El muro de Berlín cayó en la histórica noche del 9 de noviembre de 1989 y la Unión Soviética colapsó como un castillo de cartas el 25 de diciembre de 1991. No sobrevino “El fin de la historia” de Francis Fukuyama, pero sí el triunfo del capitalismo sobre el comunismo. Rusia es ahora un país tan capitalista como Estados Unidos. Sin embargo, el ala más dura del PRO sostiene una estrategia discursiva que agita permanentemente el fantasma del comunismo soviético como si existiera. Como si hubiera un actor político importante de la Argentina que lo reivindicara. Como si Nikita Kruschev estuviera en la actualidad al mando del Kremlin. Como si el mundo se siguiera moviendo en medio de la Guerra Fría. “Rechazamos por soviética la idea del gobierno provincial de estatizar el colectivo en Rosario”, lanzó el concejal del PRO Carlos Cardozo en declaraciones al sitio ON24 (de la Fundación Libertad). Pero al margen de que la URSS hoy solo está en los manuales de historia, ¿se puede afirmar que estatizar un sistema de transporte de pasajeros es sinónimo de comunismo? Solo por dar algunos ejemplos: los servicios de colectivos y subtes de París, Nueva York, Madrid, Berlín, Barcelona y Washington están en manos de los Estados locales. Y en ninguna de estas ciudades flamea la bandera roja con la hoz y el martillo, o “el infame trapo rojo”, como lo llamó en los años 90 en una sesión del Concejo el entonces edil radical Federico Steiger (nobleza obliga, después se disculpó).

Es la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien marca la línea discursiva de los halcones de su partido y machaca con este tipo de calificaciones. Como muestra valen tres botones: el 27 de enero pasado Bullrich tildó de “soviético ortodoxo duro” al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. El 2 de marzo al criticar la querella judicial contra Macri por la extraordinaria deuda que tomó con el FMI dijo: “No vamos a dejar que el gobierno haga un juicio tipo soviético”. Y el 10 de marzo reclamó al gobierno nacional que haga “una vacunación no tan soviética”.

Esta estrategia política, que está estrechamente vinculada a la llamada grieta, no solo se ve en Argentina para pesar de quienes creen que todo lo que ocurre en el país es único y singular. Como lo señala el periodista Mariano D’Arrigo en su nota “Comunismo o libertad” (ver acá), el PRO trae estas consignas del exterior. El 3 de mayo pasado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (del derechista Partido Popular), ganó ampliamente la reelección martillando justamente con este lema “Comunismo o libertad”. Incluso, durante la campaña electoral de EEUU del año pasado, el entonces presidente Donald Trump también buscó al extremo la polarización de ese país calificando reiteradamente a su contrincante demócrata, Joe Biden (que terminó imponiéndose en las urnas), como “el caballo de Troya del socialismo radical que quiere desmantelar el modo de vida americano”.

¿Es el gobierno del peronista Alberto Fernández un gobierno comunista? Se lo puede calificar de bueno, regular o mal gobierno, según la valoración de cada uno, pero desde ya que no es un gobierno comunista, ni lo quiere ser. Como tampoco lo es el del actual presidente de España, Pedro Sánchez (Psoe); ni el de Estados Unidos, Joe Biden (demócrata).

De todos modos, la dirigencia de este sector del PRO parece tener como misión mencionar la mayor cantidad de veces posibles las palabras “soviético” y “comunismo” para polarizar con el peronismo. “El gobierno de Fernández es un gobierno soviético”, dice la ex asesora de Bullrich en el Ministerio de Seguridad Florencia Arietto al fustigar las restricciones a las actividades dispuestas por la Casa Rosada ante la seguda ola de Covid-19. Y repite en los canales de noticias porteños: “La próxima campaña electoral es comunismo o libertad”.

Esta estrategia en Argentina, o a la inversa cuando militantes del peronismo cantaban durante el gobierno de Cambiemos “Macri basura, vos sos la dictadura”, pese a que accedió a la Presidencia gracias al voto de una mayoría de ciudadanos, llevan al debate público a un estado muy primitivo. Empobrece el intercambio de ideas y reduce toda discusión al cruce de chicanas, algunas muy efectivas, por cierto.

No es ninguna novedad que desde hace años el transporte público de pasajeros de Rosario está en terapia intensiva. Pero demasiados problemas tiene este servicio como para colmo debatirlo con terminología de una Guerra Fría que solo existe en las viejas películas de Hollywood que pasan a la tarde en la TV por cable.

Durante sus sucesivos gobiernos municipales el socialismo nunca le encontró la vuelta al transporte de pasajeros, prometió fabulosos modelos de movilidad que nunca llegaron y con la pandemia todo se agravó aún más. Hoy el sistema está en “emergencia”, con suspensiones de líneas y menos frecuencias, tras una decisión del intendente Pablo Javkin que fue avalada por una mayoría del Concejo. Pero incluso así no se pudo evitar la semana pasada un nuevo paro de cuatro días por falta de pago de los salarios a los choferes. En medio de ese complicado panorama fue el propio secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, quien abrió el debate al señalar que no es “un defensor de las estatizaciones”, pero que “se impone una discusión sobre el futuro del sistema de colectivos”. Apuntó a que no se puede soslayar la responsabilidad empresarial en los constantes problemas del servicio. En los hechos, en la actualidad el 60 por ciento de los recursos para sostener el funcionamiento de los colectivos en Rosario ya los pone el Estado en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal (ver acá).

Ante esto, el concejal del PRO Carlos Cardozo cuestionó la idea de estatizar el transporte público y aseguró que “anteriores experiencias que ya sucedieron en Rosario han demostrado que esa no es la solución ni lo más conveniente para el gran problema del transporte”. Y luego arremetió: “Rechazamos esta propuesta por soviética”. ¿Un servicio público en manos del Estado es sinónimo de comunismo? (ver acá)

Si así fuera, habría que concluir que Madrid (cuya Comunidad está gobernada paradójicamente por la derechista Díaz Ayuso) tiene un transporte “soviético” ya que está en manos del Estado (ver acá): el subte es operado por MetroMadrid, una empresa de la cual el 100% de sus acciones pertenecen a la Comunidad de Madrid (fue privada hasta su nacionalización en 1979) y los colectivos urbanos son gestionados por la Empresa Municipal de Transportes (EMT), propiedad al 100% del Ayuntamiento de la capital española.

Y en París el transporte urbano también sería “comunista”. Las 17 líneas de subte de la capital francesa, las 347 de autobuses y las 7 de tranvías son gestionadas por la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), la compañía estatal de transporte de esa ciudad (ver acá).

En Barcelona el Ayuntamiento es el propietario de la empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), que opera en esa ciudad catalana todos los servicios de subte, colectivos, el Funicular y el Teleférico de Montjuic, el tranvía Azul y el bus turístico (ver acá).

Berlín tiene el mismo modelo: el sistema de transporte urbano es operado por la empresa Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), perteneciente en un 100% al Estado federado de la capital alemana. Administra diez líneas de subte (U-Bahn), 22 de tranvía y 149 de autobuses. Solo los trenes suburbanos (S-Bahn) están operados por Deutsche Bahn, la principal empresa ferroviaria alemana, una sociedad anónima cuyo accionista mayoritario es la República Federal de Alemania (ver acá).

Nada diferente a lo que ocurre en Nueva York, la meca del capitalismo, donde todo está en manos de la corporación estatal Metropolitan Transportation Authority (MTA), que atiende a una población de 15,3 millones de personas. Esta compañía opera una red de subtes con 23 líneas que posee la flota de coches más grande del mundo. También gestiona el servicio de colectivos urbanos con 386 líneas y el ferrocarril suburbano con 16 (ver acá).

Y en Washington, que cuenta con uno de los sistemas de transporte más seguros, limpios y eficientes del mundo, el subte (Metrorail) y los autobuses (Metrobus) están operados por Washington Metropolitan Area Transit Authority (Wmata), una empresa trijurisdiccional de los Estados de Columbia, Virginia y Maryland (ver acá).

Si se despeja el fantasma de los soviets y el comunismo, se podría ir al fondo del debate: ¿sería conveniente que todo el sistema de colectivos de Rosario quede en manos del Estado municipal (una parte ya lo está a través de la empresa Movi que opera 25 líneas)?

“No importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones”, solía repetir el fallecido líder supremo chino Deng Xiaoping, en una fenomenal apología del pragmatismo. Si se aplicara este concepto al debate se podría concluir que lo importante no es si el transporte urbano de pasajeros de Rosario está en manos privadas o del Estado, lo fundamental es que preste un óptimo servicio, a una tarifa accesible para los usuarios y con el menor costo posible para las arcas públicas.

La clave es encontrar, sin prejuicios de derecha ni de izquierda, el mejor modelo para la realidad de la ciudad: un servicio de colectivos privado, estatal o mixto, como es hasta ahora.