El conflicto por la reducción de los servicios de la Red Tulum ingresó en una nueva etapa. El Gobierno de San Juan sancionó económicamente a las empresas Mayo y Libertador después de comprobar que ambas operadoras habían disminuido las frecuencias de sus colectivos sin contar con autorización oficial.
La decisión se conoció luego de varios días de demoras, mayores tiempos de espera y reclamos de los pasajeros. De acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la cantidad de servicios había caído aproximadamente un 30%, con diagramas similares a los utilizados durante los períodos de vacaciones.
La Secretaría de Tránsito y Transporte provincial verificó los incumplimientos mediante el sistema de seguimiento satelital de las unidades y controles realizados en la vía pública. Las inspecciones detectaron que las compañías habían reducido la cantidad de colectivos en circulación respecto de los cronogramas establecidos.
Aunque las sanciones ya fueron confirmadas, el monto definitivo de las multas todavía no fue informado públicamente.
El Gobierno rechaza que existan pagos atrasados
Las empresas atribuyeron la disminución de frecuencias a problemas económicos y presuntas demoras en el pago de compensaciones. Sin embargo, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, rechazó esos argumentos y sostuvo que la Provincia no mantiene deudas con las concesionarias.
Desde el Ejecutivo afirmaron que las partidas correspondientes al sostenimiento del sistema se liquidan en tiempo y forma. También advirtieron que continuarán los controles y que podrían aplicarse penalidades administrativas más graves si las prestatarias vuelven a incumplir las frecuencias fijadas.
La UTA, por su parte, aclaró que la reducción del servicio no respondió a una medida gremial ni a una decisión de los trabajadores. Según el sindicato, fueron las propias empresas las que modificaron unilateralmente los diagramas para disminuir el consumo de combustible y reducir los costos operativos.
Durante el fin de semana se observó una normalización parcial de los servicios, aunque hasta el momento no se comunicó oficialmente que todas las frecuencias hayan sido restituidas.
Las empresas reclaman $9.000 millones
Lejos de cerrarse, la disputa escaló este 28 de julio con la aparición de nuevas cifras. Fuentes vinculadas a la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) aseguraron que existirían expedientes pendientes de pago por aproximadamente $9.000 millones, algunos de ellos originados en 2025.
Según la versión empresaria, alrededor del 60% de esa suma correspondería a obligaciones provinciales y el 40% restante a fondos nacionales. También sostienen que solamente durante los últimos dos meses se habría acumulado un desfasaje cercano a los $3.500 millones.
Estas cifras no fueron reconocidas por el Gobierno provincial y todavía no existe documentación pública que permita confirmar el monto total reclamado.
Los operadores también cuestionan el incremento del precio del combustible, los repuestos y el mantenimiento de las unidades. Desde el sector advierten que el actual esquema de ingresos no sería suficiente para sostener la totalidad de los servicios y cumplir simultáneamente con los compromisos salariales.
Un conflicto que ahora se trasladó a las cuentas
La controversia dejó de estar limitada a las demoras que sufren los usuarios. El problema central pasó a ser la diferencia entre las cuentas presentadas por las empresas y los pagos reconocidos por el Gobierno.
ATAP tiene previsto analizar los pasos que adoptará frente a las multas y al rechazo oficial de la deuda. Mientras tanto, la Provincia mantiene los controles sobre las líneas y exige que las operadoras cumplan los recorridos y las frecuencias establecidos en sus contratos.
En medio de esa disputa, los pasajeros continúan siendo la parte más afectada: abonan la misma tarifa, pero durante los últimos días debieron soportar esperas que, en algunos recorridos, llegaron a duplicarse.
