Los líderes del Congreso de Estados Unidos han llegado a un acuerdo para prohibir los autobuses eléctricos chinos, en un polémico movimiento que algunas fuentes indican puede provocar un daño a la competencia de la industria para atender las crecientes necesidades de este tipo de vehículos por parte de las operadoras nacionales en su búsqueda por la reducción de emisiones.
Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado presentaron el lunes una disposición en un proyecto de ley de defensa que prohibiría a las agencias de transporte utilizar fondos federales para comprar autobuses eléctricos y vagones de ferrocarril fabricados por empresas chinas por cuestiones de seguridad nacional, y que entrará en vigor en un periodo de dos años, respetando los contratos firmados hasta el momento.
En la práctica esto supondrá un duro revés para fabricantes como BYD, que se ha convertido en el mayor fabricante mundial de autobuses eléctricos y que no podrá seguir operando en Estados Unidos. Algo que pondrá además en serio peligro los 1,000 empleos dedicados a la fabricación de autobuses que los chinos tienen en la localidad norteamericana de Lancaster.
Desde BYD se ha respondido con un duro comunicado criticando esta medida: «Esta desafortunada decisión recompensa una campaña de desinformación con especial interés en aplastar la competencia en el sector de los autobuses eléctricos, y podría debilitar la competitividad estadounidense, amenazar cientos de empleos sindicales y debilitar la lucha de nuestro país contra el cambio climático».
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BYD ha indicado que continuarán trabajando durante al menos los próximos dos años para cumplir los muchos encargos que tienen sobre la mesa, y atender los pedidos de clientes privados que no usarán fondos públicos para la compra. Pero al mismo tiempo han reconocido que la acción del Congreso podría conducir a precios más altos y menos vehículos eléctricos en la carretera.
La medida tampoco ha sido bien acogida por los representantes de las empresas, como el lobby TransitCenter,. Desde esta potente organización se ha indicado que las compras de flota de autobuses eléctricos muestran en sus estadísticas que no es una tecnología madura. Si además limitamos la competencia en este punto, se podría estar bloqueando a las agencias en decisiones que tendrán consecuencias negativas en el futuro al reducir las opciones. Algo que puede tener como consecuencia que las agencias o empresas que usen dinero público no puedan comprar el mejor producto.
El principal problema es que aunque las empresas norteamericanas, como New Flyer o Proterra se beneficiarían claramente de esta medida, su capacidad de producción no garantiza el poder satisfacer la creciente demanda del sector. Principalmente en un momento donde decenas de ciudades de Estados Unidos están comenzando la planificación de sus futuras flotas, donde los autobuses eléctricos jugarán un papel primordial. Como ejemplo Nueva York, que se ha comprometido a transformar toda su flota de autobuses a eléctricos en 2040. Por su parte Los Ángeles lo quiere lograr 10 años antes, en 2030.
Unos objetivos climáticos que serán todavía más difíciles de alcanzar si los autobuses eléctricos no ofrecen unas prestaciones competitivas frente a los modelos con motor de combustión. Unas prestaciones y precios que evolucionarán por el desarrollo de la tecnología, pero también por el impulso de factores como la competencia entre empresas y las ayudas públicas. Dos factores que como vemos están en riesgo en Estados Unidos.
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