El dirigente disidente Miguel Bustinduy, rival de Roberto Fernández, logró su cometido de llamar la atención al dejar sin colectivos a casi 700 mil personas.
Casi 700 mil personas tuvieron dificultades para movilizarse ayer por el paro de colectiveros lanzado por un sector opositor de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a espaldas del gremio y con la advertencia del Gobierno de que aplicará multas a las empresas envueltas en la medida. Fue un nuevo capítulo de la disputa que mantiene el dirigente Miguel Bustinduy con el líder del sindicato, Roberto Fernández, por el control de la organización, y que hizo eclosión a mediados de diciembre pasado con una violenta toma de la sede central.
La huelga, que el Ejecutivo tildó de “ilegítima”, alcanzó unas 52 líneas de colectivos con servicios en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en su mayoría pertenecientes al grupo DOTA, el principal jugador del mercado del transporte automotor de pasajeros del país y origen del poderío sindical de Bustinduy.
Más allá de que el Gobierno ratificó de manera implícita su apoyo a la jefatura formal de la UTA, el impacto inicial del paro (con el correr de las horas los funcionarios dijeron que mermó) patentizó el poder de daño del referente opositor y las dificultades de Fernández para mantener bajo control un gremio de carácter estratégico.
El argumento alegado para la medida de fuerza fue el desfasaje entre los salarios de los choferes y la inflación acumulada en los últimos años, y en particular la falta de pago de los $3.000 de aumento decretados por Alberto Fernández con los sueldos de enero para todos los trabajadores del sector privado. También figura el deterioro de las condiciones laborales en la actividad en el pliego de demandas de la lista opositora “Juan Manuel Palacios”, que encabeza Bustinduy. Sin embargo, por detrás crece una disputa por el manejo del gremio que terminó de quedar expuesta cuando la nómina opositora fue marginada de las últimas elecciones internas, en octubre de 2018.
Desde entonces Bustinduy se fortaleció al amparo de DOTA y se recostó en las estructuras disidentes de la CGT orientadas por Hugo Moyano. El camionero alimenta desde hace años la rivalidad con Roberto Fernández con quien jamás comulgó desde la muerte de su antecesor, Juan Manuel Palacios, mano derecha de Moyano en los ’90 cuando juntos lideraron la oposición sindical a Carlos Menem.
El Gobierno tomó partido a favor de la jefatura formal del gremio, al igual que como sucedió durante la gestión de Mauricio Macri. De fondo se trata de contar con un liderazgo confiable en un sector estratégico del que depende el movimiento de millones de personas hacia y desde sus lugares de trabajo, y por el que circula un sistema de subsidios cuantiosos que distribuye el Estado a las empresas de colectivos y sin los cuales no podrían pagarse los sueldos.
El ministro de Transporte, Mario Meoni, tildó ayer de “ilegítima” la huelga y advirtió a la radio El Destape que “el conflicto interno no tiene que ver con cuestiones salariales”. La alianza entre el Gobierno y la UTA se cristalizó, entre otros hechos, en el nombramiento del abogado Abel De Manuele, histórico asesor del gremio, como jefe de Gabinete de Meoni.
En la misma línea la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) emitió un comunicado en el que consideró “arbitraria e injustificada” la protesta por parte de “un grupo de trabajadores del transporte automotor de pasajeros” y avisó que “se tomarán medidas sancionatorias” contra las empresas que no hubiesen prestado servicios, sin especificar de qué se tratarían.
“Hacemos saber que la convocatoria a un paro ha sido parcial y reducida a un grupo de líneas pertenecientes a ese grupo empresario (DOTA) y que, frente a la falta de fundamentos, y más allá de los intereses particulares y gremiales, la CNRT procederá a tomar las medidas sancionatorias pertinentes ante el incumplimiento de la obligación empresaria, en las líneas afectadas, del servicio público de pasajeros en el día de la fecha”, añade el texto.
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