La licitación que volvería a quedar para el próximo intendente: cómo se sostiene el transporte cordobés

La ciudad de Córdoba podría llegar al final de la actual gestión municipal sin resolver una de las discusiones estructurales más importantes de su transporte público: la nueva licitación de los corredores urbanos.

A comienzos de 2026, el Municipio había ubicado entre sus prioridades la aprobación de un nuevo marco regulatorio y, posteriormente, el llamado a licitación del sistema.

Sin embargo, ocho meses después, ese calendario quedó prácticamente desplazado.

La administración de Daniel Passerini optó por sostener el servicio mediante contratos precarios de un año, mientras exige a las actuales prestatarias inversiones y renovación de colectivos. La combinación de ambos factores hace prever que los operadores que actualmente circulan por la ciudad continúen durante buena parte de 2027.

Una licitación que estaba entre las prioridades de 2026

El objetivo anunciado a comienzos de año era diferente.

En enero, la Municipalidad planteaba que 2026 debía convertirse en un año de definiciones para el transporte.

El paso previo era aprobar el nuevo marco regulatorio de movilidad, un proyecto enviado al Concejo Deliberante durante 2025 que buscaba establecer las condiciones sobre las cuales luego se diseñaría una licitación integral.

Entre otros aspectos, la iniciativa contemplaba requisitos relacionados con antigüedad y equipamiento de las unidades, categorías de servicios y mecanismos de revisión tarifaria.

La intención era utilizar ese nuevo marco como base jurídica y técnica para abandonar definitivamente las soluciones transitorias.

Pero ese debate perdió impulso y el proyecto no avanzó al ritmo originalmente previsto.

Contratos de un año para mantener funcionando el sistema

Ante la necesidad de garantizar la continuidad del servicio, el Municipio tomó otro camino.

En febrero aprobó propuestas de diferentes operadores mediante contratos precarios por un año, un esquema que funcionó en la práctica como una solución transitoria mientras seguía pendiente la reorganización definitiva.

Coniferal y SíBus estuvieron entre las primeras empresas en recibir esas asignaciones.

El requisito principal fue que las compañías asumieran compromisos concretos de inversión y que los colectivos utilizados no superaran determinados límites de antigüedad.

El objetivo inmediato era asegurar unidades disponibles, mejorar la regularidad y reducir la dependencia de vehículos alquilados.

Pero esa solución temporal terminó ganando peso.

La crisis de FAM aceleró la reorganización

El panorama se volvió todavía más complejo durante marzo.

La salida del grupo FAM obligó a la Municipalidad a reorganizar rápidamente distintos corredores y redistribuir servicios entre otros operadores.

Posteriormente, el esquema quedó dividido principalmente entre Coniferal, Tamsau, SíBus y SolBus.

Coniferal quedó a cargo de los corredores 1, 4 y 6, además de otras líneas; Tamsau continuó operando el corredor 2, trolebuses y servicios anulares; SíBus tomó los corredores 3, 5 y 8; y SolBus quedó al frente del corredor 7.

Esta nueva organización volvió a poner el foco en una necesidad inmediata: disponer de colectivos y operadores capaces de sostener diariamente el sistema.

La discusión sobre el modelo de largo plazo pasó, una vez más, a segundo plano.

Las inversiones condicionan el calendario

La situación actual tiene una particularidad.

Las empresas que recibieron los contratos precarios debieron realizar inversiones para incorporar unidades y sostener los recorridos.

Eso genera ahora una expectativa de continuidad.

Según información publicada por la prensa cordobesa, aunque las renovaciones todavía deben formalizarse administrativamente, en el Municipio se da por probable que las actuales prestatarias continúen operando durante 2027 debido justamente a esas inversiones realizadas.

Si esa previsión se confirma, organizar paralelamente una licitación integral durante la actual gestión resulta cada vez menos probable.

Una concesión vencida y soluciones transitorias

El problema viene de varios años atrás.

Las concesiones originales del sistema, adjudicadas en 2014, ya se encuentran vencidas.

Desde entonces, la Municipalidad fue utilizando distintos mecanismos para mantener en funcionamiento los corredores mientras intentaba definir una reorganización más profunda.

Por eso, la discusión no gira únicamente alrededor de quién opera cada línea.

Una licitación integral debería determinar aspectos fundamentales para los próximos años:

qué empresas prestarán el servicio, durante cuánto tiempo, con qué flota, qué frecuencias deberán garantizar, cómo se distribuirán los corredores y qué inversiones tendrán que realizar.

También debería establecer un marco estable para uno de los sistemas urbanos de colectivos más grandes del país.

El marco regulatorio sigue pendiente

La otra pieza imprescindible todavía no terminó de resolverse.

El nuevo marco regulatorio había sido presentado como condición previa para avanzar con una licitación definitiva.

Sin embargo, el tratamiento legislativo perdió impulso y quedó fuera de la agenda inmediata, una demora que distintos sectores opositores vienen cuestionando.

Sin esa herramienta aprobada, lanzar un proceso licitatorio de largo plazo resulta mucho más complejo.

El riesgo es que la administración siga prorrogando soluciones diseñadas originalmente para ser temporales.

Las críticas de la oposición

La decisión de sostener los contratos existentes ya produjo cuestionamientos políticos.

Juan Negri, vocal por la minoría en el Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba, cuestionó públicamente que la Municipalidad no avance con una nueva licitación.

Para la oposición, mantener los actuales esquemas posterga la oportunidad de discutir nuevamente costos, frecuencias, recorridos, tecnologías y calidad del servicio.

El planteo no se limita al transporte.

La Municipalidad también prorrogó los contratos correspondientes a la recolección de residuos, otro de los grandes servicios públicos de la capital cordobesa.

Eso abrió una discusión política más amplia sobre qué decisiones estructurales dejará resueltas la actual administración y cuáles pasarán directamente al próximo intendente.

Un sistema que también enfrenta presión financiera

La discusión institucional ocurre además en un contexto económico complicado.

El transporte urbano cordobés atravesó durante 2026 conflictos relacionados con el financiamiento y el pago de salarios.

En junio, por ejemplo, la Municipalidad debió adelantar fondos para que las prestatarias pudieran afrontar compromisos salariales y evitar una medida de fuerza.

El propio Passerini sostuvo al abrir las sesiones legislativas de 2026 que el Municipio había tenido que reestructurar su presupuesto tras la eliminación de subsidios nacionales y afirmó que, entre enero de 2024 y diciembre de 2025, Córdoba habría dejado de recibir alrededor de $107.000 millones en compensaciones.

Ese contexto ayuda a explicar por qué la prioridad inmediata terminó concentrándose en sostener operativamente el sistema.

La licitación que podría heredar el próximo intendente

Daniel Passerini finalizará su mandato en diciembre de 2027 y no podrá competir inmediatamente por otro período consecutivo, debido a que previamente fue viceintendente durante la gestión de Martín Llaryora.

Eso vuelve particularmente relevante el calendario.

Si durante 2027 se renuevan los contratos actuales y el marco regulatorio continúa pendiente, la próxima licitación integral podría terminar convirtiéndose en una tarea de la administración que asuma en diciembre de ese año.

No sería simplemente una postergación administrativa.

Significaría que otro gobierno deberá decidir la estructura futura de los corredores, las condiciones para las empresas, las características de la flota y las reglas económicas de uno de los principales sistemas de transporte urbano del interior argentino.

Mientras tanto, Córdoba seguirá funcionando bajo una fórmula conocida: contratos transitorios, inversiones negociadas con los operadores y ajustes sucesivos para garantizar que los colectivos continúen circulando.

La incógnita ya no es solamente cuándo llegará una nueva licitación.

La pregunta empieza a ser quién será el intendente que finalmente la concrete.

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