La Secretaría de Transporte aprobó un procedimiento que obliga a provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires a documentar cómo reciben y distribuyen las compensaciones nacionales cuando no exista otro régimen específico vigente. Se establecen plazos de cinco días hábiles para transferir los recursos y diez para rendirlos, con posibles sanciones por incumplimiento.
El Gobierno nacional implementará un nuevo esquema de control sobre los fondos públicos destinados al transporte automotor de pasajeros. A través de la Resolución 76/2026, publicada el 27 de octubre en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía aprobó un procedimiento uniforme de rendición de cuentas que comenzará a regir el 26 de noviembre de 2026.
La medida alcanza a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reciban transferencias nacionales destinadas al transporte público de pasajeros y que no cuenten con un procedimiento específico de rendición vigente.
El objetivo es fortalecer la trazabilidad de los recursos y permitir que el Estado nacional verifique no solamente cuánto dinero recibe cada jurisdicción, sino también cuándo, cómo y a qué empresas se distribuye.
Cinco días para distribuir los fondos y diez para rendirlos
Uno de los aspectos centrales se encuentra en el Anexo I de la resolución, que establece obligaciones concretas para las jurisdicciones beneficiarias.
Desde la acreditación de los recursos nacionales, deberán transferir la totalidad de las compensaciones a sus destinatarios dentro de los cinco días hábiles administrativos, respetando las liquidaciones emitidas por la Secretaría de Transporte.
Además, tendrán un plazo máximo de diez días hábiles administrativos desde esa acreditación para presentar la correspondiente rendición de cuentas.
Las operaciones deberán realizarse mediante transferencias bancarias electrónicas que permitan reconstruir el recorrido del dinero. La distribución final deberá efectuarse desde la misma cuenta bancaria en la que ingresaron los recursos.
Qué información deberán presentar las jurisdicciones
El procedimiento incorpora una declaración jurada de percepción y distribución de compensaciones, que deberá estar respaldada por documentación bancaria y administrativa.
Entre los datos exigidos se encuentran la identificación de las empresas beneficiarias, los montos transferidos, las fechas de pago, los conceptos y períodos correspondientes y los comprobantes que acrediten las operaciones.
También deberán adjuntarse los extractos de las cuentas especiales del Banco de la Nación Argentina, las instrucciones de pago y los recibos fiscales de las entidades receptoras.
Cada instrucción de pago deberá contar con su propio expediente de rendición.
Un aspecto adicional es la obligación de informar los fideicomisos y las cesiones de derechos cuando los pagos se realicen a terceros por instrucciones expresas de las empresas prestatarias.
De este modo, el control busca abarcar tanto las transferencias directas a los operadores como aquellas operaciones en las que intervengan otras entidades.
Todo el procedimiento será digital
Las rendiciones deberán tramitarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), utilizando el procedimiento específico de rendición del transporte automotor.
Esta modalidad permitirá conservar registros electrónicos de las presentaciones, las observaciones y las eventuales rectificaciones.
La Secretaría de Transporte también podrá solicitar documentación complementaria y requerir la colaboración de otros organismos para verificar la información presentada.
Qué sucede si una provincia o municipio no cumple
La nueva regulación incorpora consecuencias administrativas ante rendiciones fuera de término, incompletas o inconsistentes.
Si una jurisdicción no presenta su rendición dentro de los diez días hábiles establecidos, se diferirá el giro de los fondos del siguiente período o cuota destinados a la misma finalidad, hasta que regularice la presentación.
Si transcurren cuarenta días hábiles administrativos desde el desembolso original sin que se presente la rendición, la jurisdicción perderá el derecho a justificar ese período y deberá reintegrar los recursos percibidos.
Ante errores u observaciones, tendrá diez días hábiles administrativos para presentar explicaciones o efectuar una rectificación, con una única oportunidad de corrección.
En situaciones de incumplimientos reiterados, y previa intimación final, la autoridad podrá suspender las transferencias o excluir a la jurisdicción del sistema.
¿Qué cambia para las empresas de colectivos?
Aunque las obligaciones principales recaen sobre las administraciones provinciales y municipales, el nuevo mecanismo puede tener consecuencias administrativas relevantes para las compañías prestatarias.
La necesidad de identificar cada transferencia, su fecha y su destinatario permitirá un seguimiento más preciso de los recursos nacionales.
También podría facilitar la detección de diferencias entre los montos recibidos por las jurisdicciones y los efectivamente distribuidos a los operadores, así como eventuales demoras en las transferencias.
Sin embargo, la implementación de estos controles no implica necesariamente que los pagos se realicen con mayor rapidez. Su efectividad dependerá del cumplimiento de las jurisdicciones y de la capacidad de fiscalización de la autoridad nacional.
¿Cambian los subsidios o las tarifas?
No. La Resolución 76/2026 no establece aumentos ni reducciones en los montos de las compensaciones, ni modifica las tarifas que pagan los pasajeros.
Su alcance es administrativo y financiero: regula la rendición y el seguimiento de fondos nacionales que ya se transfieren bajo los mecanismos correspondientes.
Tampoco reemplaza los regímenes especiales de rendición existentes. Funciona como un procedimiento común para los casos que no cuentan con uno específico vigente.
Un nuevo mecanismo para seguir el recorrido del dinero público
La decisión introduce mayores exigencias documentales y plazos de control para las jurisdicciones que administran recursos nacionales destinados al transporte.
En un sistema en el que pueden intervenir el Estado nacional, las administraciones provinciales, los municipios y las empresas operadoras, reconstruir el circuito completo de las compensaciones resulta fundamental para determinar cómo se distribuyen los recursos públicos.
El desafío estará en comprobar si la nueva herramienta permite detectar incumplimientos y mejorar la fiscalización sin generar obstáculos adicionales para el financiamiento de los servicios.
Fuente:
Secretaría de Transporte de la Nación. Resolución 76/2026, publicada en el Boletín Oficial el 27 de octubre de 2026, con sus anexos I, II y III.
