La Justicia cordobesa aceptó como «acción colectiva ordinaria» una demanda promovida por la asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos contra las empresas de transporte de la capital provincial por «incumplir» con la prestación de servicios entre el 5 y el 13 de julio de 2017, cuando hubo un paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA, el gremio que agrupa al personal del servicio). La ONG pide una multa de $5 millones por compañía, lo que hace un total de $20 millones.
En la presentación se cuestiona tanto la falta de servicio como el «no haber informado de manera clara, detallada y veraz, las medidas» que se instrumentaban para restablecer la circulación.
Durante ese paro de transporte -el más prolongado que se registra hasta ahora en Córdoba-, las empresas Coniferal, ERSA, Autobuses Santa Fe y Tamse no dispusieron un servicio mínimo; salvo los taxis, en la ciudad no hay otro servicio de transporte urbano, por lo que miles de personas tuvieron problemas para trabajar, estudiar o hacer trámites.
La jueza Patricia Asrin consideró que, en principio, aparecen «elementos suficientes para entender que en la presente causa se encuentran comprometidos derechos individuales homogéneos», y determinó que el proceso sea sustanciado como colectivo. La asociación civil pretende que el 80% de la multa que se imponga sea reintegrado a los usuarios del servicio de transporte público a través de la tarjeta Red Bus (la versión cordobesa de la SUBE), donde los datos de sus propietarios están registrados; que un 10% se emplee para una campaña de concientización y educación de usuarios y consumidores, y el otro 10% vaya a la autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor en la provincia, con cargo de distribuirlo entre las asociaciones de consumidores registradas y que acrediten actuaciones judiciales en la ciudad de Córdoba.
Gustavo Mira, presidente de Coniferal, dijo a LA NACION que los abogados de la empresa analizan los pasos a seguir, pero advirtió que durante aquel paro «no había ninguna chance de prestaciones de ningún tipo», y planteó que «habría que empezar por definir si el transporte es un servicio esencial; ese debería ser el primer punto».
Los nueve días de paro de 2017 fueron en protesta contra la intervención del gremio de la UTA en Córdoba y contra el acuerdo en paritarias a nivel nacional; los choferes no acataron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.
Los abogados entienden que el plan de contingencia debería haberse accionado desde el primer momento; recién los últimos dos días de aquella medida de fuerza hubo operativos especiales con 150 unidades en la primera jornada y con más del doble en la segunda. Fue cuando muchos choferes comenzaron a reincorporarse a sus tareas después de los despidos instrumentados por las empresas.
Después de ese paro, la Legislatura de Córdoba convirtió en ley la declaración de «servicio esencial» para el transporte público de pasajeros, que rige también para la provisión del agua potable y la energía. Fue en junio de 2017, un día después de que en la Cámara de Diputados de la Nación no se pudiera tratar un proyecto en el mismo sentido a nivel nacional por falta de quorum.
Facundo Martínez Paz, uno de los abogados de la ONG, afirmó que, más allá del derecho de los trabajadores a hacer huelga, «las empresas debían tener un plan de contingencias».
La directora de Usuarios y Consumidores Unidos, Victoria Postiguillo, apuntó que las compañías deben cumplir con un pliego de condiciones que «establece que tienen que tener un plan B» ante estas situaciones. La sanción por «daño punitivo» que reclaman está contemplada por ley y es, según sostuvo el abogado, «tanto punitiva como disuasoria, busca evitar que las acciones se repitan».
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