Una resolución de la Secretaría de Transporte reemplazó los beneficios porcentuales que recibían los colectivos impulsados por energías alternativas por un nuevo sistema de compensaciones basado en los costos operativos. La medida genera interrogantes sobre las inversiones y la modernización del transporte público argentino.
La transición energética del transporte público argentino enfrenta un nuevo escenario. El Gobierno nacional modificó el mecanismo de compensaciones económicas destinado a las empresas de colectivos que incorporan unidades impulsadas a Gas Natural Comprimido (GNC) y electricidad, dejando atrás un esquema que otorgaba beneficios adicionales para incentivar la utilización de tecnologías alternativas al gasoil.
La decisión quedó establecida mediante la Resolución 83/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada el 13 de noviembre en el Boletín Oficial, y alcanza a los servicios urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional.
Aunque se trata de una modificación en la metodología de cálculo de los subsidios, sus consecuencias podrían extenderse a las decisiones de inversión, renovación de unidades y desarrollo de infraestructura para combustibles alternativos.
Del incentivo fijo al reconocimiento de costos
Hasta ahora, el sistema contemplaba un reconocimiento diferencial en la denominada Tarifa Teórica de Referencia (TTR), uno de los parámetros utilizados para distribuir las compensaciones económicas entre las empresas operadoras.
La metgncodología anterior establecía un adicional del 30% para los pasajeros transportados en unidades a GNC y del 50% para aquellos que utilizaban colectivos eléctricos.
Estos porcentajes buscaban mejorar las condiciones económicas para las empresas que apostaran por tecnologías diferentes al motor diésel tradicional, especialmente frente a las mayores inversiones iniciales que pueden requerir determinados vehículos y su infraestructura de abastecimiento.
Con la nueva resolución, los porcentajes fijos dejan de formar parte de la metodología y son reemplazados por un cálculo que diferencia los costos por kilómetro de las unidades según el tipo de energía utilizada: gasoil, GNC o electricidad.
Esto no significa que desaparezca todo reconocimiento económico para las tecnologías alternativas. El nuevo esquema mantiene la diferenciación de costos, pero modifica la manera de determinar las compensaciones que recibe cada empresa.
La Secretaría de Transporte sostiene en los fundamentos de la medida que el objetivo es reflejar de manera más precisa la estructura económica de cada tecnología y adecuar el sistema a los costos reales de operación.
La renovación de flotas, en el centro de la discusión
El cambio llega en un momento en el que distintas empresas de transporte comenzaron a incorporar colectivos a GNC y eléctricos como parte de sus estrategias de modernización.
En los últimos años, el gas natural ganó protagonismo como una alternativa al gasoil, mientras que la electromovilidad comenzó a desarrollarse mediante experiencias puntuales y proyectos de incorporación de nuevas unidades.
Sin embargo, la transformación de una flota no depende exclusivamente de la compra de vehículos.
También implica inversiones en talleres, sistemas de abastecimiento, instalaciones eléctricas, estaciones de carga, capacitación técnica y adaptación de los procedimientos de mantenimiento.
En ese contexto, la previsibilidad de las reglas económicas resulta fundamental.
Una empresa que decide incorporar colectivos con una vida útil de varios años necesita evaluar no solamente el costo de adquisición, sino también los gastos de operación y el marco regulatorio bajo el cual desarrollará su actividad.
La modificación de los incentivos introduce una nueva variable en esas proyecciones y podría llevar a algunas operadoras a revisar sus planes de inversión.
GNC, electricidad y diésel: tres tecnologías bajo una nueva metodología
La Resolución 83/2026 establece una estructura de cálculo que contempla las particularidades económicas de los diferentes sistemas de propulsión.
En el caso de los colectivos a GNC, deberán considerarse los costos asociados a esta tecnología y su operación. Para los vehículos eléctricos, la estructura también deberá reflejar las características específicas de su funcionamiento.
Por su parte, los colectivos diésel continúan formando parte del esquema general de compensaciones.
El nuevo sistema se encuentra vinculado con la actualización de costos aprobada mediante la Resolución 80/2026, que incorporó parámetros específicos para cada tecnología y un costo ponderado según su participación dentro del parque automotor.
La cuestión central será determinar si los valores reconocidos resultan suficientes para sostener las inversiones ya realizadas y estimular nuevas incorporaciones.
¿Qué significa para los pasajeros?
La resolución no establece directamente un aumento en el precio del boleto ni modifica por sí misma los recorridos o las frecuencias de los servicios.
Su impacto inmediato se concentra en la distribución de las compensaciones económicas que reciben las empresas de transporte.
No obstante, las decisiones relacionadas con el financiamiento de las flotas pueden influir, a mediano y largo plazo, sobre la velocidad con la que se incorporan vehículos nuevos, tecnologías menos contaminantes y mejoras en el servicio.
Por ese motivo, el debate excede la discusión sobre subsidios y alcanza al modelo de transporte público que se pretende desarrollar en los próximos años.
Un desafío para el futuro del transporte argentino
La Argentina cuenta con una extensa experiencia en el uso del gas natural como combustible vehicular y, al mismo tiempo, comienza a explorar con mayor profundidad las posibilidades de la movilidad eléctrica en el transporte colectivo.
Ambas tecnologías presentan características, costos y necesidades de infraestructura diferentes.
Por eso, su desarrollo requiere una planificación que contemple tanto la sustentabilidad económica de las empresas como los objetivos ambientales y de modernización del sistema.
La nueva metodología de compensaciones será aplicada a las liquidaciones correspondientes a octubre de 2026 y los períodos posteriores, según establece la resolución.
A partir de ahora, uno de los principales interrogantes será cómo responderá el sector ante este cambio y qué efecto tendrá sobre los próximos proyectos de incorporación de unidades.
La discusión de fondo ya no pasa solamente por determinar cuánto cuesta operar un colectivo a GNC, eléctrico o diésel, sino por definir qué condiciones necesita la Argentina para construir un transporte público más moderno, eficiente y sustentable.
Fuente:
- Secretaría de Transporte — Resolución 83/2026, publicada en el Boletín Oficial el 13 de noviembre de 2026.
- Secretaría de Transporte — Resolución 31/2026, metodología anterior de compensaciones.
