FATAP aseguró que el sistema urbano y suburbano atraviesa una “situación límite” por deudas, suba de costos, tarifas desactualizadas y falta de renovación de unidades. Si no hay respuestas urgentes, podrían registrarse restricciones en distintas provincias.
El transporte público de pasajeros del interior del país volvió a encender una señal de alarma. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, FATAP, advirtió que las empresas del sector atraviesan una crisis crítica que podría derivar en restricciones, reducciones de frecuencia o cancelaciones de servicios a partir del lunes 22 de junio, si no se alcanza una solución en las próximas horas.
El reclamo apunta principalmente a la falta de pago de fondos y compensaciones correspondientes a 2026, tanto por parte del Estado nacional como de distintos gobiernos provinciales. Según la entidad empresaria, la situación financiera de las compañías ya no permite sostener la operación normal de los servicios urbanos y suburbanos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Desde FATAP remarcaron que la intención no es perjudicar a los usuarios, pero señalaron que el sistema llegó a una instancia límite. La entidad sostuvo que el transporte del interior enfrenta una combinación de factores que se acumularon durante los últimos años: aumento del combustible, suba de repuestos, mayores costos laborales, tarifas que no alcanzan para cubrir la operación, falta de actualización de compensaciones y una fuerte paralización en la renovación de flota.
La advertencia llega en un momento especialmente sensible para millones de pasajeros que dependen del colectivo para estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud o trasladarse dentro de sus ciudades. El posible recorte de prestaciones impactaría de manera directa en la movilidad cotidiana de numerosas localidades del país.
Uno de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con los fondos destinados a cubrir beneficios sociales en el transporte. FATAP señaló que las empresas del interior están financiando con recursos propios descuentos y atributos definidos por políticas públicas, como los vinculados a jubilados, beneficiarios de programas sociales, becas Progresar, Veteranos de Malvinas y otros usuarios alcanzados por los Atributos Sociales de la SUBE.
El cuadro también golpea a los trabajadores. En paralelo al reclamo empresario, la Unión Tranviarios Automotor mantiene pedidos de recomposición salarial, mientras que muchas compañías advierten que no están en condiciones de afrontar el pago del medio aguinaldo en tiempo y forma. Algunas empresas incluso analizan la posibilidad de abonarlo de manera desdoblada, lo que suma tensión al conflicto laboral.
La federación empresaria también advirtió sobre un deterioro estructural del sistema. Entre 2024 y 2026, el transporte automotor de pasajeros del interior habría perdido entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo, según los datos difundidos por la entidad. A esto se suma la imposibilidad de renovar unidades, lo que obliga a extender la vida útil de colectivos más antiguos y repercute en la calidad del servicio.
En ese contexto, las empresas aseguran que la crisis ya no se limita a una discusión de costos, sino que amenaza la continuidad misma de las prestaciones. Menos frecuencia, unidades más antiguas, servicios más espaciados y eventuales cancelaciones aparecen como consecuencias posibles si no se destraban los pagos reclamados.
El conflicto vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: cómo se financia el transporte público en el interior del país y qué diferencias existen respecto del AMBA. Mientras los costos operativos crecen mes a mes, las empresas aseguran que el esquema actual no alcanza para sostener un servicio regular, previsible y de calidad.
Desde FATAP pidieron una respuesta integral y urgente de las autoridades nacionales y provinciales para evitar un escenario de mayor conflictividad. La entidad insistió en que defender el transporte público no implica solamente sostener a las empresas, sino garantizar el derecho de millones de personas a moverse, trabajar, estudiar y desarrollar su vida cotidiana.
De no aparecer una solución en el corto plazo, el lunes 22 podría marcar un nuevo punto de tensión para el transporte del interior, con servicios reducidos o cancelados en distintas jurisdicciones y un impacto directo sobre usuarios, choferes y empresas.
