El gobierno municipal autorizó a los transportistas escolares a realizar servicios punto a punto desde los barrios hasta el centro. Ayer fue la «prueba piloto». Hay críticas de las organizaciones de usuarios.
El paro de colectivos decretado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para este lunes en Bariloche enfrentó a trabajadores contra trabajadores. Desde muy temprano, los transportistas escolares prestaron un servicio “punto a punto”, sin paradas intermedias, entre algunos barrios y el centro de la ciudad que generó malestar entre otros trabajadores del rubro.
La Asociación Unida de Transportes Escolares había sido convocada por el gobierno municipal para avanzar en un proyecto que permita ofrecer un servicio desde tres barrios (645 Viviendas, Los Coihues y Península San Pedro) al centro. Al saber de un nuevo paro de transporte, decidieron brindar una alternativa a los usuarios de colectivos.
“Nos llamaron varios presidentes de juntas vecinales para pedirnos este paliativo. Cobramos 60 pesos pero fue una prueba piloto”, explicó Antonio Ramírez, presidente de la asociación.
Aseguró que a las 6.45, salieron algunos servicios de dos sectores del barrio San Francisco, Unión, El Frutillar, El Pilar y Arrayanes, entre otros.
Muchos pasajeros, contó Ramírez, plantearon que “por los costos, no están en condiciones de tomar un taxi. Un par de viajes pueden pero pagar en reiteradas ocasiones no les cierra el numero”.
En relación a este servicio, el jefe de Gabinete, Marcos Barberis, explicó que en marzo, se autorizó al transporte escolar a realizar el traslado del personal de la construcción. “En esta oportunidad, la idea surgió de ellos, también con el transporte turístico, para darle una mano al vecino. Nos consultaron y les dijimos que sí”, señaló el funcionario.
Respecto al paro de choferes del servicio urbano, el funcionario advirtió que había un compromiso con la UTA para abonar el 50% del salario de los choferes este lunes y el 50% restante, una vez que ingresara el subsidio del gobierno provincial, estimado para el 20 de agosto. “La decisión de ellos fue parar de todos modos pese a que había fecha de pago. También teníamos muchas quejas de la gente que no iba a poder concurrir a trabajar sin colectivos”, esgrimió Barberis.
Servicio chárter
Los transportes escolares tienen capacidad para 19 pasajeros pero en contexto de pandemia, solo pueden trasladar a unas 12 personas. Los choferes, aseguraron, están aislados en una especie de cabina, se exige el uso del barbijo y alcohol en gel. Todas las unidades disponen de un trapo con lavandina.
Ramírez reconoció que la iniciativa generó “un roce” con taxistas, remiseros y choferes de Mi Bus. “Los escolares dejamos de trabajar en diciembre del 2019. Habilitamos los vehículos para arrancar el ciclo lectivo y llegamos a trabajar ocho días hábiles. Ahora, teníamos expectativas con el comienzo de clases pero viendo los protocolos y los grados que arrancarían, esos chicos no usan transporte escolar. Es un año perdido”, dijo Ramírez.
Detalló que el gobierno provincial solo otorgó prórrogas en los vencimientos de los impuestos hasta diciembre. “Cada vez vamos a estar más complicados y con más deudas”, planteó.
La semana pasada se reunieron con el intendente Gustavo Gennuso a fin de evaluar la posibilidad de brindar servicios “punto a punto tipo chárter”, desde tres puntos hasta el centro.
“Esta posibilidad de cubrir el paro fue eventual. Solo por hoy. El ejecutivo municipal propuso un proyecto de ordenanza de servicio alternativo de transporte. Pero está todo en discusión”, detalló.
Críticas
La Multisectorial por el Transporte Público definió el traslado en combis escolares como “algo descabellado”.
“Puede llegar a originar situaciones trágicas. No puede ser que las juntas vecinales en forma individual contraten este tipo de transporte. No sabemos en qué condiciones se realiza el servicio, ni quién fijó el precio, ni el grado de intervención del Estado”, cuestionó Angel Vainstein, integrante de la organización.
Consideró que “no es responsabilidad de los choferes de las combis que atraviesan una tremenda situación personal sino del Estado y de la justicia”.
Desde la Multisectorial, se solidarizaron “con los choferes que aún no cobraron su salario”. “Se les adeuda más de 13 millones de pesos por salarios anteriores y hace un año que no se realizan las cargas por aportes jubilatorios que debería fiscalizar el municipio”, planteó Vainstein.
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