La transición energética del transporte público abrió una nueva disputa entre las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Cuatro cámaras empresarias presentaron una nota ante el Ministerio de Transporte bonaerense para solicitar que no avance el incentivo económico proyectado para las unidades impulsadas por Gas Natural Comprimido (GNC).
La presentación ingresó el viernes 24 de julio y fue firmada por Roberto Rodríguez, Daniel Tenisci, Daniel De Ingenis y Fabio Ferreira, representantes de CTPBA, CEAP, CETUBA y CEUTUBA, entidades que agrupan a empresas con servicios de jurisdicción provincial y municipal.
El pedido está dirigido al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci. Su objetivo es frenar un esquema que incrementaría un 30% la tarifa técnica de referencia correspondiente a los pasajeros transportados en colectivos a GNC.
Un incentivo financiado con los mismos subsidios
La tarifa técnica representa el costo reconocido por el Estado para prestar el servicio. La diferencia entre ese valor y el boleto abonado por el pasajero se cubre mediante compensaciones públicas.
El proyecto que analiza la Provincia otorgaría una ponderación mayor a los viajes efectuados en unidades a gas. De esta manera, los operadores que incorporen colectivos con esa tecnología recibirían una participación superior dentro del sistema de compensaciones.
El principal cuestionamiento empresario es que el incentivo no estaría acompañado por un aumento del presupuesto general destinado al transporte. Si el fondo disponible se mantiene sin cambios, el adicional para los vehículos a GNC implicaría una reducción de los recursos distribuidos entre las unidades diésel.
Las cámaras consideran que el mecanismo podría “devaluar” artificialmente buena parte del parque automotor actual y perjudicar especialmente a las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con capacidad financiera para renovar inmediatamente sus vehículos.
Costos, infraestructura y concentración empresarial
Los firmantes también plantearon dudas sobre la infraestructura necesaria para sostener una reconversión masiva. Entre los argumentos presentados aparece la cantidad limitada de estaciones capaces de cargar colectivos a GNC en diferentes sectores del conurbano bonaerense.
A esto se suma el costo de adquisición de las nuevas unidades, la adaptación de talleres y cabeceras, y las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento diario sin afectar los diagramas de servicio.
La controversia se produce después de que el Grupo Metropol avanzara con la importación de 150 colectivos King Long fabricados en China e impulsados por GNC. La incorporación convirtió al operador en uno de los principales protagonistas de la transición hacia el gas dentro del transporte metropolitano.
Para las cámaras que cuestionan el proyecto, el incentivo podría favorecer a los grupos que ya realizaron grandes inversiones mientras reduce los recursos disponibles para las empresas que continúan operando mayoritariamente con vehículos diésel.
El antecedente de la Ciudad de Buenos Aires
El mecanismo analizado por la Provincia tiene como antecedente el esquema adoptado por la Ciudad de Buenos Aires para las líneas transferidas a su jurisdicción.
La Resolución 103/SECT/25 estableció que la tarifa técnica correspondiente a un pasajero transportado en una unidad a GNC recibe un incremento del 30%. Para los colectivos eléctricos, el adicional asciende al 50%.
La normativa porteña busca generar una señal económica que acelere la incorporación de tecnologías con menores emisiones. Sin embargo, su posible aplicación en territorio bonaerense vuelve a plantear cómo financiar esa transición y quién debe asumir sus costos.
La Provincia todavía no oficializó el proyecto
Hasta el momento, el Gobierno bonaerense no publicó una resolución que establezca el incentivo del 30% para los colectivos a GNC. Por lo tanto, la presentación empresarial se dirige contra un proyecto en evaluación y no contra una medida que ya se encuentre vigente.
La discusión tampoco supone, por ahora, un aumento del boleto ni una modificación inmediata de los servicios. El punto central es cómo se distribuirán las compensaciones entre los operadores si la Provincia decide premiar la incorporación de unidades a gas sin ampliar los fondos disponibles.
El conflicto expone uno de los principales desafíos de la transición energética: reemplazar los colectivos diésel requiere incentivos, infraestructura y financiamiento, pero cualquier cambio dentro de un presupuesto limitado también genera ganadores y perdedores.
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