La Secretaría de Transporte amplió a buena parte del sistema de colectivos del AMBA una investigación iniciada tras una denuncia contra Grupo Metropol. Se analizaron unos 183 millones de transacciones SUBE y la CNRT realizó más de 12.000 controles tarifarios. El estudio no encontró evidencias de una manipulación sistemática para defraudar al Estado, aunque sí detectó cobros por encima y por debajo de las tarifas correspondientes. Más de $7.000 millones en compensaciones continúan bajo discusión judicial.
Una investigación de gran escala sobre el funcionamiento tarifario de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires puso bajo análisis a 104 líneas de jurisdicción nacional y aproximadamente 183 millones de transacciones, luego de una denuncia empresaria que había colocado inicialmente al Grupo Metropol en el centro de la controversia.
Según información publicada por Clarín este lunes 31 de agosto, la Secretaría de Transporte decidió ampliar la fiscalización más allá de las compañías originalmente denunciadas para determinar si las supuestas irregularidades constituían un caso particular o formaban parte de un fenómeno más extendido dentro del sistema.
El resultado modificó considerablemente el escenario original: la investigación administrativa no encontró elementos que permitieran sostener la existencia de una maniobra sistemática de manipulación de tarifas o validaciones SUBE destinada a defraudar al Estado. Sin embargo, sí confirmó la presencia de lo que las autoridades definieron como “desvíos operativos”, con pasajeros a los que se les cobraron secciones superiores o inferiores a las que correspondían según el viaje realizado.
De una denuncia contra Metropol a una investigación sobre todo el sistema
El conflicto comenzó a fines de 2025, cuando cuatro cámaras empresarias —CETUBA, CEAP, CEUTUPBA y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires— presentaron cuestionamientos contra compañías del Grupo Metropol.
La acusación sostenía que determinadas líneas habrían aplicado secciones tarifarias correspondientes a viajes más largos que los efectivamente realizados. Como las compensaciones estatales también están relacionadas con los boletos registrados, los denunciantes planteaban que la maniobra habría generado una percepción superior de subsidios.
El monto inicialmente cuestionado rondaba los $30.000 millones. Metropol rechazó las acusaciones desde un primer momento.
Ante el planteo, la Secretaría de Transporte optó por no concentrar el análisis exclusivamente en las empresas denunciadas y extendió la verificación a 104 líneas de colectivos, buscando determinar cómo se estaba utilizando el sistema de seccionamiento tarifario en una muestra mucho más representativa del transporte metropolitano.
183 millones de viajes bajo la lupa
La dimensión del análisis resulta uno de los datos más relevantes del informe.
De acuerdo con la información oficial citada por Clarín, fueron procesadas aproximadamente 183 millones de transacciones.
La conclusión central fue que no aparecieron evidencias de alteraciones masivas del sistema: el estudio no detectó manipulaciones tarifarias generalizadas ni patrones de emisión de boletos que permitieran inferir una modificación sistemática de las validaciones.
Sin embargo, los controles sí encontraron diferencias entre las tarifas que correspondían según el origen y destino del pasajero y las secciones efectivamente cobradas.
El 6,99% de las transacciones relevadas correspondió a cobros superiores a los que deberían haberse aplicado teniendo en cuenta el viaje declarado.
Visto desde el otro extremo, significa también que más del 93% de las operaciones analizadas no presentó este tipo de sobrecobro.
Además, en 93 de las 104 líneas investigadas, el uso correcto del seccionamiento superó el 70% de los casos.
Los datos terminaron dibujando un escenario distinto al de la hipótesis inicial: no una maniobra concentrada exclusivamente en una empresa, sino desvíos operativos presentes con diferente intensidad en distintos operadores.
La CNRT salió a controlar los colectivos en la calle
El análisis digital de las transacciones fue complementado con fiscalizaciones presenciales realizadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
El organismo relevó más de 1.000 servicios y efectuó más de 12.000 controles tarifarios en colectivos del AMBA.
Las inspecciones permitieron comprobar que existían casos en los que el boleto cobrado no coincidía con la sección correspondiente. Y los desvíos aparecieron en ambos sentidos: tanto tarifas superiores como inferiores a las previstas.
Este punto resulta especialmente relevante porque demuestra que las inconsistencias no necesariamente generan siempre un beneficio económico para las empresas. También se detectaron casos en los que se cobraron importes inferiores a los reglamentarios.
Por esta razón, las autoridades diferencian los “desvíos operativos” de una eventual maniobra intencional de fraude.
Más de $7.000 millones siguen retenidos
La controversia tiene además un capítulo económico que todavía no fue resuelto.
En el marco de la investigación se habían inmovilizado originalmente $8.031.229.848 correspondientes a compensaciones tarifarias del período comprendido entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
Tras separar los servicios según su jurisdicción, la cifra que continúa en discusión se redujo a $7.079.432.098.
Las compensaciones correspondientes a servicios provinciales bonaerenses fueron liberadas, mientras que los fondos vinculados con líneas de jurisdicción nacional continúan alcanzados por el conflicto.
Ahora, la definición quedó ligada al expediente judicial abierto a partir de las denuncias empresarias y a la documentación posteriormente aportada por la Secretaría de Transporte.
Las compañías reclaman que se destrabe el dinero, mientras desde el Gobierno sostienen que será la Justicia la que deberá determinar los pasos a seguir respecto de los fondos retenidos.
Nuevas herramientas para controlar recorridos y boletos
La investigación también dejó consecuencias tecnológicas para la fiscalización del sistema.
Una de ellas es la utilización de UrbanTrips, una herramienta de código abierto que permite cruzar información proveniente de las transacciones del transporte público con los datos GPS de los vehículos.
De esta forma es posible reconstruir patrones de viaje, distancias, tiempos, velocidades comerciales, demanda y recorridos efectivamente realizados, entre otros indicadores.
Aplicada a la fiscalización tarifaria, la tecnología permite comparar dónde se encuentra realmente un colectivo y qué boleto se está registrando en ese momento, facilitando la identificación de posibles inconsistencias.
La Secretaría de Transporte ya venía utilizando UrbanTrips para realizar análisis de optimización de la red metropolitana.
A esta herramienta se suma un nuevo sistema denominado S.I.G.O., diseñado para centralizar de manera digital la planificación, gestión y auditoría de recorridos y frecuencias.
El objetivo es reducir la dependencia de controles manuales y generar alertas cuando aparecen diferencias entre la operación declarada por una línea y lo que efectivamente ocurre en la calle.
Un enorme volumen de datos para controlar el transporte
Más allá de la disputa empresarial y judicial que dio origen al caso, la investigación expone una transformación mucho más profunda dentro del transporte público.
La combinación entre SUBE, geolocalización de las unidades y sistemas de análisis masivo de datos permite actualmente auditar millones de viajes y contrastar automáticamente tarifas, ubicaciones, recorridos y frecuencias.
En este caso, una denuncia focalizada en un grupo empresario terminó provocando un análisis de 104 líneas y 183 millones de operaciones, revelando inconsistencias distribuidas dentro del sistema pero, según las conclusiones conocidas hasta el momento, sin evidencias de una manipulación informática o tarifaria sistemática destinada a generar una defraudación al Estado.
El capítulo económico, sin embargo, permanece abierto: más de $7.079 millones en compensaciones correspondientes a líneas nacionales siguen en discusión, mientras la resolución definitiva quedó ahora en manos de la Justicia.
Para el transporte del AMBA, el caso podría terminar marcando además un antes y un después en los mecanismos de fiscalización: cada viaje registrado por SUBE puede ser contrastado con el movimiento real del colectivo, convirtiendo los millones de validaciones que se producen todos los días en una enorme base de datos para auditar cómo opera cada línea.
