El Concejo Deliberante continúa discutiendo el nuevo pliego para licitar el transporte urbano de pasajeros. El proyecto contempla una concesión por dos décadas y busca establecer las reglas con las que funcionarán los colectivos de la ciudad hasta aproximadamente 2046. Una mesa especial creada para acelerar los acuerdos terminó naufragando y el debate regresó a la Comisión de Movilidad Urbana.
Mar del Plata vuelve a discutir una de las decisiones más importantes para el futuro de su transporte público: cómo funcionará el sistema de colectivos durante los próximos 20 años.
La Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante retomó el 24 de agosto el tratamiento del expediente 1729/25, que busca autorizar al Departamento Ejecutivo a convocar una licitación pública nacional e internacional para concesionar el servicio de transporte urbano colectivo de pasajeros del partido de General Pueyrredon.
No se trata de una discusión menor. De avanzar en los términos planteados, el próximo contrato podría extenderse durante dos décadas y establecer buena parte de las condiciones con las que viajarán marplatenses y turistas hasta aproximadamente 2046.
Por eso, cada definición que se incorpore hoy al pliego —desde la antigüedad permitida para los colectivos hasta las frecuencias, la accesibilidad o la tecnología exigida— puede tener consecuencias durante muchos años.
Una mesa para intentar alcanzar acuerdos
Ante las diferencias surgidas durante el debate legislativo, el presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, Guido García, impulsó el 24 de agosto la creación de un espacio especial de trabajo.
La propuesta contemplaba tres encuentros, con la participación de un representante de cada bloque político y funcionarios del Ejecutivo municipal, con el objetivo de analizar modificaciones y alcanzar un texto consensuado antes de emitir un despacho definitivo.
Sin embargo, la iniciativa encontró resistencia.
El 31 de agosto se realizó el denominado “Espacio de Trabajo Complementario”, aunque buena parte de la oposición decidió no participar al considerar que la instancia quedaba por fuera del funcionamiento reglamentario habitual del Concejo.
El intento terminó prácticamente en su primera reunión y se resolvió que el expediente volviera a discutirse dentro de la Comisión de Movilidad Urbana.
El proceso, por lo tanto, continúa abierto. Todavía no existe una aprobación definitiva del pliego ni una convocatoria abierta para que las empresas presenten ofertas.
Una licitación que condicionará dos décadas
El plazo de 20 años convierte al futuro contrato en algo mucho más amplio que una simple renovación de operadores.
Una concesión de semejante duración debería intentar anticipar cómo evolucionará la movilidad urbana durante las próximas dos décadas.
En 2046 probablemente sean diferentes las tecnologías de propulsión, los sistemas de pago, las herramientas de información al pasajero y hasta las formas en las que los usuarios planifican sus viajes.
Por eso, un pliego pensado solamente para resolver las necesidades actuales corre el riesgo de quedar desactualizado mucho antes de finalizar el contrato.
La discusión debería establecer no sólo quién prestará el servicio, sino bajo qué condiciones deberá modernizarlo.
Qué debería quedar escrito ahora
Uno de los puntos centrales es la renovación de la flota.
El contrato debería establecer claramente cuál será la antigüedad máxima permitida para las unidades, la edad promedio que deberá mantener cada operador y un cronograma verificable de incorporación de nuevos colectivos.
La accesibilidad aparece como otro aspecto fundamental. El Consejo Municipal de Discapacidad ya reclamó que el pliego establezca pautas mínimas obligatorias y plazos concretos para incorporar unidades de piso bajo y garantizar condiciones de accesibilidad universal.
Pero hay otros elementos que resultarán determinantes.
Deberían establecerse frecuencias mínimas verificables, indicadores de regularidad y mecanismos automáticos de sanción cuando los operadores incumplan. No alcanza con establecer cuántos colectivos debe tener una línea: también será necesario controlar cuánto esperan realmente los pasajeros en las paradas.
La tecnología también debería formar parte estructural de la concesión.
GPS obligatorio, información de arribos en tiempo real, datos abiertos sobre recorridos y frecuencias, aplicaciones interoperables y sistemas que permitan al municipio fiscalizar la operación podrían convertirse en herramientas básicas para controlar el servicio.
¿Y la transición energética?
Veinte años representan además un período particularmente largo frente a la transformación que atraviesa actualmente la industria del transporte.
Durante la vigencia del próximo contrato podrían generalizarse tecnologías que hoy todavía están iniciando su expansión en Argentina: colectivos eléctricos, híbridos, unidades a GNC y otras alternativas destinadas a reducir consumo y emisiones.
Por eso, más que exigir una única tecnología desde el primer día, el pliego podría establecer objetivos progresivos de renovación y descarbonización, capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos sin obligar a la ciudad a mantener durante décadas una solución que eventualmente quede obsoleta.
También deberían contemplarse las inversiones necesarias para acompañar esa transformación: infraestructura de carga, adecuación de cabeceras, talleres, capacitación y disponibilidad energética.
Un sistema que ya lleva años esperando una definición
El actual constituye el tercer intento de avanzar con una licitación de largo plazo, después de procesos anteriores que no lograron concretarse. La propuesta vigente plantea una concesión por 20 años y busca rediseñar un sistema cuya estructura tradicional, fuertemente orientada hacia el centro de la ciudad, es considerada insuficiente frente a las nuevas necesidades de movilidad.
El desafío será lograr un equilibrio entre generar condiciones suficientemente atractivas para que existan inversiones y competencia empresarial, y evitar que un contrato tan prolongado reduzca la capacidad del Estado municipal para exigir mejoras durante su vigencia.
Porque discutir una concesión hasta aproximadamente 2046 no significa solamente definir qué empresas manejarán los colectivos de Mar del Plata.
Significa decidir qué calidad de servicio deberán ofrecer, con qué unidades, con qué frecuencias, qué información tendrán los pasajeros, cómo se controlará a los operadores y qué inversiones deberán realizarse para que el sistema pueda evolucionar durante los próximos 20 años.
El nuevo pliego, en definitiva, no debería limitarse a garantizar que los colectivos sigan circulando.
Debería intentar definir qué transporte público quiere tener Mar del Plata para las próximas dos décadas.
