El Ministerio de Transporte bonaerense aprobó una nueva metodología de compensaciones económicas para las empresas de colectivos provinciales y municipales del AMBA. La medida busca impulsar la renovación de flotas con tecnologías alternativas al diésel y llega después de meses de controversia entre las cámaras empresarias del sector.
La transición energética del transporte público bonaerense sumó un nuevo capítulo. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un sistema de incentivos económicos para los colectivos impulsados a Gas Natural Comprimido (GNC) y para aquellos que funcionan exclusivamente con energía eléctrica, estableciendo porcentajes diferenciales del 30% y del 50%, respectivamente.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 377-MTRAGP-2026, publicada el 29 de octubre en el Boletín Oficial provincial y firmada por el ministro de Transporte, Martín Marinucci.
La normativa modifica la metodología utilizada para calcular los costos operativos y distribuir las compensaciones tarifarias correspondientes a los servicios de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Sin embargo, la decisión tiene una particularidad importante: los porcentajes no representan un aumento automático del 30% o del 50% sobre todos los subsidios que reciben las empresas, sino que forman parte de un mecanismo específico destinado a reconocer económicamente la utilización de tecnologías de propulsión alternativas.
Cómo funcionarán los nuevos incentivos
La resolución establece un sistema de cálculo diferenciado según la tecnología utilizada por los vehículos.
Para determinar el incentivo, se toma como referencia el costo total por kilómetro correspondiente a una unidad propulsada a gasoil, sin impuestos. Sobre esa base se aplican los siguientes porcentajes:
- Colectivos a GNC: incentivo equivalente al 30%.
- Colectivos 100% eléctricos a batería: incentivo equivalente al 50%.
La incorporación de este reconocimiento económico busca mejorar las condiciones para que las empresas puedan evaluar inversiones en vehículos que utilizan fuentes de energía distintas del gasoil.
Pero el nuevo esquema no se limita a identificar qué tecnología utiliza cada colectivo.
La resolución establece que las unidades deberán encontrarse registradas ante la autoridad de aplicación como integrantes del parque móvil habilitado. Además, la distribución de los fondos correspondientes al incentivo se realizará considerando la cantidad de pasajeros efectivamente transportados por esos vehículos, según los registros del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
Esto significa que el mecanismo contempla tanto la tecnología de propulsión como la utilización efectiva de las unidades dentro del servicio.
En consecuencia, disponer de colectivos a GNC o eléctricos no implica, por sí solo, recibir automáticamente una suma fija adicional por cada vehículo incorporado.
De la tarifa técnica al reconocimiento dentro de los costos operativos
Uno de los cambios centrales de la Resolución 377/2026 está relacionado con la forma en que se incorpora el incentivo al sistema de compensaciones.
La Resolución 224/2026 ya había introducido un diferencial económico en la metodología utilizada para construir las tarifas teóricas de referencia, con el objetivo de estimular las inversiones en tecnologías alternativas.
La nueva disposición deja sin efecto ese mecanismo anterior y traslada el reconocimiento económico a la metodología de determinación de los costos de explotación de los servicios.
También modifica el procedimiento utilizado para calcular y distribuir las compensaciones tarifarias, incorporando una metodología específica para la asignación de los fondos destinados a las unidades a GNC y eléctricas.
De esta manera, la Provincia busca integrar el incentivo dentro de una estructura que distingue los costos operativos según el tipo de combustible o fuente de energía utilizada.
Una decisión que llega después de la controversia empresarial
La oficialización del nuevo sistema tiene un antecedente directo en el conflicto que Revista Colectibondi abordó el 27 de julio de 2026, cuando cuatro cámaras empresarias manifestaron sus objeciones al incentivo económico que se analizaba para los colectivos a GNC.
En aquella oportunidad, representantes de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Buenos Aires (CEUTUBA) solicitaron que no avanzara el esquema en discusión.
Entre los principales cuestionamientos aparecían las diferencias de capacidad financiera entre operadores, los costos de adquisición de las nuevas unidades y las inversiones necesarias para adaptar talleres, instalaciones y sistemas de abastecimiento.
También se planteaba que un incentivo diferencial podía beneficiar a las empresas que ya habían avanzado en la reconversión de sus flotas frente a aquellas que continuaban utilizando mayoritariamente colectivos diésel.
El debate adquirió especial relevancia por las inversiones que algunos operadores, como el Grupo Metropol, comenzaron a realizar para incorporar colectivos propulsados a GNC.
Ahora, con la publicación de la Resolución 377/2026, la discusión ingresa en una nueva etapa: la Provincia estableció formalmente la metodología de reconocimiento económico y los criterios para distribuir los fondos.
La propia resolución menciona la realización de reuniones técnicas con representantes empresariales y la conformación de una mesa de trabajo para analizar los mecanismos de incorporación de nuevas tecnologías.
La publicación de la medida, no obstante, no permite determinar por sí sola si las cámaras que habían expresado objeciones modificaron sus posiciones.
La renovación de las flotas, otro de los objetivos
Además de la diversificación energética, la normativa incorpora una preocupación que atraviesa al transporte público bonaerense: el envejecimiento del parque automotor.
En los fundamentos de la resolución, el Ministerio de Transporte señala que durante los encuentros con representantes del sector y funcionarios municipales se abordó la creciente antigüedad promedio de las unidades, especialmente en los servicios de jurisdicción municipal.
Frente a ese escenario, los incentivos económicos aparecen como una herramienta para promover la incorporación de vehículos más modernos y favorecer el reemplazo progresivo de unidades antiguas.
La decisión también puede tener consecuencias para fabricantes, carroceros, importadores y proveedores de equipamiento vinculados con las nuevas tecnologías de propulsión.
No obstante, la renovación de una flota no depende únicamente de las compensaciones económicas. Los costos de adquisición, las posibilidades de financiamiento, la infraestructura de carga, la disponibilidad energética y las condiciones operativas de cada recorrido continúan siendo factores relevantes para las empresas.
Desde cuándo se aplicarán las modificaciones
La Resolución 377/2026 dispone que las nuevas metodologías de cálculo y distribución se apliquen a partir de las liquidaciones correspondientes a septiembre de 2026.
Además, aprueba los cálculos de costos e ingresos medios para el tercer cuatrimestre del año, comprendido entre septiembre y diciembre, y establece los montos de compensaciones tarifarias correspondientes al período mediante sus anexos.
La medida alcanza al régimen provincial de compensaciones para servicios municipales y provinciales del AMBA. Por lo tanto, no debe interpretarse como una modificación automática de los mecanismos de subsidios correspondientes a las líneas de jurisdicción nacional.
Tampoco establece, por sí misma, un incremento en el precio del boleto que pagan los pasajeros.
Una nueva etapa para la transición energética del AMBA
La oficialización de los incentivos incorpora una nueva variable económica al momento de evaluar la compra de colectivos.
Para las empresas, el reconocimiento diferencial puede modificar las proyecciones de costos e ingresos vinculadas con la operación de vehículos a GNC o eléctricos. Para los fabricantes y proveedores, representa una señal regulatoria que podría influir en la demanda de nuevas unidades.
Sin embargo, todavía será necesario observar cómo se traduce el mecanismo en las liquidaciones efectivas, qué operadores acceden al incentivo y de qué manera evoluciona la incorporación de vehículos con estas tecnologías.
La resolución tampoco garantiza que todas las empresas estén en condiciones de realizar las inversiones necesarias para transformar sus flotas en el corto plazo.
Lo que hasta hace algunos meses estaba atravesado por cuestionamientos empresariales y discusiones sobre la conveniencia del esquema ahora cuenta con un procedimiento formal de cálculo y distribución.
El desafío, de aquí en adelante, será comprobar si ese incentivo económico se convierte efectivamente en más colectivos a GNC y eléctricos circulando por las calles del conurbano bonaerense, sin perder de vista la sustentabilidad del sistema y la calidad del servicio que reciben diariamente los pasajeros.
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