La Red Tulum de San Juan está funcionando con aproximadamente 30% menos colectivos, una reducción que afecta tanto a los servicios urbanos de corta distancia como a las líneas que conectan la capital provincial con los departamentos más alejados.
El recorte comenzó a ser advertido por los pasajeros después de las vacaciones de invierno, cuando se reanudaron las actividades escolares y administrativas. Las quejas por mayores esperas y unidades con elevada ocupación terminaron confirmando que las empresas aplicaron un esquema reducido de circulación.
En algunos recorridos, las frecuencias que rondaban los 10 minutos pasaron a superar los 20. En otros casos, líneas que operaban con diez turnos estarían circulando con apenas cinco o seis unidades.
Un diagrama similar al de las vacaciones
El secretario general de la UTA San Juan, Héctor Maldonado, confirmó que las prestatarias comenzaron a trabajar con horarios similares a los utilizados durante los recesos escolares.
De acuerdo con la explicación transmitida por el gremio, la medida fue adoptada por las empresas agrupadas en la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros para disminuir el consumo de combustible y sostener un nivel mínimo de servicio.
Las compañías atribuyen la situación a presuntas demoras en el pago de subsidios y compensaciones provinciales, al costo del boleto escolar y docente y al incremento de los insumos necesarios para mantener la operación.
Sin embargo, hasta el momento el Gobierno de San Juan no confirmó públicamente la existencia de la deuda denunciada por el sector empresario.
Transporte inició controles
Ante el crecimiento de los reclamos, la Secretaría de Tránsito y Transporte provincial inició un monitoreo sobre las diferentes líneas de la Red Tulum.
El objetivo es determinar si las empresas están incumpliendo las frecuencias mínimas comprometidas y establecer si la reducción responde a una decisión generalizada o a dificultades operativas particulares.
Hasta el 27 de julio no se habían comunicado sanciones, intimaciones ni una fecha para la normalización del servicio. ATAP tampoco había difundido un comunicado oficial explicando el alcance o la duración del recorte.
La situación abre una discusión sobre la capacidad del Estado provincial para fiscalizar las prestaciones y garantizar que las empresas mantengan la oferta establecida.
La consecuencia recae sobre los pasajeros
Mientras continúa la disputa por los recursos, el impacto inmediato se concentra en los usuarios. Los pasajeros abonan la misma tarifa, pero deben esperar más tiempo y viajar en unidades con mayor ocupación, especialmente durante las horas pico.
La reducción afecta con mayor intensidad a quienes dependen del colectivo para llegar a establecimientos educativos, lugares de trabajo y centros de salud. También perjudica a los habitantes de departamentos alejados, donde existen menos alternativas de movilidad.
El conflicto vuelve a poner en primer plano el problema del financiamiento del transporte público en el interior del país. La eliminación de aportes nacionales, el crecimiento de los costos operativos y las dificultades provinciales para sostener las compensaciones generan una ecuación cada vez más frágil.
En San Juan, esa crisis ya dejó de ser únicamente una discusión entre empresas y autoridades: se convirtió en menos colectivos circulando y más minutos de espera en las paradas.
