El AMBA es un conglomerado complejo. Viven allí unos 16 millones de personas en 13.000 kms2. Es decir, algo más de un tercio de los argentinos que producen la mitad del PBI Nacional. Si bien no es una entidad jurídica en sí misma existe un reconocimiento en ese sentido y desde el punto de vista del transporte, sí lo tiene. En el AMBA conviven regiones con niveles de desarrollo socio- económico similares al Norte de Europa, con otras cuyos estándares son propios de países subdesarrollados. Heterogeneidades y desigualdades muy comunes en las megalópolis latinoamericanas.
Las enormes inversiones necesarias en infraestructura ferroviaria para atender semejante demanda -tanto para trenes o subtes- prácticamente tornan inviables las expansiones de dichas redes a mediano plazo en el actual contexto. Por lo tanto, los viajes dentro del sistema de transporte automotor AMBA, que ya representaba el 80% (en 2019) de los usos del transporte público (compuesto de trenes, subtes y colectivos), incrementó su proporción al 86% durante 2020 al haber menor uso de trenes y subtes. Luego en 2021 siguió subiendo hasta llegar al 88%. Esto significa que el colectivo es cada vez estratégico en la movilidad de los trabajadores del AMBA, que es donde está más de la mitad del raleado PBI argentino.
Motos, autos, bicicletas, monopatines eléctricos no son la solución. Porque no tenemos la red de autopistas que tiene Los Ángeles para los autos particulares, ni la seguridad y los tramos cortos de las ciudades europeas como para circular en bicicleta. Por eso en plena pandemia 2021 el 88% de los usuarios del transporte público se mueve en colectivo, pagando apenas 13 pesos promedio por viaje.
¿Cuál es entonces la alternativa en promedio más eficiente/segura/económica que tienen los trabajadores? Incluso en los momentos más duros de la cuarentena inicial 2020, y en medio de la más feroz caída económica de la historia argentina se registraron casi 50 millones de transacciones SUBE en los colectivos del AMBA (abril 2020). Difícil perforar ese piso sin producir una catástrofe. Prueba esto que en solo 6 meses después y con una leve recuperación económica luego de semejante caída ya se había duplicado la cantidad de pasajeros sin siquiera abolir el régimen ASPO.
Por lo tanto, los 15 millones de habitantes actuales, más el millón y medio que se suma en los próximos 10 años, van a seguir requiriendo como el agua de un sistema de transporte automotor de amplio alcance y capilaridad -en la mayoría de los municipios del AMBA e incluso barrios de CABA solo el Transporte automotor es el único medio público exclusivo a disposición de la población-.
Costo por viaje, seguridad vial, accesibilidad sin importar estado de salud del usuario, condición social o lugar de residencia, sumado al grado de ocupación vía pública por pasajero transportado, independencia del clima, o contaminación por pasajero transportado. Ningún otro medio arroja mejor resultado al combinar todas esas variables juntas, en un AMBA donde hay cada vez más asentamientos y barrios carenciados con necesidades básicas insatisfechas.
Argentina se encuentra, y probablemente lo estará en los próximos años muy rezagada en cuanto digitalización de muchas actividades. Al 2020 el 80% de los puestos de trabajo «no son teletrabajables». Millones de niños en el AMBA no saben lo que son las «clases por zoom». Esta es la realidad del AMBA y lo será por bastante. Incluso una precarización de las actividades y el surgimiento del cuentapropismo, como medio para sobrevivir de muchas familias luego de esta crisis feroz, también va a requerir de un transporte publico seguro, accesible y económico, lo que nos retorna otra vez a la necesidad de colectivos circulando en las calles, en los cuales el 80% del costo es mano de obra, combustible (donde no rige ningún «precio cuidado») y repuestos.
Por todas estas cuestiones, la disponibilidad y sostenibilidad del Transporte público automotor de pasajero se torna vital y estratégica, como la circulación de la sangre por las venas de un cuerpo en una Argentina que necesita volver a producir urgente para que millones de familias subsistan.
Pero el sector enfrenta una tormenta peor que la de 2001. En aquel entonces no había subsidios y se viajaba por un dólar promedio al pasajero de tarifa. 20 años después el pasajero paga en términos relativos a su salario 10 veces menos que hace 2 décadas. La contrapartida es la cuenta de subsidios que hoy se paga en el AMBA (uno $ 10.000 millones al mes), los cuales, aunque parezca mucho, son poco ya que financian la circulación de 18.000 unidades al 50% de ocupación habitual pre-pandemia, con cerca del 10% del personal sin poder trabajar por ser grupo de riesgo, y sin considerar la inflación que hubo en estos 8 meses sobre insumos (dolarizados muchos de ellos, e incluso con desabastecimiento en muchos casos como cubiertas). Circular con cubiertas lisas por falta de insumos, con lo que ello implica, es una realidad que pronto comenzaremos a ver de continuar este camino.
La falta de avances y la dificultad que implica en este país tomar decisiones preventivas, antes que reactivas, -recordar tragedia de Once- hacen que sea muy probable que el AMBA padezca una pronta parálisis de su sistema de transporte, con consecuencias imprevisibles sobre el futuro inmediato de muchas actividades económicas – muchas de ellas esenciales- algo que, en plena pandemia y crisis económica, no nos podemos permitir sin lamentar las profundas y graves consecuencias que esto traería.
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