Río de Janeiro permitirá excepcionalmente colectivos usados durante la transición hacia el nuevo Sistema RIO, aunque solamente podrán haber sido fabricados desde 2025 y deberán reemplazarse por unidades cero kilómetro antes de enero de 2028. Al mismo tiempo, el Municipio confirmó que los subsidios de las futuras concesiones no tendrán un fondo garantizador específico y dependerán de las partidas presupuestarias aprobadas cada año.
A pocas horas de abrir las propuestas para una de las mayores licitaciones recientes de transporte urbano de Brasil, la Municipalidad de Río de Janeiro introdujo nuevas precisiones que ponen el foco sobre dos aspectos centrales del futuro Sistema RIO: con qué colectivos podrán comenzar a operar las empresas y cómo estará garantizada su remuneración durante los próximos diez años.
El denominado Esclarecimiento Nº12 establece que las futuras concesionarias podrán incorporar excepcionalmente vehículos usados durante la primera etapa de funcionamiento, pero impone una restricción muy fuerte: solamente serán admitidos colectivos fabricados a partir de 2025.
Esto significa que unidades producidas en 2023 o 2024 quedarán excluidas incluso aunque cumplan con el estándar ambiental Euro VI.
La Municipalidad justificó la condición como un criterio destinado a asegurar calidad, confiabilidad y renovación de flota, además de disminuir los riesgos asociados al desgaste acumulado de vehículos usados.
Usados, pero prácticamente nuevos
La particularidad del nuevo régimen es que Río autorizará colectivos usados, pero con una antigüedad extremadamente reducida.
En la denominada Rede de Entrada, correspondiente a la primera fase de implementación, podrán utilizarse temporalmente vehículos fabricados desde 2025 que cumplan con todas las especificaciones técnicas establecidas en el pliego.
La flexibilización busca resolver un problema operativo concreto: permitir que una empresa pueda asumir rápidamente un conjunto importante de líneas sin estar obligada a disponer desde el primer día de toda la flota cero kilómetro necesaria.
Sin embargo, esa excepción tiene fecha de vencimiento.
Antes de enero de 2028, todos esos colectivos deberán ser reemplazados por unidades nuevas, cero kilómetro.
Por lo tanto, una empresa que ingrese al sistema utilizando vehículos usados recientes tendrá igualmente que afrontar una renovación completa de esas unidades en menos de dos años.
Los colectivos 2023 y 2024 quedan afuera aunque sean Euro VI
Una de las consultas realizadas durante el proceso licitatorio preguntó expresamente si podían incorporarse unidades fabricadas en 2023 y 2024 que cumplieran con las exigencias técnicas y ambientales.
La respuesta de la Secretaría Municipal de Transportes fue negativa.
Para el Municipio prevalece el requisito específico de fabricación desde 2025, independientemente de que un vehículo algo más antiguo pueda cumplir con Proconve P8/Euro VI y encontrarse técnicamente en condiciones de prestar servicio.
La futura flota definitiva tendrá justamente como base tecnológica mínima Proconve P8/Euro VI, aunque el modelo también admite otras alternativas energéticas como gas, biometano y propulsión eléctrica.
Los vehículos deberán incorporar además climatización, accesibilidad, sistemas de localización y monitoreo, cámaras, cartelería electrónica, comunicación con pasajeros y tecnologías ITS.
Pero la mayor incógnita está del otro lado de la ecuación
La exigencia de inversiones importantes en flota convive con una definición financiera particularmente relevante para las empresas que quieran participar.
Río de Janeiro no creará un fondo garantizador específico para asegurar el pago de los subsidios.
Tampoco habrá cesión de ingresos, vinculación de determinadas fuentes de recaudación ni una cuenta separada con recursos reservados previamente para garantizar los pagos durante toda la concesión.
Los subsidios dependerán de las partidas incluidas cada año en el presupuesto municipal.
El Plan Plurianual 2026-2029 ya contempla partidas vinculadas a la mejora del transporte mediante subsidios, pero eso no equivale a constituir una reserva financiera para cubrir los diez años de contrato.
En otras palabras: las futuras operadoras tendrán derecho a cobrar, pero dependerán año tras año de la ejecución presupuestaria municipal.
¿Qué pasa si faltan recursos?
Ese punto generó otra pregunta durante el proceso.
¿Podría Río reducir, suspender o postergar los pagos si en un determinado ejercicio existiera falta de crédito presupuestario, contingenciamiento de recursos o restricciones fiscales?
La Municipalidad respondió que no.
Según la interpretación oficial, la insuficiencia presupuestaria no exime al poder concedente de cumplir con los pagos previstos en el contrato.
Pero aparece entonces otra particularidad.
El contrato no establece una tasa específica de intereses moratorios para eventuales atrasos.
En caso de incumplimiento, la situación deberá analizarse dentro de la matriz de riesgos del contrato y podría generar una recomposición del equilibrio económico-financiero de la concesión.
Es una diferencia importante: no contar con un fondo garantizador no significa que Río pueda decidir unilateralmente dejar de pagar.
Significa que no existe una garantía financiera independiente preparada previamente para responder si el flujo presupuestario municipal falla.
El tema no es teórico: Río ya discute subsidios con los actuales operadores
La aclaración adquiere todavía mayor relevancia por el contexto en el que se está desarrollando la nueva licitación.
La Municipalidad de Río y las empresas que actualmente operan el sistema mantienen una disputa judicial relacionada precisamente con subsidios y equilibrio económico-financiero.
Los operadores sostienen que existieron reducciones indebidas en determinados pagos, problemas en la remuneración de kilómetros recorridos y falta de recomposición económica.
La Municipalidad rechaza esa interpretación y atribuye las diferencias a factores como kilómetros efectivamente cumplidos, metas operacionales, ajustes tarifarios e incumplimientos de las propias empresas.
La discusión ya llegó incluso al Supremo Tribunal Federal y forma parte del complejo proceso de transición entre las concesiones actuales y el futuro Sistema RIO.
Por eso, para una empresa que analiza participar en la nueva licitación, la ausencia de un fondo garantizador no puede observarse solamente como una cláusula contractual.
Es un riesgo que deberá incorporarse al análisis financiero de una concesión que durará diez años.
Cinco lotes y casi 1.420 colectivos
La segunda etapa del Sistema RIO contempla cinco grandes contratos:
- A1-B6;
- B1-B8;
- C1-C2;
- H1-I3;
- H2.
En conjunto representan contratos estimados oficialmente en R$1.399.937.350, prácticamente R$1.400 millones.
La flota prevista para estas operaciones alcanzará aproximadamente 1.420 colectivos, distribuidos en zonas como Santa Cruz, Guaratiba, Campo Grande, Bangu, Ilha do Governador y Vila Isabel.
Las tarifas de remuneración de referencia van desde R$10,40 hasta R$13,02 por kilómetro, dependiendo del lote.
La competencia se definirá precisamente por menor tarifa de remuneración por kilómetro, siempre que los participantes cumplan con las restantes exigencias técnicas, operativas y financieras.
Los contratos tendrán una duración inicial de diez años, con posibilidad de prórroga por un período de hasta otros diez.
Una inversión importante antes de empezar a transportar pasajeros
Existe además otra condición que las empresas deberán incorporar a sus cálculos.
El plazo contractual de diez años comienza con la emisión de la Orden de Inicio, mientras que la remuneración mediante tarifa y subsidio solamente comienza cuando efectivamente empieza la operación.
La Orden de Inicio podrá emitirse hasta 30 días después de la firma del contrato y posteriormente puede existir una transición de hasta cuatro meses.
Esto significa que parte del plazo concesionado puede comenzar a correr mientras la empresa todavía se encuentra preparando vehículos, personal, infraestructura y operación, sin transportar pasajeros.
Es otro elemento que aumenta la importancia de la estructura financiera con la que los interesados lleguen a la licitación.
La apertura, este 28 de agosto
La sesión pública de la Etapa 2 del Sistema RIO está convocada oficialmente para este viernes 28 de agosto de 2026 a las 11:00, en el auditorio de la Procuraduría General del Municipio de Río de Janeiro.
El propio portal oficial de la Secretaría Municipal de Transportes mantiene publicado el horario y habilitó además una transmisión en vivo de la sesión.
El resultado permitirá conocer un dato fundamental: cuántas empresas están dispuestas a asumir este nuevo esquema de concesiones.
La primera etapa ya había dejado una advertencia.
En febrero de 2026 solamente el Grupo Comporte presentó propuestas. Compitió por los lotes A2 y B2, mientras que el lote estructural B1 no recibió ninguna oferta.
Ahora el desafío es considerablemente mayor.
Son cinco contratos, cerca de 1.420 colectivos, una renovación obligatoria de la flota transitoria antes de 2028 y compromisos operativos por una década.
Colectivos modernos frente a un riesgo financiero de largo plazo
La nueva aclaración deja así dos caras muy diferentes del Sistema RIO.
Desde el punto de vista de la flota, la Municipalidad establece condiciones exigentes: incluso los colectivos usados deberán ser prácticamente nuevos y tendrán una permanencia limitada antes de ser sustituidos por vehículos cero kilómetro.
Desde el punto de vista financiero, en cambio, el subsidio no contará con una garantía independiente del presupuesto municipal.
El Municipio asegura que deberá pagar incluso si existieran restricciones presupuestarias, pero las empresas tendrán que confiar durante diez años en que esos compromisos se cumplan y, ante eventuales incumplimientos, recurrir a los mecanismos de reequilibrio contractual.
Por eso, detrás de una licitación que promete transformar buena parte de los colectivos de Río aparece una pregunta que será determinante para conocer el interés del mercado:
¿cuánto riesgo estarán dispuestas a asumir las empresas para invertir en una flota cada vez más moderna cuando una parte de sus ingresos dependerá, año tras año, del presupuesto municipal?
