El proyecto obtuvo despacho favorable en la Comisión de Gobierno del Concejo Deliberante y podría votarse el 17 de septiembre, luego de que la sesión prevista para esta semana fuera postergada. La iniciativa propone que jubilados y pensionados paguen un 55% menos durante todos los días y horarios, mientras que el Municipio deberá compensar a la empresa por los viajes subsidiados. También contempla gratuidad para personas con CUD. Por ahora, ninguno de esos beneficios está vigente.
Puerto Madryn está a un paso de crear un nuevo régimen municipal de beneficios para viajar en colectivo.
La Comisión de Gobierno del Concejo Deliberante dio despacho favorable al proyecto impulsado por el concejal Federico Garitano, que propone aplicar una reducción del 55% sobre la tarifa plana para jubilados y pensionados y mantener la gratuidad para las personas que acrediten un Certificado Único de Discapacidad vigente.
Pero existe una precisión importante: el proyecto todavía no fue aprobado por el Concejo Deliberante.
La intención era llevarlo al recinto en la sesión de esta semana, pero la 16ª sesión ordinaria fue postergada. El propio Garitano indicó que ahora se buscará votarlo el jueves 17 de septiembre.
La noticia, entonces, no es que Puerto Madryn ya tenga una nueva tarifa social.
Es que el mecanismo avanzó una instancia legislativa clave y empieza a mostrar, además, cómo pretende financiarse el descuento.
Un descuento que funcionaría todo el día
Uno de los puntos centrales del proyecto es que el beneficio para jubilados y pensionados no tendría restricciones horarias.
El descuento del 55% debería aplicarse todos los días y durante todo el horario de funcionamiento del transporte urbano, sin limitarse a determinadas franjas ni jornadas.
Para acceder, los beneficiarios deberían acreditar identidad y condición previsional.
En el caso de las personas con discapacidad, el proyecto establece la presentación de DNI y CUD vigente. Cuando el certificado indique expresamente que la persona necesita asistencia, el acompañante también podría acceder al viaje gratuito.
La propuesta busca además evitar un problema bastante habitual en los regímenes sociales: tener que realizar permanentemente renovaciones administrativas.
Una vez otorgado, el beneficio permanecería vigente mientras continúe existiendo la condición que le dio origen, y los trámites de solicitud, actualización o eventual renovación deberán ser gratuitos.
Con la tarifa actual, un jubilado pagaría alrededor de $796
Desde el 30 de julio, el boleto urbano de Puerto Madryn tiene un valor informado de $1.768,51, de acuerdo con la actualización comunicada para el servicio prestado por Ceferino del Sur.
Si el descuento del 55% se aplicara sobre ese mismo valor, un jubilado o pensionado abonaría aproximadamente $796 por viaje, mientras que los restantes $973 aproximadamente representarían la diferencia respecto de la tarifa plena.
Ese cálculo sirve únicamente como referencia con el cuadro tarifario vigente al momento de publicarse estas fuentes. Si el boleto cambia antes de la implementación, también cambiará el monto final abonado por el beneficiario.
Y ahí aparece la pregunta más interesante del proyecto.
¿Quién paga esos $973 que el pasajero dejaría de abonar?
El descuento no desaparece: lo paga el Municipio
La iniciativa establece expresamente que el costo de los viajes bonificados no deberá ser absorbido directamente por jubilados, pensionados o personas con discapacidad.
Será el Departamento Ejecutivo Municipal el encargado de establecer un sistema de compensación económica para la empresa prestataria por los viajes realizados con tarifa reducida o gratuita.
Eso significa que, desde el punto de vista económico, el viaje no pasa a costar 45% menos.
Lo que cambia es quién aporta cada parte del dinero.
El jubilado pagaría el 45% de la tarifa correspondiente.
El Municipio debería financiar la diferencia prevista por el régimen.
Y en los viajes gratuitos, la compensación pública debería cubrir el monto que corresponda según las condiciones que finalmente establezca la reglamentación.
Es exactamente por eso que el sistema de registro de viajes pasa a ser tan importante como el porcentaje de descuento.
Cada viaje deberá poder comprobarse
El proyecto exige utilizar datos verificables para determinar cuántos viajes fueron realizados dentro de cada categoría beneficiaria.
No es un detalle técnico.
Si una empresa afirma que transportó 50.000 pasajeros con descuento durante un mes, el Municipio necesita poder comprobar esas 50.000 validaciones antes de transferir una compensación.
De lo contrario, el sistema quedaría basado en estimaciones o declaraciones empresariales difíciles de auditar.
Un esquema electrónico puede registrar para cada operación, entre otros datos, el beneficio aplicado, fecha y hora, línea utilizada y valor correspondiente.
Así, la compensación puede calcularse sobre viajes realmente efectuados y registrados, en lugar de utilizar una cifra global.
SUBE apareció en el centro de la discusión
Precisamente por ese motivo, durante el análisis en comisión algunos concejales reclamaron que la implementación del régimen quede vinculada con la utilización de SUBE.
Andrea Rueda, Lucila González y Hernán Pereira plantearon que se exija la incorporación del sistema en el transporte urbano local.
La discusión tiene un antecedente muy reciente.
Puerto Madryn adjudicó este año nuevamente el transporte urbano a Ceferino del Sur, mediante un contrato por nueve años con posibilidad de extensión, y dentro de las condiciones de la nueva prestación quedó contemplada la implementación de medios electrónicos de pago compatibles con SUBE.
El nuevo proyecto incluso intenta anticiparse al cambio tecnológico.
Establece que la llegada de SUBE u otro medio electrónico no podrá eliminar, reducir ni interrumpir los descuentos o gratuidades municipales. El Municipio deberá garantizar que los beneficios sean migrados al nuevo sistema.
Es una cláusula particularmente relevante porque evita que una modificación del medio de pago obligue a comenzar desde cero con todo el régimen social.
SUBE puede ser mucho más que una tarjeta para pagar
Desde el punto de vista de la gestión, la discusión va más allá de reemplazar efectivo o tarjetas locales.
Un sistema electrónico permite construir una base de datos mucho más precisa sobre cómo se utilizan realmente los colectivos.
Cuántos viajes realizan jubilados.
En qué horarios.
En qué líneas.
Cuántos corresponden a gratuidades.
Cuál es el monto mensual que debe compensarse.
Y cómo evoluciona ese gasto con el tiempo.
Esos datos pueden servir tanto para liquidar correctamente a la prestataria como para planificar el propio transporte.
Si, por ejemplo, una determinada línea concentra una proporción muy alta de viajes de adultos mayores, esa información podría utilizarse para analizar frecuencias, accesibilidad de las unidades o ubicación de paradas.
El Municipio tendría que presupuestar el beneficio
El proyecto no plantea que la compensación salga de una fuente indefinida.
Los gastos derivados del régimen deberían afrontarse mediante partidas del Presupuesto Municipal y contemplarse también en ejercicios posteriores.
Esto transforma al descuento en una política pública con costo fiscal.
Cuanto más se utilice el beneficio, mayor será el monto que potencialmente deberá aportar la Municipalidad.
Por eso existen dos variables fundamentales que todavía habrá que conocer una vez que el sistema comience a funcionar, si finalmente es aprobado.
La primera será cuántas personas quedan efectivamente alcanzadas.
La segunda, cuántos viajes realiza cada beneficiario.
Un jubilado registrado que utiliza el colectivo dos veces al mes tiene un impacto presupuestario muy diferente de otro que realiza dos viajes diarios.
El Concejo recibiría informes cada seis meses
La propuesta incorpora también una herramienta de control legislativo.
La autoridad responsable deberá enviar al Concejo Deliberante, como mínimo cada seis meses, información sobre cantidad de beneficiarios, viajes realizados, recursos utilizados para compensar a la empresa e inconvenientes o reclamos registrados.
Este punto puede resultar especialmente importante para saber si el esquema funciona como fue diseñado.
No bastará con anunciar cuántas personas se inscribieron.
Será necesario conocer cuánto cuesta realmente el programa.
Y también si las compensaciones se pagan en término.
Porque una tarifa social puede terminar generando un nuevo problema si el pasajero recibe el descuento pero la empresa acumula meses de pagos pendientes por parte del Estado.
El riesgo de los atrasos
Los sistemas de compensación presentan siempre una tensión financiera.
El colectivo presta el servicio hoy.
El combustible, los salarios y el mantenimiento también se pagan en períodos relativamente cortos.
La compensación pública puede llegar después.
Si los mecanismos administrativos son demasiado lentos, se genera una brecha entre el momento en que la empresa transporta al pasajero y el momento en que cobra la parte del boleto que no abonó el usuario.
Por eso, además de determinar el beneficio, una futura reglamentación debería establecer con claridad cómo se liquida, cuándo se certifica y en qué plazo se paga la compensación.
Son cuestiones menos visibles que anunciar un 55% de descuento, pero fundamentales para que el mecanismo pueda sostenerse.
El nuevo contrato vuelve todavía más importante esa discusión
Ceferino del Sur quedó este año nuevamente al frente del servicio después de ser la única oferente de la Licitación Pública 02/26.
La adjudicación contempla una prestación por nueve años y una propuesta económica que, a valores de marzo de 2026, ascendía a $772,5 millones mensuales con IVA incluido, según la información publicada sobre el contrato.
Ese monto no debe confundirse con la recaudación tarifaria ni con el costo específico del nuevo beneficio.
Pero permite dimensionar el tamaño económico del sistema dentro del cual se incorporaría la tarifa social.
La gratuidad y los descuentos municipales pasarían a formar parte de una estructura contractual mucho mayor que deberá convivir con revisiones tarifarias, costos operativos y mecanismos de pago.
¿El 55% es mucho o poco?
El porcentaje elegido tampoco parece casual.
Durante el debate legislativo se mencionó expresamente la referencia del 55% de descuento que utiliza la Tarifa Social SUBE para determinados grupos beneficiarios.
Algunos concejales incluso plantearon que, para los jubilados, podría analizarse directamente la gratuidad total.
Son dos modelos con impactos presupuestarios muy distintos.
Con un descuento del 55%, existe un reparto del costo entre pasajero y Estado.
Con gratuidad completa, la Municipalidad tendría que asumir una proporción mayor de la tarifa por cada viaje.
El porcentaje elegido intenta establecer un punto intermedio: reducir considerablemente el costo para el usuario sin trasladar automáticamente toda la tarifa al presupuesto municipal.
Gratuidad para CUD: una precisión necesaria
También conviene separar dos discusiones.
La novedad política central es la creación de un régimen municipal de tarifa social y su mecanismo de compensación.
La referencia a las personas con CUD no debería presentarse de forma aislada como si hasta ahora no existiera ningún marco de derechos para el transporte de personas con discapacidad.
El proyecto local regula cómo deberá instrumentarse el beneficio dentro del sistema urbano municipal y cómo se financiarán esos viajes.
La importancia periodística está, entonces, en la arquitectura administrativa y económica que pretende darle Puerto Madryn, no en sugerir que el derecho a la accesibilidad o al transporte para personas con discapacidad aparece recién con esta ordenanza.
Un beneficio social también es un sistema contable
La discusión de Puerto Madryn muestra algo que suele quedar detrás de los anuncios tarifarios.
Decir que un pasajero tendrá 55% de descuento ocupa una línea.
Hacer que funcione todos los días implica mucho más.
Hay que identificar beneficiarios.
Registrar viajes.
Calcular diferencias.
Certificar la información.
Asignar presupuesto.
Transferir compensaciones.
Auditar pagos.
Mantener los beneficios cuando cambia la tecnología.
Y controlar que el operador aplique correctamente cada categoría.
Es decir, detrás de una tarifa social existe también una pequeña infraestructura financiera y de datos.
La votación ahora apunta al 17 de septiembre
El proyecto ya superó su discusión inicial en comisión y tiene despacho favorable.
Sin embargo, a diferencia de lo informado originalmente, no llegará al recinto esta semana.
La sesión fue postergada y Federico Garitano señaló que la intención es tratar la iniciativa el 17 de septiembre.
Hasta entonces seguirá siendo solamente un proyecto.
No corresponde, por lo tanto, anunciar que los jubilados de Puerto Madryn “ya pagan 55% menos”.
Eso ocurrirá solamente si el Concejo sanciona la ordenanza, se produce su promulgación y se cumplen las condiciones necesarias para instrumentarla.
Pero el debate ya dejó planteada una pregunta que excede a Puerto Madryn.
Cuando una ciudad decide que determinados pasajeros deben pagar menos por el colectivo, el costo del viaje no desaparece.
Alguien debe cubrir la diferencia.
La propuesta madrynense intenta responder esa pregunta mediante compensaciones municipales calculadas sobre datos verificables.
Y ahí probablemente esté lo más interesante del proyecto: no solamente quién recibe el descuento, sino cómo se registrará cada viaje y quién terminará pagando la parte del boleto que el pasajero deja de abonar.
