aporte de combustible o si el Municipio instrumentará una nueva asistencia mientras se completa el procedimiento licitatorio.

La licitación deberá resolver algo más que quién maneja los colectivos

El problema de Campana no parece limitarse a encontrar una empresa dispuesta a operar determinadas líneas.

El antecedente de la asistencia con combustible demuestra que existe también una discusión sobre la sustentabilidad económica del sistema.

Un nuevo contrato necesita establecer una ecuación que permita sostener colectivos, conductores, combustible, mantenimiento, seguros e inversiones durante varios años.

De lo contrario, una adjudicación formal podría terminar reproduciendo los mismos problemas económicos que llevaron a mantener el transporte mediante prórrogas y ayudas extraordinarias.

En otras palabras, el desafío no consiste solamente en adjudicar.

Consiste en diseñar un servicio que pueda mantenerse en el tiempo.

Flota, frecuencias y tecnología: las próximas preguntas

También quedará por conocer cuál será el nivel de exigencia que deberán cumplir los futuros operadores.

Entre los aspectos más importantes aparecen la cantidad mínima de colectivos, antigüedad de las unidades, frecuencias, accesibilidad, mantenimiento, limpieza, información al pasajero y mecanismos de control del servicio.

La incorporación de tecnología será otro punto central. Un contrato pensado para los próximos diez años difícilmente pueda limitarse solamente a exigir que los colectivos cumplan un recorrido.

El seguimiento mediante GPS, la información en tiempo real, el control automático de frecuencias y la posibilidad de que los pasajeros conozcan cuándo llegará una unidad son herramientas cada vez más habituales en sistemas urbanos.

También debería conocerse cómo se integrará la nueva operación con SUBE y qué mecanismos tendrá el Municipio para auditar que los servicios comprometidos efectivamente se cumplan.

¿Seguirán los mismos recorridos?

Otra incógnita importante es qué ocurrirá con la actual red de líneas.

El Decreto 769 habla de contratar el Servicio de Transporte Público de Pasajeros, mientras que la Ordenanza 7826 plantea garantizar la cobertura de los recorridos que integran la red urbana.

Pero todavía falta conocer públicamente cómo quedará organizado cada corredor dentro del esquema definitivo. Una licitación de esta magnitud podría utilizarse simplemente para mantener la red actual con nuevos contratos.

Pero también podría convertirse en una oportunidad para revisar recorridos, conexiones entre barrios, frecuencias y zonas con cobertura insuficiente.

En una ciudad que lleva años transitando un sistema de emergencia, la segunda alternativa permitiría transformar la licitación en una verdadera reorganización de la movilidad.

Abrir los sobres era apenas el comienzo

También es importante aclarar que la fecha del 18 de septiembre nunca significó que al día siguiente comenzarían a circular nuevos colectivos.

La apertura de ofertas constituye solamente una instancia dentro de un proceso más amplio.

Después deben analizarse los antecedentes administrativos de las empresas, sus propuestas técnicas y económicas, las garantías presentadas y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos.

Pueden existir pedidos de documentación adicional, observaciones y dictámenes antes de seleccionar una propuesta.

Luego debe producirse la adjudicación y, posteriormente, el inicio efectivo de la nueva prestación.

De hecho, la propia normativa municipal establece que el actual Estado de Emergencia terminará recién cuando exista adjudicación y comienzo real del servicio.

La próxima noticia será conocer quién quiere operar Campana

Por ahora, la Licitación Pública 13/2026 dejó atrás su fecha prevista de apertura pero mantiene abiertas varias de las preguntas más importantes.

¿Cuántas empresas presentaron ofertas? ¿Participaron los actuales operadores? ¿Hubo nuevos interesados? ¿Una sola compañía se presentó o existió competencia? ¿Cómo se distribuirán los recorridos? ¿Qué cantidad de colectivos se exigirá? ¿Cuándo comenzará la nueva concesión?

Y, especialmente, cómo resolverá Campana la sustentabilidad económica de un sistema que necesitó asistencia extraordinaria incluso mientras se preparaba la licitación.

La ciudad tiene autorización para entregar la operación por diez años. Eso convierte a la decisión que surja de este proceso en una de las más importantes para el transporte público local de los próximos años.

El 18 de septiembre debía ser el momento para comenzar a conocer a los interesados.

A partir de ahora, la verdadera novedad será otra: saber quiénes presentaron ofertas, cuál será elegido y qué sistema de colectivos propone Campana para dejar finalmente atrás años de emergencia y soluciones transitorias.

Fuente:

Decreto 769/2026 – Licitación Pública N° 13/2026 para la contratación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros

Andesmar se asoció con empresas sanjuaninas para competir por el transporte del megaproyecto minero Vicuña

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La compañía integra una Unión Transitoria de Empresas junto con Sotur, Cominsa y Mitre Bus. El grupo presentó una oferta para hacerse cargo del traslado de trabajadores del proyecto minero y apuesta a incorporar mano de obra y proveedores de Iglesia y Jáchal.

El transporte de pasajeros vuelve a mostrar su importancia estratégica fuera de los servicios regulares de corta y larga distancia. Andesmar se asoció con tres compañías sanjuaninas para competir por uno de los contratos vinculados al desarrollo del megaproyecto minero Vicuña.

La empresa mendocina conformó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto con Sotur, Cominsa y Mitre Bus, que presentó una propuesta para prestar el servicio de transporte del personal que trabajará en el proyecto.

La composición del grupo tiene una particularidad: las compañías sanjuaninas conservan la participación mayoritaria, mientras Andesmar aporta su escala operativa y experiencia en transporte de pasajeros, logística y servicios especiales.

El traslado de trabajadores es considerado una pieza crítica para las operaciones mineras, especialmente cuando se desarrollan en zonas alejadas, terrenos complejos y condiciones de alta montaña.

Micros preparados para operaciones exigentes

Las cuatro empresas cuentan con antecedentes vinculados al transporte de pasajeros y, en diferentes grados, con operaciones relacionadas con la actividad minera.

Sotur, originaria de Jáchal, posee más de dos décadas de trayectoria y dispone de vehículos preparados para el traslado de trabajadores, incluyendo buses 4×4 y unidades de larga distancia.

Cominsa tiene base operativa en Rodeo, departamento Iglesia, y ya desarrolla servicios vinculados con Vicuña y con empresas que trabajan en el corredor de acceso al proyecto.

Mitre Bus, por su parte, forma parte de un grupo empresario que reúne diferentes compañías de transporte sanjuaninas y cuenta con experiencia en corredores de la provincia.

Andesmar suma la infraestructura y el conocimiento acumulado por un grupo con más de seis décadas de actividad y operaciones de pasajeros, cargas y logística.

Prioridad para trabajadores de la zona

Uno de los ejes de la propuesta es la participación de las comunidades cercanas al proyecto.

La UTE informó que se avanzó en acuerdos vinculados con proveedores de Iglesia y Jáchal y anticipó que, en caso de resultar adjudicataria, buscará priorizar la contratación de trabajadores locales.

La decisión no es menor. Los grandes emprendimientos mineros generan una demanda considerable de servicios complementarios, entre ellos logística, alimentación, mantenimiento y transporte de personal.

En este último rubro pueden necesitarse numerosos micros, minibuses y vehículos especiales capaces de operar en caminos de montaña durante extensas jornadas.

Una licitación de gran escala

La propuesta encabezada por las compañías sanjuaninas no es la única presentada. Informaciones difundidas en San Juan señalan que existe otra UTE competidora integrada por PAP, Dream —la división minera de 20 de Junio— y Autotransporte San Juan.

Medios provinciales estiman que el contrato en disputa ronda los US$60 millones y tendría una duración aproximada de 36 meses, aunque las condiciones definitivas dependerán del proceso de evaluación y adjudicación.

Más allá del resultado, la licitación muestra una faceta cada vez más relevante para las empresas de colectivos y ómnibus: el transporte corporativo y minero aparece como un mercado de gran escala, con exigencias técnicas y operativas muy diferentes a las de los servicios regulares de pasajeros.

Crece el rechazo al posible cese de las líneas 136 y 163: municipios y cámaras empresarias cuestionan el proyecto

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La consulta pública impulsada por la Secretaría de Transporte terminó con 557 participaciones. Gobiernos locales, vecinos y entidades del sector advirtieron por el impacto que una eventual reorganización podría tener sobre los pasajeros del oeste del AMBA. Por ahora, ambas líneas continúan funcionando.

El futuro de las líneas 136 y 163 continúa abierto luego del cierre de la consulta ciudadana convocada por la Secretaría de Transporte de la Nación para analizar el pedido presentado por Sargento Cabral S.A. de Transporte, empresa vinculada al Grupo Metropol.

La compañía solicitó dejar de explotar los actuales servicios nacionales de ambas líneas en el marco de una reorganización de la oferta de transporte del corredor oeste. Sin embargo, el planteo generó una fuerte reacción entre municipios, usuarios y entidades empresarias del sector.

La consulta finalizó con 557 participaciones. Aunque el procedimiento no tiene carácter vinculante, las opiniones incorporadas al expediente deberán ser consideradas antes de que Transporte adopte una resolución definitiva.

Uno de los municipios que formalizó su rechazo fue General Las Heras. Su intendente, Juan Manuel Cerezo, presentó ante las autoridades una nota acompañada por firmas de vecinos y concejales de distintos espacios políticos para solicitar la continuidad del servicio.

La preocupación se concentra especialmente en las consecuencias que una modificación podría generar para pasajeros que actualmente realizan viajes directos entre localidades del oeste bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Las cámaras de colectivos también objetaron el pedido

El cuestionamiento no provino solamente de los municipios. Representantes de CETUBA, CEAP, CTPBA y CEUTUPBA también plantearon objeciones y consideraron que no existirían todavía elementos suficientes para autorizar el cese de las actuales líneas.

Uno de los principales interrogantes es qué sucedería con los pasajeros si los servicios nacionales fueran reemplazados por prestaciones provinciales.

Una eventual transferencia hacia recorridos de jurisdicción bonaerense podría modificar no sólo las trazas y combinaciones disponibles, sino también el esquema tarifario.

La Línea 136 forma parte de uno de los corredores históricos del oeste metropolitano, mientras que la 163 conecta diferentes localidades del noroeste bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires.

El Grupo Metropol fundamentó su solicitud, entre otros factores, en una caída de aproximadamente el 30% en la cantidad de pasajeros transportados y en la superposición de algunos segmentos con otros servicios, especialmente con el Ferrocarril Sarmiento.

Todavía no hay una decisión definitiva

Pese a algunas versiones que circularon durante los últimos días, las líneas 136 y 163 no fueron eliminadas y continúan funcionando.

Con la consulta pública ya cerrada, comienza ahora la etapa administrativa en la que la Secretaría de Transporte deberá analizar los argumentos presentados por la empresa, los organismos públicos, las entidades del sector y los usuarios.

La definición será especialmente relevante para miles de pasajeros del oeste del AMBA: detrás de la discusión administrativa se encuentra en juego la posibilidad de conservar viajes directos, frecuencias, combinaciones y condiciones tarifarias que forman parte de la movilidad cotidiana de la región.

 

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La nueva unidad a GNC de la Línea 45 ya está en la terminal y se acerca su debut

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El Agrale MT17 GNV carrozado por Todo Bus que había sido presentado días atrás ya fue fotografiado dentro de las instalaciones de M.O. 45 S.A. Las imágenes marcan un nuevo paso antes de su incorporación al servicio regular entre Remedios de Escalada y Retiro.

La llegada del GNC a la Línea 45 está cada vez más cerca de convertirse en una realidad cotidiana para sus pasajeros. En las últimas horas comenzaron a circular nuevas fotografías de la unidad Agrale MT17 GNV con carrocería Todo Bus, esta vez ya ubicada dentro de la terminal de la empresa.

La imagen representa un nuevo capítulo de una incorporación que Revista Colectibondi viene siguiendo desde septiembre.

El 12 de septiembre se había conocido que la Línea 45 avanzaba con la incorporación de nuevos Todo Bus sobre chasis Agrale preparados para funcionar con Gas Natural Comprimido. Semanas después, el 30 de septiembre, aparecieron las primeras fotografías del vehículo completamente terminado y con los colores definitivos de la empresa.

Ahora, la presencia de la unidad dentro de las instalaciones de M.O. 45 S.A. muestra que el proceso continúa avanzando y que el colectivo ya se encuentra en manos de la operadora.

Del anuncio a la terminal

El nuevo vehículo está montado sobre un chasis Agrale MT17 GNV y cuenta con carrocería desarrollada por Todo Bus, una combinación que comenzó a ganar protagonismo durante los últimos meses dentro de las renovaciones de flota del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Cuando fue presentado terminado, el colectivo ya lucía el tradicional esquema verde y blanco de la Línea 45, las referencias a su recorrido entre Remedios de Escalada y Retiro y la identificación exterior que señala que se encuentra propulsado a GNC.

La diferencia es que aquellas primeras fotografías correspondían al vehículo recién finalizado. Las imágenes conocidas ahora lo muestran directamente en la terminal de la empresa, una postal que acerca todavía más su posible debut en servicio.

Cada vez más cerca de salir a la calle

La presencia del colectivo en la terminal suele abrir una última etapa antes de su incorporación efectiva: controles internos, preparación operativa, documentación, equipamiento y asignación dentro de la flota.

Por el momento, no trascendió una fecha oficial para su primera jornada prestando servicio, por lo que habrá que esperar para conocer cuándo realizará sus primeros viajes con pasajeros.

Tampoco se informó oficialmente cuál será la cantidad definitiva de vehículos a GNC que terminará incorporando M.O. 45 S.A. En el anuncio inicial se había anticipado la llegada de unidades con esta configuración, aunque sin precisar el volumen total ni el cronograma completo.

Lo concreto es que el primero ya está terminado y ahora también está en la terminal.

La Línea 45 se suma al avance del GNC

La incorporación se produce en un contexto en el que el GNC está ganando rápidamente presencia en el transporte urbano argentino.

Durante las últimas semanas se conocieron proyectos e incorporaciones de vehículos a gas en diferentes operadores del AMBA, con propuestas tanto de fabricantes tradicionales instalados en el país como de nuevas marcas que desembarcan con unidades completas importadas.

En ese escenario, la combinación de Agrale y Todo Bus comenzó a aparecer en diferentes líneas metropolitanas, mientras otros operadores avanzan con vehículos de fabricantes como King Long, Yutong y Scania.

Para la Línea 45, el nuevo colectivo supone además sumar por primera vez una alternativa de motorización diferente al esquema diésel predominante históricamente en su flota.

La próxima foto podría ser en servicio

En pocas semanas, la historia del nuevo colectivo de la Línea 45 pasó por tres etapas.

Primero apareció la noticia de que la empresa había elegido unidades Todo Bus sobre chasis Agrale a GNC. Después llegó la presentación del primer vehículo completamente terminado. Y ahora las nuevas imágenes lo muestran finalmente dentro de la terminal de la 45.

El próximo paso será el más esperado por pasajeros y aficionados: verlo salir del playón y comenzar a recorrer las calles entre Remedios de Escalada y Retiro.

Todo indica que falta cada vez menos.

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Chubut amplía la integración CUD–SUBE en 20 servicios provinciales y cuatro ciudades

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Las personas con Certificado Único de Discapacidad ya pueden optar por vincularlo directamente a una tarjeta SUBE registrada para utilizar la gratuidad en 20 servicios provinciales y en las redes urbanas de Comodoro Rivadavia, Esquel, Rawson y Trelew. La medida no crea un beneficio nuevo: Chubut ya aplicaba la gratuidad mediante SUBE desde 2024. Lo que cambia ahora es la integración con el sistema nacional, que permite utilizar la misma modalidad en otras jurisdicciones adheridas sin tener que presentar el certificado en cada viaje.

La diferencia puede parecer puramente tecnológica, pero modifica una situación cotidiana para muchas personas con discapacidad.

Hasta ahora, un usuario de Chubut podía tener aplicada en su SUBE la gratuidad provincial y utilizarla dentro del sistema local. Sin embargo, cuando viajaba fuera de ese ámbito podía necesitar recurrir nuevamente al Certificado Único de Discapacidad físico o digital para acreditar su derecho.

Desde septiembre, existe una alternativa: asociar el CUD directamente a una tarjeta SUBE registrada mediante la plataforma nacional.

De esta manera, el beneficio puede acompañar al pasajero allí donde esa modalidad ya se encuentre habilitada.

La vinculación es voluntaria, no tiene fecha límite y no reemplaza los mecanismos existentes. Quien no quiera realizarla puede continuar utilizando el sistema provincial como hasta ahora y presentar el CUD cuando corresponda fuera de Chubut.

La gratuidad ya existía desde 2024

Este punto resulta fundamental para interpretar correctamente la novedad.

Chubut no creó ahora la gratuidad para personas con discapacidad.

El Gobierno provincial recuerda que el beneficio asociado a SUBE se encuentra vigente desde 2024 mediante el Plan Integral de Movilidad Inclusiva.

Por lo tanto, no estamos frente a un nuevo derecho tarifario sino frente a una integración entre dos niveles de implementación de un mismo beneficio.

Por un lado está el atributo que Chubut ya aplicaba localmente.

Por otro, la posibilidad de cargar en el sistema nacional el número de CUD para que esa condición pueda ser reconocida automáticamente en otros servicios adheridos.

La diferencia es importante porque evita generar una falsa expectativa entre pasajeros que ya viajaban gratuitamente y podrían interpretar el anuncio como la aparición de un nuevo descuento.

Veinte servicios provinciales

SUBE detalló que la nueva modalidad está disponible en 20 servicios de jurisdicción provincial de Chubut. Entre ellos aparecen conexiones urbanas e interurbanas de distintas regiones de la provincia.

Los recorridos informados son:

  • Esquel–La Aldea, Trelew–Gaiman, Trelew–Puerto Madryn, Esquel–Trevelin, Trelew–Dolavon, Esquel–La Balsa, Trelew–28 de Julio, otro servicio Trelew–Gaiman, 28 de Julio–Dolavon, Trelew–Rawson, Trelew–28 de Julio, Puerto Madryn, Villa Futalaufquen, Lago Puelo–El Maitén, Paralelo 42–Cholila, Paralelo 42–El Hoyo, Paralelo 42–Epuyén, Rada Tilly–Comodoro Rivadavia, Rawson–Trelew y Trelew–Puerto Rawson.

A ellos se agregan las redes municipales de Comodoro Rivadavia, Esquel, Rawson y Trelew.

Esto significa que la integración no se limita a colectivos urbanos de una única ciudad: alcanza también a servicios que conectan localidades.

Cómo se vincula el CUD con la tarjeta

El procedimiento parte de un requisito básico: la SUBE debe estar registrada a nombre del titular.

Luego, el usuario debe ingresar a su cuenta SUBE, acceder a la sección de beneficios e introducir los 10 dígitos del Certificado Único de Discapacidad.

Después hay que activar el atributo.

SUBE ofrece tres posibilidades: mediante una Terminal Automática SUBE; utilizando la aplicación SUBE en un teléfono Android compatible con NFC; o directamente en un colectivo equipado con Atributo a Bordo, avisando previamente al conductor.

Una vez activado, el pasajero puede validar normalmente su viaje apoyando la tarjeta sobre la lectora.

Es, en definitiva, una transformación de algo que antes dependía de acreditar una condición ante una persona en un atributo reconocido electrónicamente por el sistema.

Qué pasa con el acompañante

La integración también contempla los casos en los que el CUD establece que la persona necesita acompañante.

En esas situaciones, el 100% de descuento correspondiente a ambos viajes queda asociado a la misma tarjeta SUBE.

El usuario debe avisar al conductor y apoyar la tarjeta dos veces: una para registrar su viaje y otra para el acompañante.

Este detalle es especialmente importante desde el punto de vista operativo.

El sistema no sólo debe reconocer que existe una gratuidad, sino también distinguir cuándo una misma tarjeta está habilitada para generar dos validaciones gratuitas dentro del mismo viaje.

De mostrar un certificado a validar un dato

Ahí aparece el verdadero cambio tecnológico.

En el mecanismo tradicional, el pasajero acredita su condición mostrando documentación.

El conductor debe observarla y habilitar el viaje según corresponda.

Con el CUD vinculado a SUBE, gran parte de ese proceso pasa a realizarse antes de subir al colectivo.

La información ya se encuentra incorporada al medio de pago y el validador reconoce el atributo al producirse la operación.

No cambia el derecho.

Cambia cómo el sistema sabe que ese pasajero tiene ese derecho.

Y eso puede reducir una serie de fricciones cotidianas: sacar documentación, mostrarla en cada viaje, explicar la situación frente al conductor o depender de que distintos operadores interpreten correctamente la misma acreditación.

También permite viajar en otras jurisdicciones

Para Chubut, probablemente esta sea la mayor diferencia respecto del esquema que funcionaba desde 2024.

El Gobierno provincial señala expresamente que quienes ya cuentan con el atributo local pueden asociar nuevamente el CUD mediante Mi SUBE para extender la modalidad a servicios adheridos fuera de la provincia.

El sistema nacional informa que esta forma de utilización también está habilitada, entre otros lugares, en colectivos nacionales y trenes del AMBA, el Tren de la Costa, el Tren del Valle en Neuquén y servicios municipales de distintas localidades de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, además de servicios provinciales de Chaco.

Esto acerca el beneficio a una lógica de portabilidad.

La condición del pasajero deja de estar asociada únicamente al sistema de transporte de su ciudad o provincia y puede ser reconocida por distintos validadores dentro de una red más amplia.

¿Es obligatorio hacer el trámite?

No.

SUBE lo destaca expresamente: asociar el CUD es opcional y no existe una fecha límite para hacerlo.

Tampoco se anunció que vaya a dejar de aceptarse de manera inmediata la documentación utilizada hasta ahora.

Quien prefiera no realizar la nueva vinculación puede continuar viajando gratuitamente en Chubut bajo el mecanismo provincial vigente y utilizar el CUD físico o digital en los otros sistemas donde corresponda.

Esta aclaración resulta particularmente relevante.

Una mejora tecnológica destinada a aumentar la accesibilidad perdería buena parte de su sentido si se transformara, al mismo tiempo, en un nuevo trámite obligatorio capaz de dejar afuera a quienes no lo realizaron.

El atributo local y el nacional no son exactamente lo mismo

El caso de Chubut también permite entender mejor una característica de SUBE que habitualmente queda escondida para el pasajero.

Una misma tarjeta puede utilizarse como soporte de beneficios creados por diferentes niveles del Estado.

Hay atributos nacionales.

Hay beneficios provinciales.

Hay otros municipales.

Y no todos tienen necesariamente el mismo alcance territorial.

Un municipio puede otorgar una gratuidad que sólo funciona sobre sus líneas.

Una provincia puede aplicar un beneficio dentro de su jurisdicción.

Y un atributo integrado a nivel nacional puede ser reconocido por diferentes sistemas adheridos.

Por eso, tener una SUBE con un beneficio aplicado en una ciudad no significa automáticamente que ese mismo atributo vaya a funcionar en cualquier colectivo del país.

La nueva vinculación del CUD intenta precisamente superar parte de esa fragmentación para este grupo específico de usuarios.

Una base común para sistemas diferentes

Desde el punto de vista del transporte, la posibilidad de integrar atributos tiene otra ventaja: estandarizar la forma en que se registra cada viaje bonificado.

Cada vez que una persona valida su SUBE queda registrada una operación.

Esto permite conocer cuántos viajes se realizan mediante el beneficio, dónde se producen y, dependiendo del esquema correspondiente, determinar qué compensaciones económicas deben aplicarse al operador.

La accesibilidad se conecta así con un aspecto menos visible: la administración financiera del transporte.

Un viaje gratuito para el pasajero continúa teniendo costos.

Hay combustible o electricidad.

Salarios.

Mantenimiento.

Neumáticos.

Repuestos.

Y amortización del vehículo.

La gratuidad determina quién no debe pagar el boleto al subir; no hace desaparecer esos costos.

Por eso, identificar correctamente las validaciones es también importante para que los organismos públicos puedan cuantificar y financiar los viajes realizados bajo cada beneficio.

Una mejora de accesibilidad que ocurre en el validador

En los últimos años, buena parte de las mejoras de accesibilidad en colectivos estuvo asociada a elementos visibles.

Piso bajo.

Rampas.

Espacios para sillas de ruedas.

Pictogramas.

Información sonora y visual.

Pero la integración CUD–SUBE muestra otra capa de accesibilidad: simplificar los procedimientos administrativos que una persona debe realizar cada vez que utiliza el transporte.

No tener que presentar el certificado reiteradamente puede parecer un cambio menor frente a una rampa o una unidad accesible.

Sin embargo, para quien realiza varios viajes diarios significa eliminar una acción que se repetía cada vez que subía a un vehículo.

Y cuando ese mismo atributo funciona en distintas jurisdicciones, también disminuye la necesidad de conocer de antemano reglas diferentes para cada ciudad.

La tecnología no crea el derecho, pero puede hacerlo más fácil de ejercer

Ese probablemente sea el punto central de la medida.

Desde 2024, Chubut ya reconocía e instrumentaba mediante SUBE la gratuidad para personas con discapacidad.

Lo anunciado el 2 de septiembre no vuelve gratuito un viaje que antes era pago.

Hace algo distinto: convierte un beneficio provincial ya existente en una condición que puede reconocerse de forma más amplia dentro del ecosistema nacional SUBE.

Por eso hay dos errores que conviene evitar.

El primero sería anunciar que “Chubut creó la gratuidad con CUD”.

No es así.

El segundo sería presentar la nueva vinculación como obligatoria.

Tampoco lo es.

La incorporación es voluntaria, no tiene vencimiento para realizarse y convive con los mecanismos anteriores.

Del papel al dato

El cambio puede resumirse con una escena cotidiana.

Antes, una persona podía subir al colectivo y demostrar frente al conductor que tenía derecho a viajar gratuitamente.

Ahora puede optar por hacer esa acreditación una vez, asociarla a su tarjeta y dejar que sea el sistema de validación el que reconozca la condición en cada viaje.

No reemplaza las políticas de accesibilidad física.

No agrega una nueva gratuidad.

No obliga a cambiar inmediatamente la forma de viajar.

Pero sí avanza hacia algo que será cada vez más importante a medida que los beneficios tarifarios se digitalicen: que los derechos del pasajero puedan acompañarlo entre líneas, ciudades y jurisdicciones sin tener que empezar el trámite nuevamente en cada una.

En Chubut, esa posibilidad ya alcanza a 20 servicios provinciales y a las redes municipales de Comodoro Rivadavia, Esquel, Rawson y Trelew.

Y la novedad no está en cuánto cuesta el boleto.

Está en conseguir que, para quien ya tiene reconocido el derecho a no pagarlo, el sistema pueda saberlo automáticamente cuando apoya la SUBE.

250 colectivos Yutong a GNC se preparan para llegar a Argentina

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La llegada de 250 colectivos Yutong ZK6126HG de 12 metros marca un nuevo hito para la marca en el mercado argentino y refuerza su presencia en el transporte urbano de Buenos Aires y Rosario.

Argentina, uno de los principales mercados de transporte urbano de América Latina, se prepara para recibir una importante partida de colectivos Yutong. Durante 2026, un total de 250 unidades Yutong ZK6126HG de 12 metros, propulsadas a GNC, serán enviadas al país, marcando un nuevo capítulo en el desarrollo de la marca en el mercado argentino.

En el marco del mayor pedido de Yutong realizado hasta la fecha en Argentina, las primeras 100 unidades ZK6126HG, destinadas a clientes del transporte urbano de la Ciudad de Buenos Aires, ya se encuentran listas para partir hacia Argentina.

Equipados con un motor Yuchai de 320 CV, Euro V y propulsado a GNC, estos colectivos cuentan con una configuración de tres puertas, transmisión automática planetaria ZF de seis velocidades, suspensión neumática ECAS y ejes Jingyida. Su configuración ha sido desarrollada para responder a las exigencias de la operación urbana, combinando eficiencia, confort y confiabilidad.

Yutong prepara nuevos colectivos a GNC de tres puertas para varias líneas de Buenos Aires

Se prevé que estas primeras 100 unidades comiencen a prestar servicio en los próximos meses en las líneas 34, 42, 59, 132, 152 y 180 de Buenos Aires, llevando por primera vez una importante cantidad de colectivos Yutong a nuevas rutas de la capital argentina.

Un segundo lote de 150 unidades rumbo a Argentina

Al mismo tiempo, un segundo pedido de 150 unidades ZK6126HG se encuentra próximo a ser enviado a Argentina. Las unidades fueron adquiridas por Rosario Bus y Azul S.A., y cuentan con una configuración técnica similar a la del primer lote de 100 colectivos.

El detalle de la foto que reveló los nuevos Yutong a GNC para la Línea 41

Con la llegada de estas 250 unidades, Yutong continúa ampliando su presencia en el mercado argentino y profundizando su colaboración con operadores locales.

Grupo Empresario Prieto lleva a sus clientes a conocer la planta insignia de Yutong

La incorporación de una nueva marca a una flota representa una decisión importante para cualquier empresa de transporte, que requiere confianza tanto en el producto como en el servicio y el respaldo a largo plazo.

Yutong: tecnología y compromiso con el transporte argentino

Este pedido de 250 colectivos es un reflejo de la estrategia de Yutong de profundizar su presencia en América Latina y de mantener las necesidades de sus clientes como eje central de su desarrollo.

Para Yutong, entrar en un mercado con una larga tradición en el transporte urbano como Argentina implica asumir el compromiso de demostrar su valor a través de cada unidad que entra en operación. En los próximos años, la marca continuará trabajando junto con sus clientes y socios locales, brindando productos de calidad, tecnología y un servicio sólido, con el objetivo de contribuir a la renovación y modernización del transporte urbano argentino.

Con estas 250 unidades, Yutong da un nuevo paso en Argentina y comienza a escribir una nueva historia junto a los colectivos que recorren las calles de este país.

Bariloche: Casi 9 de cada 10 viajes tuvieron descuento o gratuidad

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En junio, el transporte urbano de Bariloche registró 772.910 viajes, pero apenas el 10,78% se realizó pagando la tarifa plena. Más de la mitad utilizó algún tipo de descuento y otro 38% correspondió a gratuidades escolares o universitarias. Los datos muestran por qué mirar únicamente el valor publicado del boleto no alcanza para entender cuánto pagan realmente los pasajeros ni cómo se sostiene económicamente el sistema.

¿Cuánto cuesta viajar en colectivo en Bariloche? La respuesta parece sencilla: basta con mirar el cuadro tarifario. Pero los registros de SUBE muestran una realidad bastante más compleja.

Durante junio de 2026 se realizaron 772.910 viajes en el transporte urbano de la ciudad. De ese total, apenas el 10,78% se abonó con tarifa plena, mientras que el 51,14% utilizó algún beneficio con descuento y otro 38% correspondió a gratuidades escolares o universitarias.

En conjunto, eso significa que aproximadamente el 89,1% de todas las validaciones del mes se realizó pagando menos que la tarifa completa o directamente sin cargo para el pasajero.

Dicho de otra manera: de cada diez viajes realizados en los colectivos barilochenses durante junio, sólo uno pagó el precio pleno.

Apenas unos 83.000 viajes abonaron la tarifa completa

Si los porcentajes informados se aplican sobre las 772.910 validaciones registradas durante junio, la composición aproximada queda así:

  • 83.300 viajes con tarifa plena.
  • 395.300 viajes con algún descuento.
  • 293.700 viajes con gratuidad escolar o universitaria.

Las cifras son aproximadas porque los porcentajes publicados están redondeados, pero permiten visualizar la magnitud de cada grupo.

Es decir, alrededor de 689.000 viajes del mes no se realizaron pagando la tarifa completa.

Eso convierte al cuadro tarifario tradicional en apenas una parte de la explicación económica del sistema.

La tarifa publicada no es la tarifa promedio que paga el pasajero

Actualmente, la Municipalidad publica distintos valores según la condición del usuario y la sección recorrida. El sitio oficial informa, por ejemplo, una tarifa para residentes de $1.749,98, mientras que existen valores superiores para distintas secciones, aeropuerto y Cerro Catedral.

Sin embargo, saber esos precios no permite calcular cuánto dinero aporta efectivamente el pasajero promedio.

Para hacerlo habría que conocer: qué beneficio utilizó cada validación; cuánto pagó efectivamente cada categoría; qué proporción del valor restante fue compensada por Nación, Provincia o Municipio; y cuánto terminó ingresando finalmente al sistema por cada viaje.

La estadística de junio permite ver el primer paso: la inmensa mayoría de los pasajeros no utiliza una tarifa plena.

Y eso cambia completamente la lectura del precio del boleto.

Descuento no significa necesariamente gratuidad

Conviene separar dos grupos que suelen mezclarse. Por un lado están los viajes completamente gratuitos vinculados al esquema escolar y universitario local. Por otro, los pasajeros que pagan una tarifa reducida.

La Municipalidad de Bariloche enumera dentro de los beneficios existentes a jubilados y pensionados, personal de casas particulares, veteranos de Malvinas, titulares de asignaciones sociales, personas con discapacidad y otros usuarios alcanzados por la Tarifa Social Federal, además de beneficios locales para residentes.

En junio, este grupo de pasajeros con algún tipo de descuento representó más de la mitad de todos los viajes: 51,14%.

A esto se sumó el 38% correspondiente al boleto estudiantil gratuito.

Por eso el sistema no puede analizarse simplemente dividiendo cantidad de pasajeros por tarifa plena.

El calendario escolar cambia por completo la fotografía

La comparación con enero es especialmente reveladora.

En enero de 2026, en pleno período de vacaciones y con fuerte presencia turística, el 34,5% de los viajes se realizó pagando tarifa plena.

Los usuarios con descuento representaron el 58,53% y las gratuidades apenas el 6,93%.

Cinco meses después, la situación era muy distinta:

Tarifa plena
Enero: 34,5%
Junio: 10,78%

Con descuento
Enero: 58,53%
Junio: 51,14%

Gratuitos
Enero: 6,93%
Junio: 38%

El salto de la gratuidad es enorme y tiene una explicación central: en enero prácticamente no existe demanda escolar regular, mientras que junio es un mes de plena actividad educativa.

A esto se suma que enero tiene una composición de usuarios diferente por la temporada turística. El propio análisis de Río Negro señala que la proporción varía según el calendario escolar y la presencia de visitantes.

En enero había más de tres veces más viajes a tarifa plena

La diferencia también puede observarse en cantidades aproximadas.

En enero se registraron 885.838 viajes. Con un 34,5% pagando tarifa plena, eso representa alrededor de 305.600 validaciones completas. En junio hubo aproximadamente 83.300.

Es decir, aun teniendo en cuenta que junio registró menos viajes totales, la cantidad de pasajes abonados sin beneficios cayó muchísimo más que la demanda general.

Al mismo tiempo, las validaciones gratuitas pasaron de unas 61.400 en enero a cerca de 293.700 en junio.

No significa que cientos de miles de pasajeros hayan cambiado individualmente de categoría. Son viajes, no personas únicas.

Un mismo estudiante que utiliza dos colectivos por día y viaja durante veinte jornadas genera decenas de validaciones en un mes.

Esa precisión es fundamental para interpretar correctamente los números.

La gratuidad tiene un costo aunque el pasajero pague cero

Cuando un estudiante pasa la SUBE y el boleto aparece como gratuito, el viaje no se vuelve gratuitamente operable.

El colectivo sigue necesitando conductor. Consume combustible. Desgasta neumáticos. Necesita mantenimiento. Debe pagar seguros, repuestos y costos administrativos. Por eso, desde el punto de vista económico, una gratuidad no significa que el viaje carezca de costo.

Significa que ese costo no lo afronta directamente el pasajero en el momento de subir al colectivo.

La diferencia debe ser absorbida o compensada mediante los mecanismos públicos establecidos para cada beneficio.

Y cuando el 38% de los viajes de un mes pertenece a una categoría gratuita, esa estructura de compensaciones pasa a ser una pieza central de las finanzas del sistema.

Casi cuatro de cada diez viajes están vinculados a estudiantes

El 38% de junio también muestra otra característica del transporte de Bariloche.

El sistema urbano cumple una función educativa enorme.

Más de un tercio de las validaciones de ese mes estuvieron asociadas a gratuidades escolares y universitarias.

La Municipalidad informa que los alumnos de establecimientos primarios públicos viajan gratuitamente con guardapolvo y que existen beneficios específicos para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios mediante SUBE.

Esto significa que cualquier análisis sobre recorridos, frecuencias y horarios debería prestar especial atención a los movimientos vinculados con establecimientos educativos.

No se trata de un segmento marginal de la demanda.

En determinados meses constituye uno de los principales motivos por los que se utilizan los colectivos de la ciudad.

¿Cayó 12,75% el transporte durante el semestre?

Acá hay una precisión importante. Río Negro informó que junio registró 772.910 viajes frente a 885.838 en enero, una diferencia del 12,75%. Pero esa cifra no representa una caída interanual.

Tampoco permite afirmar que durante todo el primer semestre la demanda haya disminuido en una trayectoria continua del 12,75%.

Es simplemente la diferencia entre dos meses determinados: enero y junio. Y justamente esos meses tienen composiciones muy diferentes. Enero combina vacaciones escolares y temporada turística. Junio tiene actividad educativa plena y otra estructura de movilidad.

Por eso, para estudiar realmente si Bariloche está perdiendo pasajeros sería necesario comparar, por ejemplo, junio de 2026 contra junio de 2025, o analizar una serie mensual completa descontando estacionalidad.

Tampoco demuestra que los pasajeros se hayan ido a las aplicaciones

El artículo que difundió los datos menciona el avance de las aplicaciones de viajes dentro del contexto general de pérdida de pasajeros. Pero los números de SUBE por sí solos no permiten establecer una relación causal.

Para afirmar que una determinada cantidad de personas dejó el colectivo para utilizar aplicaciones sería necesario cruzar información adicional sobre viajes realizados en esas plataformas, patrones de movilidad, precios y encuestas a usuarios.

La caída entre enero y junio puede estar influenciada además por turismo, calendario educativo, estacionalidad, actividad económica y características propias de cada período.

Los datos disponibles muestran cuántos viajes hubo y qué tipo de tarifa utilizaron. No explican por sí solos por qué cada pasajero eligió viajar —o no viajar— en colectivo.

El verdadero ingreso por pasajero es otro dato

La composición de junio abre una pregunta particularmente interesante para cualquier análisis económico.

Si solamente el 10,78% paga la tarifa completa, ¿cuál es el ingreso promedio efectivo que recibe el sistema por cada validación?

No es necesariamente lo mismo que preguntar cuánto desembolsa el pasajero.

Un usuario puede pagar una tarifa subsidiada mientras el operador recibe posteriormente algún tipo de compensación.

Para reconstruir esa cifra habría que combinar: la cantidad de viajes de cada categoría; el precio pagado por el usuario; las compensaciones correspondientes; los atributos locales; y otros subsidios o aportes destinados al transporte.

Sólo entonces podría calcularse el verdadero ingreso medio por viaje.

Ese número probablemente resulte mucho más útil para comprender las finanzas del sistema que limitarse a observar cuánto marca el boleto en la cartelera.

Un dato clave justo antes de una nueva licitación

El análisis aparece además en un momento particularmente sensible para el transporte barilochense.

El contrato vigente con Mi Bus —Amancay SRL— vence el 1° de enero de 2027, y el Municipio prepara una nueva licitación, aunque los plazos administrativos podrían derivar en una extensión transitoria de la prestación actual.

La futura contratación tendrá que definir recorridos, frecuencias, flota y condiciones económicas. Y conocer quién utiliza el sistema y bajo qué tarifa será indispensable para construir esa ecuación.

Un pliego que proyecte ingresos suponiendo que todos los pasajeros pagan el boleto completo tendría poca relación con la realidad.

Los datos de junio muestran justamente lo contrario:

casi nueve de cada diez viajes tienen algún tipo de intervención tarifaria.

El boleto tiene varios precios al mismo tiempo

Bariloche ofrece así un buen ejemplo de por qué hablar de “el precio del colectivo” puede resultar engañosamente sencillo.

Existe una tarifa publicada. Existe una tarifa para residentes. Existen beneficios sociales. Existen gratuidades. Existen distintos valores según el recorrido. Y detrás de cada uno puede existir además un mecanismo diferente de compensación. Para un pasajero, el boleto puede valer cero. Para otro, una tarifa reducida. Para otro, el valor completo.

Pero para el sistema, todos esos viajes tienen un costo operativo.

En junio hubo 772.910 validaciones y apenas unas 83.000 habrían correspondido a la tarifa plena según los porcentajes difundidos. Ese dato cambia la pregunta. Ya no alcanza con saber cuánto cuesta el boleto de Bariloche.

Para entender realmente cómo funciona el transporte habrá que conocer quién paga cada viaje, cuánto paga y quién cubre la diferencia cuando el pasajero no abona la tarifa completa.

Porque el precio que aparece en la cartelera puede ser el más visible. Pero en junio fue el que pagó apenas uno de cada diez viajes.

La brecha tarifaria del AMBA ya supera el 56%: mismo territorio, tres boletos diferentes

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En septiembre, viajar la primera sección cuesta $742,81 en las líneas nacionales, $887,99 en las porteñas y $1.164,47 en las bonaerenses. Así, un pasajero de una línea provincial paga casi 57% más que quien utiliza un colectivo de jurisdicción nacional dentro de la misma región metropolitana.

El Área Metropolitana de Buenos Aires funciona diariamente como una única gran ciudad: millones de personas cruzan límites entre la Ciudad y el conurbano para trabajar, estudiar, hacer trámites o acceder a servicios. Sin embargo, al momento de subir al colectivo, esos límites administrativos se traducen en precios muy diferentes.

En septiembre de 2026, la tarifa mínima para un viaje de hasta tres kilómetros con SUBE registrada es de $742,81 en las líneas de jurisdicción nacional, $887,99 en las líneas que dependen de la Ciudad de Buenos Aires y $1.164,47 en los servicios provinciales bonaerenses.

La diferencia entre los extremos ya alcanza el 56,8%.

En términos simples, por una primera sección un usuario de una línea bonaerense desembolsa $421,66 más que un pasajero que utiliza una línea nacional.

Tres jurisdicciones, tres precios

La fragmentación responde a que, pese a formar parte del mismo sistema metropolitano de movilidad, los colectivos del AMBA se encuentran bajo distintas jurisdicciones.

Las líneas nacionales son aquellas que atraviesan más de una jurisdicción —por ejemplo, conectando la Ciudad con distintos partidos del conurbano—. Actualmente son 104 servicios bajo regulación nacional.

Por otro lado están las líneas cuyo recorrido se desarrolla íntegramente dentro de la Ciudad de Buenos Aires y aquellas que operan bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.

El resultado puede verse con claridad al comparar los boletos mínimos:

Líneas nacionales: $742,81

Líneas porteñas: $887,99

Líneas bonaerenses: $1.164,47

Entre las líneas porteñas y las nacionales existe actualmente una diferencia del 19,5%.

La distancia vuelve a ampliarse al cruzar la General Paz: el mínimo bonaerense se encuentra 31,1% por encima del porteño.

Y si se comparan directamente las líneas provinciales con las nacionales, la brecha llega al 56,8%.

Por qué se abrió la brecha

La diferencia no apareció de un día para otro. Es consecuencia de esquemas de actualización tarifaria diferentes que comenzaron a convivir dentro del AMBA.

Según el relevamiento, las tarifas de los colectivos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires vienen aplicando mecanismos de actualización mensual vinculados a la inflación. En ambos casos se utiliza como referencia el último índice disponible más un adicional del 2%.

En territorio bonaerense se incorporó además durante 2026 una variable relacionada con la evolución del costo del combustible, acordada con las cámaras empresarias del sector para acompañar los costos de operación y sostener las frecuencias.

Las líneas nacionales siguieron otra dinámica de actualización.

De acuerdo con TN, entre enero y septiembre las tarifas acumularon aumentos del 76,85% en la provincia de Buenos Aires, 46,61% en la Ciudad y 50,13% en las líneas nacionales.

Esa evolución desigual explica por qué colectivos que circulan muchas veces por las mismas avenidas, comparten paradas o realizan recorridos similares pueden cobrar valores sustancialmente diferentes.

La diferencia aumenta en los recorridos más largos

La brecha no se limita al boleto mínimo.

Para viajes de entre tres y seis kilómetros, las tarifas oficiales vigentes son de $861,66 en las líneas nacionales, $986,70 en las porteñas y $1.310,02 en las bonaerenses.

Entre seis y doce kilómetros, los valores pasan a $1.002,80, $1.062,70 y $1.455,58, respectivamente.

En los viajes de entre 12 y 27 kilómetros, el boleto alcanza $1.151,36 en las nacionales, $1.138,77 en las porteñas y $1.746,70 en las bonaerenses.

Para recorridos superiores a 27 kilómetros, las líneas nacionales cobran $1.337,06, mientras que en los servicios bonaerenses el valor asciende a $2.053,54.

El AMBA, cada vez más fragmentado

La diferencia tarifaria expone una particularidad del transporte metropolitano: para el pasajero, el viaje puede formar parte de un mismo desplazamiento cotidiano, pero para el sistema existen distintas autoridades, mecanismos de subsidios, estructuras de costos y fórmulas de actualización.

Incluso los beneficios asociados a la integración del transporte no son exactamente iguales en toda la región.

Actualmente, RED SUBE permite descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% desde el tercero cuando las combinaciones se realizan dentro de las condiciones establecidas. El beneficio alcanza a trenes, colectivos nacionales, subtes, Premetro y colectivos porteños, aunque la integración presenta diferencias según la jurisdicción utilizada.

Así, la paradoja se vuelve cada vez más visible: un mismo pasajero puede recorrer una misma región, utilizar el mismo medio de transporte y pagar valores muy diferentes solamente por la jurisdicción de la línea que eligió.

En septiembre de 2026, esa distancia ya tiene un número concreto: 56,8% entre el boleto mínimo bonaerense y el nacional.

El AMBA continúa funcionando como una única región metropolitana para quienes la recorren todos los días. Para las tarifas de colectivo, en cambio, cada vez se parece más a tres sistemas diferentes.

 

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Fuentes:

Cuadros tarifarios oficiales SUBE

Secretaría de Transporte de la Nación

Córdoba renovó otra subestación que alimenta a sus trolebuses

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TAMSAU y EPEC finalizaron la renovación de la Subestación N.º 2, ubicada en la Plaza de las Infancias Cordobesas. La obra incluyó nuevo equipamiento de protección, transformación, medición y maniobra en media tensión, además del recambio de cables subterráneos. Es la segunda subestación modernizada dentro de un programa que apunta a renovar progresivamente la red eléctrica del sistema de trolebuses, inaugurado en 1989.

Cuando se habla de renovar un sistema de transporte eléctrico, la atención suele concentrarse en los vehículos.

Nuevos trolebuses. Baterías. Motores. Catenarias.

Pero para que una unidad pueda moverse existe detrás una infraestructura eléctrica mucho menos visible que resulta igual de importante.

Córdoba acaba de completar otra etapa de renovación de esa red: TAMSAU y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) finalizaron la modernización de la Subestación N.º 2, ubicada en la Plaza de las Infancias Cordobesas.

La intervención forma parte de un convenio entre ambas compañías destinado a reemplazar progresivamente las subestaciones que alimentan eléctricamente al histórico sistema de trolebuses de la capital provincial.

Y aunque desde la calle probablemente nada haya cambiado a simple vista, debajo y dentro de esas instalaciones se encuentra parte de la infraestructura que hace posible que los trolebuses continúen circulando.

Qué se renovó en la Subestación N.º 2

Según informó la Municipalidad de Córdoba, los trabajos comprendieron una remodelación de la instalación de media tensión correspondiente a los sistemas de protección, transformación, medición y maniobra.

El equipamiento existente fue reemplazado por tecnología más moderna y compacta, con el objetivo de mejorar las condiciones operativas y aumentar la confiabilidad de la alimentación eléctrica.

También hubo trabajos fuera de la propia cámara eléctrica.

La intervención incluyó excavaciones y recambio de cables subterráneos, además de tareas de poda sobre árboles próximos a la subestación. Todo el proceso se desarrolló bajo las normas de seguridad de EPEC para instalaciones de media tensión.

La obra, además, pudo ejecutarse sin interrumpir la operación habitual del sistema, según la información municipal.

Qué hace una subestación en un sistema de trolebuses

El trolebús cordobés recibe electricidad a través de una catenaria formada por dos cables aéreos, de los cuales las unidades toman energía mediante sus dos astas. El sistema funciona en la ciudad desde el 7 de mayo de 1989.

Pero esa electricidad no llega directamente desde la red general hasta los cables del trolebús sin una infraestructura intermedia.

Las subestaciones forman parte de esa cadena.

Allí se encuentran equipos destinados a recibir, transformar, proteger, medir y distribuir la energía necesaria para alimentar diferentes sectores de la red.

De manera simplificada, puede pensarse así:

red eléctrica → subestación → sistema de alimentación → catenaria → trolebús.

Por eso una falla en este punto puede tener consecuencias mucho mayores que un problema en una única unidad.

Un trolebús averiado afecta a ese vehículo.

Una falla importante en la alimentación eléctrica puede comprometer simultáneamente a parte de la red.

Cuando una subestación falla, los trolebuses pueden desaparecer de la calle

Córdoba ya tuvo una demostración concreta de esa dependencia.

En marzo de 2025, Colectibondi informó que TAMSE debió suspender temporalmente el servicio de las líneas A, B y C de trolebuses debido a una falla eléctrica en una subestación que abastecía el área céntrica.

Durante la interrupción, los recorridos tuvieron que ser cubiertos mediante colectivos convencionales.

No hay información que vincule aquel episodio específicamente con la Subestación N.º 2 renovada ahora.

Pero el antecedente permite comprender por qué modernizar esta infraestructura no es una obra secundaria.

La confiabilidad eléctrica es una parte directa de la confiabilidad del transporte.

Si falla la alimentación, tener los trolebuses disponibles en la cochera no alcanza.

La N.º 2 es la segunda renovación reciente

La intervención anunciada en septiembre continúa un proceso que había mostrado su primera gran etapa meses atrás.

En mayo quedó operativa la Subestación N.º 3, ubicada en barrio General Paz.

En aquella ocasión se realizó una remodelación integral de los sistemas de protección, transformación y medición y se reemplazaron instalaciones que formaban parte de la infraestructura original del sistema inaugurado en 1989.

La inversión informada para esa obra fue de $27.604.397.

Es importante separar ambos proyectos.

La Municipalidad no informó públicamente cuánto costó la renovación de la Subestación N.º 2.

Por lo tanto, los $27,6 millones difundidos anteriormente no corresponden a la obra finalizada ahora, sino exclusivamente a la Subestación N.º 3.

Una red de siete subestaciones

Cuando se anunció la renovación de la N.º 3, la Municipalidad explicó que el convenio contemplaba posteriormente la modernización de otras seis subestaciones que integraban la red de alimentación de los trolebuses.

Eso permite dimensionar el programa completo: el sistema dispone de siete instalaciones dentro de ese plan de renovación.

Con la N.º 3 y ahora la N.º 2 ya intervenidas, Córdoba avanzó sobre dos puntos de esa infraestructura.

Si el esquema originalmente anunciado se mantiene sin modificaciones, quedarían otras cinco por modernizar.

El comunicado más reciente confirma que el convenio continúa contemplando el reemplazo progresivo del resto de las subestaciones, aunque no detalla cuál será la próxima ni establece un calendario público de ejecución.

Infraestructura que puede tener casi cuatro décadas

Este punto agrega otra dimensión a la obra.

El sistema de trolebuses cordobés fue inaugurado en 1989, inicialmente con vehículos soviéticos ZiU y una infraestructura diseñada para aquella primera etapa de operación.

La Municipalidad confirmó expresamente que parte del equipamiento retirado de la Subestación N.º 3 pertenecía a aquella infraestructura original.

Eso significa que algunos componentes del sistema eléctrico estuvieron asociados durante décadas con una red que fue modificándose, reparándose y adaptándose mientras los vehículos también cambiaban.

Los ZiU soviéticos fueron acompañados posteriormente por unidades articuladas y, desde 2000, por trolebuses Norinco de fabricación china.

Pero detrás de esas distintas generaciones de vehículos continuó existiendo una infraestructura fija cuya renovación resulta mucho menos visible que el reemplazo de una flota.

Más compacta no significa simplemente más chica

La Municipalidad destaca que los nuevos equipos ocupan menos espacio.

A primera vista podría parecer una ventaja menor.

Pero la evolución de la tecnología eléctrica permite integrar en instalaciones más compactas funciones que anteriormente requerían equipamiento de mayor volumen.

Eso puede facilitar tareas de operación, mantenimiento y acceso dentro de instalaciones donde el espacio físico es limitado.

La comunicación oficial sostiene que la modernización mejora las condiciones operativas y la confiabilidad del suministro.

Sin embargo, hay una precisión necesaria.

No se publicaron indicadores que permitan medir todavía cuánto mejoró esa confiabilidad.

No hay datos oficiales sobre reducción porcentual de fallas, ahorro energético, disminución de interrupciones o variaciones en costos de mantenimiento.

Por ahora, esos beneficios forman parte de los objetivos técnicos declarados de la obra y deberán comprobarse mediante la operación futura.

Tampoco se informó ahorro energético

La palabra “eficiente” aparece en la descripción municipal del nuevo equipamiento.

Pero eficiencia puede referirse a distintos aspectos.

Puede significar mejor aprovechamiento del espacio, menor complejidad de operación, tecnología de transformación más moderna o menores pérdidas eléctricas.

El comunicado no publica mediciones comparativas entre la instalación anterior y la nueva.

Por eso no sería correcto afirmar, por ejemplo, que la renovación permitirá ahorrar una determinada cantidad de kilovatios-hora o reducir un porcentaje específico del consumo.

Lo confirmado es que se incorporó tecnología moderna y más compacta destinada a optimizar el funcionamiento eléctrico y fortalecer la confiabilidad del suministro.

La ventaja particular del trolebús

La infraestructura fija puede parecer una desventaja frente a un colectivo eléctrico a batería.

Un e-bus puede desplazarse sin depender permanentemente de cables aéreos.

El trolebús, en cambio, necesita una red de alimentación distribuida a lo largo de su recorrido.

Pero esa misma característica tiene una contrapartida.

Mientras está conectado, el vehículo obtiene la energía necesaria para circular directamente desde la infraestructura de la ciudad y no necesita depender exclusivamente de una enorme batería embarcada para completar toda su jornada.

En Córdoba, las dos astas mantienen el contacto con los cables de la catenaria y permiten que la red eléctrica forme parte permanente del sistema de propulsión.

En ese modelo, invertir en subestaciones no es únicamente mantener una instalación antigua.

Es renovar una de las partes fundamentales del sistema energético del vehículo.

La electromovilidad no empieza en el colectivo

La obra cordobesa resulta particularmente interesante en un momento en que numerosas ciudades discuten la incorporación de buses eléctricos.

Habitualmente el debate comienza por el vehículo.

Cuánto cuesta.

Cuánta batería tiene.

Qué autonomía alcanza.

Cuánto tarda en cargar.

Pero cuanto mayor sea la electrificación de una red, mayor importancia adquiere todo lo que existe detrás.

Subestaciones.

Transformadores.

Cableado.

Cargadores.

Catenarias.

Potencia disponible.

Protecciones.

Sistemas de control.

Una flota de vehículos eléctricos puede ser nueva y moderna, pero si la infraestructura que la abastece es insuficiente o poco confiable, la calidad del servicio seguirá estando condicionada.

Córdoba tiene una ventaja particular en ese terreno: posee desde hace 37 años una red de transporte eléctrico alimentada desde infraestructura fija.

Lo que está haciendo ahora es empezar a renovar parte de esa base.

Un sistema que también forma parte de la identidad cordobesa

Los trolebuses comenzaron a funcionar en Córdoba el 7 de mayo de 1989 y forman parte de uno de los pocos sistemas de este tipo que continúan operando en Argentina.

Además, desde sus comienzos tuvieron una característica singular: su conducción estuvo históricamente a cargo de mujeres.

Las líneas A, B y C se convirtieron con el paso de las décadas en parte habitual del paisaje urbano.

Pero esa continuidad también implica sostener instalaciones que envejecen.

Modernizar los vehículos sin renovar simultáneamente la red eléctrica terminaría dejando una parte central del sistema anclada tecnológicamente en otra época.

De la Subestación N.º 3 a la N.º 2

El plan empieza a mostrar una secuencia.

Primero fue la N.º 3 en barrio General Paz.

Ahora, la N.º 2 en la Plaza de las Infancias Cordobesas.

Las dos intervenciones comparten una misma lógica: reemplazar equipos eléctricos antiguos, incorporar soluciones más compactas y mejorar la capacidad operativa de la infraestructura que alimenta a los trolebuses.

Todavía queda por conocer cuándo comenzarán las siguientes renovaciones, cuánto costará completar toda la red y qué componentes de las restantes instalaciones pertenecen todavía a las primeras etapas del sistema.

Esos datos permitirían dimensionar realmente el tamaño del programa.

Lo que no se ve también mueve al colectivo

La modernización de la Subestación N.º 2 probablemente pase desapercibida para la mayoría de los pasajeros.

No incorpora un nuevo recorrido.

No cambia el diseño exterior de los trolebuses.

No agrega una pantalla dentro del vehículo.

Ni siquiera resulta especialmente visible desde la vereda.

Pero eso no la vuelve menos importante.

En marzo de 2025, una falla eléctrica fue suficiente para retirar temporalmente de circulación a las líneas de trolebuses y obligar a reemplazarlas por colectivos.

Ese antecedente resume por qué la infraestructura eléctrica merece tanta atención como los propios vehículos.

Córdoba está modernizando ahora una red que comenzó a construirse junto con el sistema en 1989.

Y en un momento en el que muchas ciudades empiezan a descubrir los desafíos de abastecer flotas eléctricas, la capital cordobesa recuerda una lección que sus trolebuses conocen desde hace décadas:

la movilidad eléctrica no funciona solamente con motores eléctricos. También necesita una red capaz de alimentarlos todos los días.

Rosario aprobó habilitaciones de seis años para los transportes escolares y unificó en 20 años la antigüedad máxima

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El Concejo Municipal aprobó una reforma al régimen de transporte escolar que extiende de aproximadamente un año a seis la duración de las habilitaciones. Los controles, sin embargo, no desaparecen: continuarán las revisiones técnicas y la tasa de fiscalización anual, y se sumará la presentación cada año del certificado de antecedentes penales. La modificación también fija en 20 años la antigüedad máxima para todas las categorías, aunque los vehículos M3 ya podían alcanzar esa edad con la normativa anterior.

Rosario decidió modificar una de las reglas centrales bajo las que funcionan sus transportes escolares: la duración de la habilitación dejará de estar atada prácticamente a cada ciclo lectivo y pasará a extenderse durante seis años.

La iniciativa de la concejala Carolina Labayru había obtenido despacho favorable de la Comisión de Servicios Públicos el 31 de agosto y finalmente fue aprobada por el Concejo Municipal en la sesión del 3 de septiembre. Modifica la Ordenanza 7465/02, que regula desde hace más de dos décadas el transporte escolar de la ciudad.

La reforma combina dos conceptos que conviene diferenciar: una habilitación más prolongada no significa seis años sin controles.

Las unidades deberán continuar pasando revisiones técnicas, los titulares seguirán pagando anualmente la Tasa de Fiscalización del Transporte Escolar y se incorpora además la obligación de acreditar cada año los antecedentes penales necesarios para conservar la habilitación.

Ahí está probablemente el aspecto más interesante del cambio: Rosario intenta ofrecer mayor previsibilidad administrativa a quienes invierten en un vehículo escolar, sin transformar la habilitación de seis años en un permiso sin supervisión.

De una habilitación prácticamente anual a seis años

La normativa actualmente publicada establece que, una vez cumplidos los requisitos y abonada la tasa correspondiente, el certificado de habilitación tiene validez hasta el inicio del período lectivo del año siguiente.

En la práctica, eso obliga a renovar periódicamente la autorización para continuar prestando el servicio.

La reforma cambia sustancialmente esa lógica.

La habilitación pasará a tener una duración de seis años, lo que permite separar el permiso general para explotar la actividad de los controles que deben realizarse durante ese período.

Para un transportista escolar, la diferencia puede resultar importante al momento de decidir una inversión.

Comprar, adaptar, asegurar y mantener un vehículo destinado específicamente al traslado de alumnos requiere capital y una expectativa razonable de continuidad. Una autorización de mayor duración puede dar más previsibilidad para amortizar esa inversión.

Pero esa previsibilidad no elimina la posibilidad de fiscalización.

Seis años de permiso, pero controles durante todo el período

Uno de los posibles errores al comunicar la reforma sería interpretar que un vehículo habilitado podrá circular durante seis años sin volver a ser revisado.

No es así.

El Concejo confirmó que se mantendrán tanto las revisiones técnicas obligatorias como el pago anual de la tasa de fiscalización. Además, el certificado de antecedentes penales deberá presentarse una vez por año.

La normativa vigente incluso establece controles técnicos cuya frecuencia aumenta a medida que envejece la unidad.

Actualmente, los vehículos de menos de cinco años deben presentarse a inspección técnica semestralmente. Los que superan los cinco años deben hacerlo cada cuatro meses, mientras que los M3 con más de 15 años están sujetos a revisiones trimestrales.

Es decir, paradójicamente, un transporte escolar puede tener una habilitación administrativa de seis años y al mismo tiempo ingresar varias veces por año a inspección.

Son dos controles diferentes.

Uno autoriza la actividad.

El otro determina si el vehículo sigue estando técnicamente en condiciones de realizarla.

Los 20 años tampoco son completamente nuevos

La otra modificación que aparece en los anuncios es la unificación de la antigüedad máxima en 20 años.

Pero aquí también hay una precisión fundamental.

La Ordenanza 7465/02 actualmente vigente no establece un límite uniforme para todos los transportes escolares.

Los vehículos de categorías N, M1 y M2 pueden tener hasta 15 años, mientras que los pertenecientes a la categoría M3 ya tienen permitido llegar a 20 años.

Por eso sería incorrecto afirmar que Rosario decidió “extender de 15 a 20 años la vida útil de todos los transportes escolares”.

Para los M3, el límite de 20 años ya existía.

La modificación afecta concretamente a las restantes categorías, que pasarán de 15 a 20 años, y al mismo tiempo unifica el criterio para todo el parque.

¿Qué vehículos entran en cada categoría?

La diferencia no es simplemente burocrática.

La ordenanza rosarina clasifica los vehículos según sus características y capacidad.

Las categorías M1 y M2 abarcan vehículos de pasajeros con más de ocho y hasta 25 asientos, diferenciados principalmente por su peso máximo.

La categoría M3 comprende vehículos con más de 25 asientos y peso máximo superior a cinco toneladas.

Son, por lo tanto, unidades de características distintas.

Los vehículos más grandes ya podían continuar hasta los 20 años. Con la reforma, ese límite se extenderá también a categorías que hasta ahora tenían un máximo menor.

Antigüedad no es lo mismo que estado del vehículo

La discusión sobre permitir escolares de hasta 20 años plantea inevitablemente una pregunta:

¿un vehículo de dos décadas puede seguir siendo seguro para transportar chicos?

La antigüedad por sí sola no responde la cuestión.

Dos unidades fabricadas el mismo año pueden encontrarse en condiciones completamente diferentes dependiendo del kilometraje acumulado, mantenimiento, corrosión, calidad de las reparaciones, sistema de frenos, neumáticos y estado estructural.

Precisamente por eso el régimen rosarino combina un límite cronológico con inspecciones técnicas cada vez más frecuentes.

A partir de determinado momento, la pregunta deja de ser solamente qué año figura en el título del vehículo y pasa a ser en qué condiciones reales se encuentra para continuar prestando el servicio.

En las unidades más antiguas, ese control se vuelve todavía más importante.

Cinco años adicionales para parte de la flota

Para un titular que opera actualmente un vehículo N, M1 o M2 próximo a cumplir 15 años, la reforma puede tener un efecto económico considerable.

En lugar de tener que retirarlo de la actividad por alcanzar el límite reglamentario, potencialmente podrá mantenerlo hasta cinco años adicionales, siempre sujeto a las revisiones y demás requisitos.

Esto prolonga el período durante el cual puede amortizarse una unidad.

Y allí aparece uno de los principales intereses económicos detrás de la reforma.

Un transporte escolar no es un automóvil particular utilizado ocasionalmente. Es una herramienta de trabajo que debe adquirir seguros específicos, pasar inspecciones, mantener determinados elementos de seguridad y cumplir requisitos particulares de carrocería y señalización.

Extender su vida reglamentaria cambia la cuenta sobre cuánto tiempo puede recuperarse la inversión inicial.

Pero las unidades nuevas tienen otro límite

Hay otra distinción interesante dentro de la actual ordenanza.

Una cosa es cuánto tiempo puede permanecer habilitado un vehículo que ya forma parte del sistema.

Otra es con qué antigüedad puede ingresar por primera vez.

El artículo 10 establece actualmente que las nuevas habilitaciones sólo pueden incorporar vehículos de hasta tres años para las categorías N, M1 y M2, y de hasta cinco años para los M3.

Por lo tanto, permitir una vida máxima de 20 años no significa necesariamente que mañana pueda incorporarse como nueva alta cualquier vehículo que ya tenga 19 años.

Son límites que cumplen funciones distintas.

Uno regula el ingreso al sistema.

El otro establece hasta cuándo puede continuar una unidad habilitada.

El certificado de antecedentes pasa a ser anual

La reforma incorpora también una obligación adicional para conservar la habilitación: presentar anualmente el certificado de antecedentes penales.

La normativa vigente ya exige que quienes intervienen en la prestación acrediten condiciones de conducta compatibles con un servicio particularmente sensible, dado que implica el traslado regular de menores.

Lo nuevo es establecer una actualización anual dentro del nuevo esquema de habilitación prolongada.

Tiene lógica administrativa.

Cuando el permiso duraba aproximadamente un ciclo lectivo, determinados requisitos podían revisarse junto con cada renovación.

Si ahora la autorización dura seis años, algunos controles necesitan independizarse del vencimiento principal para continuar actualizándose con mayor frecuencia.

Una reforma sobre la burocracia, no una eliminación de requisitos

Este es probablemente el concepto que mejor sintetiza la modificación.

Rosario no parece estar pasando de un sistema regulado a otro en el que el transportista recibe un permiso y queda liberado durante seis años.

Lo que hace es desacoplar la duración de la habilitación de la periodicidad de los controles.

La autorización dura más.

Las inspecciones continúan.

La tasa sigue siendo anual.

Los antecedentes deberán actualizarse cada año.

Los seguros y condiciones del vehículo siguen formando parte de los requisitos necesarios para prestar el servicio.

Desde el punto de vista administrativo, puede reducirse la necesidad de rehacer permanentemente un trámite integral.

Desde el punto de vista de la seguridad, deberían mantenerse las instancias periódicas destinadas a comprobar que cada unidad continúa cumpliendo las condiciones exigidas.

Una discusión que también es económica

La modificación permite mirar al transporte escolar como una pequeña empresa de movilidad.

El vehículo constituye generalmente el principal activo del prestador.

Si la normativa obliga a reemplazarlo a los 15 años, la inversión debe amortizarse dentro de ese período.

Si permite utilizarlo durante 20, el horizonte económico cambia.

Pero extender la vida útil reglamentaria sólo es sostenible si los costos adicionales de mantener una unidad envejecida no terminan superando el beneficio de conservarla.

A determinada edad pueden aumentar reparaciones, repuestos, tiempos fuera de servicio y frecuencia de inspecciones.

Por eso, vida útil legal y vida útil económica tampoco son exactamente lo mismo.

Que una ordenanza permita utilizar un vehículo durante 20 años no obliga al propietario a hacerlo si antes resulta más conveniente renovarlo.

La renovación de flota podría hacerse más lenta

Existe también otra consecuencia posible que habrá que observar.

Si más vehículos pueden permanecer cinco años adicionales dentro del sistema, el ritmo natural de renovación de las categorías N, M1 y M2 podría reducirse.

Esto no necesariamente implica un deterioro automático de la seguridad si los controles funcionan correctamente.

Pero sí significa que la edad promedio del parque podría aumentar.

Un dato interesante para evaluar la reforma en los próximos años será justamente conocer la antigüedad media de los transportes escolares rosarinos antes y después del cambio.

También sería útil saber cuántas unidades se encontraban próximas al límite anterior de 15 años y podrán continuar trabajando gracias a la nueva norma.

El Concejo finalmente lo aprobó

El proyecto tuvo despacho favorable en Servicios Públicos el 31 de agosto. Tres días después, durante la sesión ordinaria del 3 de septiembre, el Concejo Municipal confirmó su aprobación.

Ese dato cambia el estado de la noticia originalmente difundida.

Ya no corresponde presentarlo simplemente como una iniciativa que “avanza en comisión”.

El cuerpo legislativo ya dio su aprobación.

Antes de afirmar que los transportistas pueden aplicar inmediatamente las nuevas reglas, sin embargo, corresponde completar el seguimiento administrativo sobre la promulgación y publicación de la modificación. La base normativa municipal consultada continúa identificando a la Ordenanza 7465/02 como el marco vigente del transporte escolar.

Más plazo no debería significar menos control

Rosario eligió extender dos horizontes.

Por un lado, las habilitaciones pasarán a proyectarse por seis años.

Por otro, las categorías que hasta ahora tenían un límite de 15 años podrán alcanzar los 20 años de antigüedad máxima, igualándose con los M3.

Pero la clave estará en todo lo que sucede entre esos dos vencimientos.

Una unidad de 18 o 19 años podrá continuar trabajando solamente si el sistema de inspección es capaz de detectar cuándo deja de reunir las condiciones técnicas necesarias.

Y una habilitación de seis años será compatible con un servicio seguro solamente si los controles anuales y periódicos siguen funcionando independientemente de esa duración.

Ahí está la diferencia entre dar previsibilidad a una actividad y simplemente relajar sus requisitos.

La reforma rosarina busca hacer lo primero: más tiempo de habilitación y mayor horizonte de amortización, pero manteniendo instancias de fiscalización durante toda la vida del permiso.

Y probablemente ése sea el verdadero debate que abre la modificación: cuánto tiempo puede aprovecharse un transporte escolar sin que una vida útil más larga se convierta en menores estándares de seguridad.

Participación ciudadana sobre propuestas para los servicios de colectivos de Jurisdicción Nacional L143 – L136 – L163

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Una red de transporte más eficiente y adecuada a las necesidades de movilidad
La Secretaría de Transporte impulsa un proceso de optimización de la red de servicios públicos de transporte automotor de pasajeros de Jurisdicción Nacional, orientado a mejorar su funcionamiento, adecuar la oferta a las necesidades actuales de movilidad y promover una utilización más eficiente de los recursos destinados a la prestación de los servicios.
En este marco, se ponen a consideración distintas propuestas de reorganización de los servicios, que contemplan la adecuación de recorridos, frecuencias y parámetros operativos, así como la revisión de aquellas prestaciones cuya demanda y cobertura territorial requieren una evaluación específica, considerando la oferta de transporte disponible y las alternativas de movilidad para los usuarios.
Los proyectos que se presentan comprenden la reorganización de los servicios de la Línea 143 y la solicitud presentada por la empresa para dejar sin efecto la autorización de las Líneas 136 y 163. Su evaluación forma parte del análisis de la red de transporte de jurisdicción nacional, en el marco de una evaluación integral de la red de transporte de jurisdicción nacional.
Para cada caso, se analizaron los patrones de movilidad y la demanda de pasajeros, la oferta existente, la cobertura territorial, los servicios alternativos y las características de la operación, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en la distribución de los recursos y en la organización de los servicios.
Sobre la base de esta información, se proponen adecuaciones de recorridos, frecuencias, cabeceras, parque móvil u otros parámetros operativos, procurando que los recursos disponibles sean asignados eficientemente. En particular, la evaluación de las Líneas 136 y 163 considera conjuntamente la red de transporte que permanecería disponible ante el eventual cese de ambas prestaciones y los sectores que requieren una revisión específica.
De esta manera, la Secretaría de Transporte continúa avanzando en la modernización del sistema de transporte automotor de jurisdicción nacional, mediante una planificación de los servicios basada en criterios técnicos de demanda, cobertura y eficiencia operativa, con el objetivo de adecuar progresivamente la oferta a las necesidades de movilidad de los usuarios.
Publicidad y participación ciudadana
La Secretaría de Transporte busca promover e incrementar los mecanismos de participación, intercambio de ideas, consulta y cultura democrática como medio de defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos.
La participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones requiere de espacios en los que los interesados puedan presentar su perspectiva individual, grupal o colectiva sobre la medida puesta a consideración, en un contexto de igualdad de condiciones y respeto por el disenso.
La presente consulta reúne tres propuestas relativas a servicios de colectivos de jurisdicción nacional. Las modificaciones de parámetros operativos de la Línea 143 se someten a participación ciudadana en el marco de la Resolución N° 55/2026 de la Secretaría de Transporte. Por su parte, respecto de las Líneas 136 y 163 se pone a consideración la solicitud presentada por la empresa para dejar sin efecto la autorización para operar ambos servicios.
La publicación conjunta permite consultar las propuestas y sus antecedentes técnicos y presentar opiniones, observaciones y sugerencias sobre cada línea, que contribuyan a su evaluación. Los aportes recibidos serán analizados según las actuaciones de cada proyecto.
La publicación de una iniciativa no implica su aprobación definitiva. Una vez finalizado el período de participación, las presentaciones recibidas serán analizadas por las áreas técnicas competentes y consideradas en la elaboración del informe final correspondiente, el cual estará disponible en www.argentina.gob.ar/transporte e integrará el proceso administrativo de los proyectos en cuestión.
La participación en esta consulta es:
  • Abierta a toda la ciudadanía: Puede participar cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desee realizar aportes relacionados con la propuesta.
  • No vinculante: Las declaraciones realizadas por la ciudadanía no imponen ninguna obligación efectiva.
  • Gratuita: En tanto el participante no requiera la reproducción de documentos, datos o instrumentos. En ese caso, los costos de reproducción correrán a cargo de la persona que lo solicite.
  • Pública: Todas las opiniones serán publicadas en esta página web desde el comienzo de la convocatoria hasta su finalización.
Las opiniones, observaciones y sugerencias podrán presentarse exclusivamente a través del canal habilitado, desde el lunes 28.09.26 hasta el viernes 02.10.26, inclusive.
Para facilitar su adecuada evaluación, se recomienda que los aportes identifiquen claramente la línea, el recorrido, el sector territorial o el aspecto de la propuesta al que se refieren.
A continuación se encuentran los ejes que conforman la consulta. En el eje 1 podrán consultarse los proyectos, antecedentes y la documentación técnica que sustenta las propuestas de los ejes 2 al 7.
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Fuente:

Participación ciudadana