Hubo 16 operativos en oficinas de la empresa y en viviendas de choferes alineados con el dirigente opositor Bustinduy.
Los allanamientos, alrededor de 16 en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, se concretaron el jueves pasado. Al menos uno de ellos fue en la cabecera de la línea 25 que la empresa de transportes DOTA tiene en el barrio de La Boca. La firma, que ostenta el manejo de más de la mitad de las líneas de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es considerada el eje del poderío de Bustinduy y, según la UTA, una suerte de facilitadora de las protestas opositoras. Esa línea discursiva fue replicada por el Ministerio de Transporte tras un paro nacional de colectivos organizado por la lista “Juan Manuel Palacios” el 11 de febrero. Incluso desde esa cartera prometieron tomar medidas contra las empresas que hubiesen paralizado sus servicios.
No fue, sin embargo, la primera vez que oficinas de DOTA fueron allanadas por este conflicto. El 26 de diciembre, dos semanas después de la toma de la UTA, en la empresa reconocieron que la Justicia ingresó en varias de sus oficinas dentro de las líneas de colectivos que administra aunque alegaron que no hubo secuestro de elementos. La semana pasada hubo incautación de bienes. En DOTA argumentaron que entre los productos secuestrados hubo electrodomésticos que, dijeron, formarían parte de un convenio que el personal tiene con un comercio del rubro. Otros operativos se desarrollaron en viviendas particulares y lugares frecuentados por choferes y delegados sindicales identificados con la lista que encabeza Bustinduy.
El presidente del grupo DOTA, José Faijá, hizo llegar la semana pasada un descargo ante los ministros de Transporte, Mario Meoni, y de Trabajo, Claudio Moroni, orientado a separarse de las actividades de Bustinduy e incluso a declararse víctima de sus protestas. En el escrito la compañía alegó que decidió cambiar “radicalmente” su postura pasiva frente a las declaraciones que la relacionan con el líder opositor luego de que Fernández dijera que la huelga del 11 de febrero había sido “un paro de DOTA”.
En un extenso escrito Faijá se presentó como víctima de una disputa intrasindical y buscó aclarar que intentó sin éxito que sus unidades se movilizaran con normalidad durante el paro organizado por Bustinduy. En todo momento, sin embargo, apuntó contra Fernández como mayor responsable de la conflictividad que según dijo, lo perjudica tanto como a los usuarios.
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