Las cámaras empresarias alertaron sobre dificultades para sostener las frecuencias de 104 líneas nacionales y denunciaron un desfasaje de $40.000 millones. Tras una reunión con la Secretaría de Transporte, las restricciones nocturnas quedaron en suspenso, aunque las negociaciones continúan.
El transporte público de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un nuevo conflicto económico que volvió a poner en discusión la continuidad y regularidad de los servicios de colectivos. Las empresas que operan líneas de jurisdicción nacional advirtieron que la falta de actualización de costos y compensaciones podría obligarlas a reducir progresivamente sus frecuencias.
El reclamo fue presentado por cuatro cámaras empresarias: CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA, que señalaron que los ingresos provenientes de la venta de pasajes y las compensaciones estatales resultan insuficientes para afrontar los gastos de funcionamiento.
La advertencia comprende a 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con distintos municipios del conurbano bonaerense, utilizadas diariamente por miles de pasajeros para trasladarse por motivos laborales, educativos y personales.
Recortes nocturnos: la primera medida anunciada
Ante la situación financiera, las compañías anunciaron una reducción escalonada de los servicios, comenzando por las frecuencias nocturnas.
Marcelo Paciutto, representante de CETUBA, explicó que la primera etapa contemplaba una disminución del 50% de las frecuencias entre las 22:00 y las 05:00.
La medida comenzó a aplicarse parcialmente durante la noche del lunes 19 de octubre y generó preocupación entre quienes dependen del transporte público durante la madrugada.
Sin embargo, luego de las reuniones mantenidas con autoridades nacionales, las frecuencias nocturnas volvieron a funcionar con normalidad durante la noche del martes 20 de octubre. La reducción quedó en suspenso mientras las empresas analizan las propuestas oficiales.
Un desfasaje económico de $40.000 millones
Uno de los principales puntos del conflicto es la diferencia entre la recaudación prevista y los ingresos efectivamente registrados por las compañías.
Según las cámaras empresarias, entre junio y octubre se proyectaron ingresos por aproximadamente $280.000 millones, mientras que la recaudación efectiva habría alcanzado los $240.000 millones.
Esa diferencia de $40.000 millones constituye uno de los principales reclamos del sector, que solicita mecanismos de compensación para recuperar los recursos que considera necesarios para sostener la operación.
Las empresas también mencionaron el incremento del costo del combustible, los salarios, el mantenimiento de las unidades y las dificultades para renovar las flotas.
A estas obligaciones se suman las próximas negociaciones paritarias y el pago del medio aguinaldo de diciembre.
El costo del boleto, en el centro de la discusión
Otro aspecto del conflicto es la diferencia entre las tarifas vigentes y los costos estimados de prestación.
En octubre de 2026, el boleto mínimo de las líneas nacionales del AMBA se mantiene en $742,81, mientras que las empresas sostienen que ese valor, junto con las compensaciones reconocidas, no alcanza para financiar adecuadamente el sistema.
De acuerdo con el Índice Bondi de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el costo estimado de un viaje sin subsidios alcanza los $2.494,13.
El mismo relevamiento calculó para septiembre una diferencia cercana a $91.803 millones entre los costos reales estimados del sistema y los valores reconocidos mediante las estructuras oficiales.
Estas cifras forman parte de los cálculos presentados por el sector empresario y constituyen uno de los ejes de la discusión sobre el financiamiento del transporte automotor de pasajeros.
El Gobierno presentó una propuesta para sostener los servicios
Frente a las advertencias empresarias, la Secretaría de Transporte de la Nación mantuvo una reunión con representantes del sector el martes 20 de octubre.
Durante el encuentro, las autoridades presentaron una actualización de la estructura de costos reconocidos, vigente desde octubre, con impacto en las compensaciones mensuales que reciben las prestadoras.
El esquema oficial también contempla mecanismos de actualización progresiva para acompañar la evolución de los gastos operativos.
Respecto de las diferencias de recaudación reclamadas, el Gobierno propuso un plan de regularización mediante tres cuotas, cuya aceptación definitiva todavía depende de las negociaciones entre las partes.
Además, se plantearon modificaciones en los mecanismos de cálculo de compensaciones y previsiones para afrontar las obligaciones salariales de los próximos meses.
Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que las mejoras económicas deben reflejarse en la frecuencia, continuidad y calidad de las prestaciones.
Qué puede pasar con los colectivos del AMBA
Aunque la reducción nocturna anunciada inicialmente quedó en suspenso, el conflicto todavía no está completamente resuelto.
Las cámaras empresarias continúan evaluando las medidas propuestas por el Gobierno nacional y ambas partes acordaron realizar una nueva reunión durante la última semana de octubre.
El resultado de esas negociaciones será determinante para conocer si las empresas podrán mantener las frecuencias actuales o si volverán a implementar restricciones.
Para los pasajeros, el principal punto de atención continúa siendo la regularidad de los servicios, especialmente durante las primeras horas de la mañana, la noche y la madrugada, cuando las alternativas de transporte son más limitadas.
La continuidad del servicio y la previsibilidad económica del sistema permanecen como los principales desafíos de un conflicto que involucra a las empresas, al Estado nacional y a los usuarios del transporte público del AMBA.
