El Gobierno confirmó la quita de subsidios a 1637 colectivos en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en medio del conflicto salarial entre las empresas de transporte y el ministro de Economía, Luis Caputo. El encargado del anuncio fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa este viernes. “Se desmantela un grifo de derroche, ineficiencia y oscuridad”, afirmó el funcionario.
El portavoz de Javier Milei indicó que la decisión se tomó “a partir de un estudio que determinó graves irregularidades”. Fue así que explicó que “el Estado repartía subsidios para un parque automotor de 18.300 colectivos pero nunca se controló si esta era la cantidad que transitaba por el AMBA”. En ese sentido, aseguró que “se subsidiaba una oferta inexistente y tampoco se controlaba si esa cantidad era la necesaria o si la flota era la adecuada”.
Tras ello, Adorni agregó: “Con esto se desmantela un grifo de derroche, ineficiencia y oscuridad que nos salía muy caro a todos”.
El miembro de la administración libertaria explicó que se dejará de pagar el subsidio desde este mes. “Los argentinos ahorraremos 6200 millones de pesos por mes. Era un derroche innecesario e injustificado”, informó. Y cerró: “Con la implementación de este nuevo sistema se va a determinar el trayecto real de cada unidad para hacer más eficiente el servicio del transporte de personas”.
El conflicto por los subsidios
Luego de que el Gobierno eliminara los subsidios al transporte en las provincias, empresas de colectivos en el AMBA comenzaron a reclamar al Ministerio de Economía los pagos correspondientes; incluso, como medida de protesta, se redujo la frecuencia en varias ocasiones. Esta semana de hecho le enviaron una carta documento a Caputo donde le exigieron la cancelación de una deuda de más de 50 mil millones de pesos. La falta de pago, aseguraron, pone en riesgo la continuidad de los servicios que operan en la región.
En la carta -que amplía y unifica los otros dos documentos que ya le habían hecho llegar al funcionario- recuerdan que la Secretaría de Transporte actualizó el 26 de febrero el cálculo de los costos de la actividad “con una nueva subestimación de los costos reales”. En ese sentido, aseguran que la estructura de costos mencionada en la resolución 15/24 “registra groseros errores de cálculo ya que está subvaluada en contra de los operadores 30%”, una situación que “reduce los ingresos tarifarios y/o de compensaciones necesarias en igual proporción”.
“Denunciamos también el ahogo financiero debido a que la Secretaria de Transporte de la Nación adeuda parte de la liquidación de compensaciones tarifarias de los meses de enero y febrero 2024, por la suma de 50.278 millones de pesos”, precisaron.
En ese sentido, indicaron que la mayoría de las empresas “no podrá abonar la suma no remunerativa de $250.000 el 15 de marzo 2024″, cifra dispuesta en el acuerdo salarial del 2 de febrero.
Desde febrero, además, hay un conflicto salarial. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que reúne a los choferes de colectivos, ya amenazó con un paro de colectivos en el AMBA por la demora de la Secretaría de Trabajo en homologar su acuerdo salarial, sellado el 2 de febrero pasado.
Aumento para usuarios que no tengan registrada la SUBE
Los usuarios del transporte en el AMBA que no tengan registrada a su nombre la tarjeta SUBE se verán afectados por la suba que convalidó Caputo para este mes: a partir del 1 de abril, el tramo mínimo de colectivo pasará a costar $430 y el máximo, $590. En tren, el costo del pasaje se duplicará de $130 a $260.
En tanto, aquellos que sí tengan registrada la tarjeta continuarán pagando los $270 actuales por el boleto mínimo en el colectivo.
En el sector se esperaba que las tarifas de servicio de transporte aumentaran 36% en abril, debido a la resolución publicada a mediados de febrero que posibilitaba actualizaciones bimestrales de los boletos por la inflación acumulada en los dos meses previos. El costo del tramo mínimo en el AMBA hubiera crecido de $270 a $367, pero Caputo decidió no realizar el aumentó y convalidó que el incremento recaiga sobre quienes no tengan registrada la SUBE, que serían alrededor de 2 millones de personas.
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