La presentación fue realizada por Myriam Bregman, diputada del PTS en el Frente de Izquierda, en el Congreso Nacional.
El proyecto de ley plantea la reducción de la jornada laboral de los trabajadores de empresas de transporte automotor público de pasajeros. Fue presentado por la diputada Myriam Bregman, del PTS en el Frente de Izquierda y ya cuenta con el apoyo de otras bancadas del Congreso Nacional. Se realizó en un trabajo conjunto entre Choferes en el Frente de Izquierda, trabajadoras y trabajadores de la salud en la Agrupación Marrón Clasista, y el equipo de la banca. De esta forma se concluye un trabajo cuya iniciativa surgió en las calles, durante los 42 días de la lucha de la 60. Enfrentando el ataque del gobierno kirchnerista, sus ministerios, su policía, la justicia y la represión de la gendarmería de Sergio Berni que dejó trabajadores gravemente heridos.
Mientras estos sectores respaldaban al monopolio del transporte MONSA, los trabajadores de la línea 60, junto a la comisión de mujeres, soldaban una amplia unidad en apoyo a su lucha. Con trabajadores de otros sectores y con los millones de usuarios del transporte público, a partir de implementar como medida de lucha el no cobro de boletos. Fue durante las jornadas de lucha, en las que se evidenciaban los millonarios negociados del transporte, que comenzamos a intercambiar sobre las condiciones de insalubridad que afectan a los choferes. Y trabajadores de la salud de los hospitales Garrahan, Durand, Fernández y Rivadavia se sumaron a la iniciativa de aportar su profesión al servicio de fortalecer la lucha y organización para cambiar esas condiciones.
En el proyecto de ley se establece una jornada máxima de 6 horas diarias y 36 horas semanales para los trabajadores que se encuentran bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 460/1973. Con un salario igual a la canasta familiar. Con un descanso de 18 horas entre jornadas y de 42 horas semanales, con un tiempo de refrigerio de 40 minutos. La edad jubilatoria de fija en 55 y 52 años para hombres y mujeres respectivamente, con un haber equivalente al 82 % móvil.
La reducción de la jornada laboral es una necesidad, a fin de proteger los derechos de los trabajadores, de los pasajeros, y aportar a la prevención de accidentes evitables. Como se expresa en los fundamentos, «La tarea desarrollada por los conductores de vehículos de transporte colectivo de pasajeros, según el Decreto N° 4.257/68, es considerada insalubre debido a que genera en quien la desarrolla periódicamente, envejecimiento prematuro y enfermedades evitables. En general, los principales problemas de salud que experimentan estos trabajadores se deben a las prolongadas jornadas de conducción, sin descansos apropiados ni suficientes para su recuperación física y psicológica; además de riesgos psicosociales asociados a su puesto de trabajo, que contempla la atención al pasajero… Por otro lado, los trabajadores que se desempeñan en los talleres de mantenimiento realizando tareas de mecánica, tornería, rectificación, inyección, electricidad, chapa y pintura, soldadura, gomería, tapicería, mantenimiento y elastiqueria … al no contar con uniformes adecuados ni herramientas específicas, agravan el riesgo de sufrir enfermedades y accidentes vinculados al gran peso y tamaño de las unidades; la manipulación de combustibles, pinturas, químicos y gases dañinos para la salud».
A su vez, destaca «El sistema de transporte público actual se encuentra administrado por empresas privadas que, lejos de concebirlo como un servicio para el pueblo, lo ven como un medio para el lucro y la acumulación de ganancias a costa de los subsidios del Estado y de la salud de los trabajadores».
Según los datos oficiales del Ministerio de Transporte, publicados en los balances del Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau), las empresas de transporte público automotor municipales, provinciales y nacionales, recibieron $1.427.243.128 millones, monto correspondiente a Junio del 2016, como parte de los subsidios mensuales del estado nacional. Esta cifra supera ampliamente los costos totales salariales y de mantenimiento estructural, sin considerar los millones de pesos de recaudación con la SUBE del pasaje de pasajeros. Tampoco los créditos, que se les ofrecen a tasas bajas, con el único requisito de presentación del Certificado de Elegibilidad de la Comisión Nacional del Transporte (CNRT), en el que constan los coches que renuevan como sujeto de crédito para el pago de la deuda. Para garantizar este negocio redondo y sin pérdidas, Roberto Fernández -líder de la UTA- es un participe necesario para todos los gobiernos. Recientemente, festejó el tope salarial el 29 % para los trabajadores del sector mientras respaldaba al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, en el acto en la Casa Rosada en el que se anunciaba 100 % en las tarifas de trenes y colectivos.
Podemos ver los alcances de este negociado con el ejemplo de una línea 266 – Expreso Galicia, empresa de tamaño medio, con 500 trabajadores, una flota aproximada de 160 coches, y 9 ramales interurbanos que comunican varios municipios. El monto de subsidio que embolsó esta línea en mismo período, Junio del 2016, fue de $ 12.824.748 millones. Con un costo promedio de $ 17.000 mil de salario básico por trabajador, los subsidios cubrieron los salarios totales y la empresa se embolsó $ 4.300 millones. Esta ecuación de ganancias se repite en todas las línea de transporte automotor a nivel nacional.
Sólo tomando los subsidios mensuales que las empresas de transporte reciben hace décadas, en dos años podrían garantizar la renovación total de la flota automotor de cada línea, casi sin afectar sus millonarias ganancias. Por el contrario, el nivel de desinversión se observa en unidades obsoletas que degradan la calidad del servicio, y afectan la salud de los trabajadores por incumplir requisitos ergonómicos básicos. Estas condiciones generan enfermedades agudas y crónicas silenciadas por la falta de estudios de salud periódicos. En función de ellas, el proyecto establece la obligatoriedad para las empresas de tomar medidas de higiene y seguridad laborales, tendientes a la promoción de la salud, y a la prevención de enfermedades y riesgos. Su cumplimiento será fiscalizado por comisiones conformadas por trabajadores del sector.
A su vez, se prohíbe la realización de horas suplementarias, que se ven obligados a realizar los trabajadores, por no llegar a cubrir las necesidades básicas de sus familias. Privandose de tiempo para compartir con ellas, perdiendo momentos importantes con sus hijos y amigos. Resignando el tiempo personal de ocio y recreación, para poder llegar a fin de mes. El salario básico debe ser equivalente a la canasta familiar, para que los trabajadores no se vean forzados a la realización de extenuantes jornadas laborales, que derivan en un serio agravamiento de las condiciones de insalubridad.
Este proyecto de ley busca aportar a fortalecer la organización y la lucha de los trabajadores del sector, poniéndolo a su disposición, de sus cuerpos de delegados, distintas organizaciones sindicales y políticas, para que se lo apropien y debatan, incluso con otras bancadas de diputados. Que busque, en la difusión de la realidad de los trabajadores del sector, el apoyo de millones de usuarios a nivel nacional. Como puntapié de una una gran campaña nacional por las 6 horas y las mejores condiciones laborales. Una herramienta que ayude a los trabajadores de todas las líneas a agruparse en función de conquistar sus demandas.
Fuente:
Diario La Izquierda
