Choferes y trabajadores ferroviarios aseguraron que durante los últimos días comenzaron a quitarse las calcomanías obligatorias de distintas unidades. La Ley Nacional 27.023 continúa vigente y exige su exhibición en los transportes de jurisdicción nacional. Hasta el momento no se difundió una explicación oficial ni se confirmó que exista una orden general del Gobierno.
Una fuerte polémica se desató en el sistema de transporte público luego de que choferes de colectivos y trabajadores ferroviarios denunciaran que distintas empresas comenzaron a retirar de unidades y formaciones los carteles con la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas”.
Todos los colectivos deberán llevar el cartel «Las Islas Malvinas son argentinas»
Los testimonios comenzaron a circular durante el jueves 23 de julio y señalan que la remoción se habría producido durante los últimos días, tanto en colectivos como en trenes. Sin embargo, todavía no se identificaron oficialmente todas las empresas involucradas ni se presentó documentación que confirme la existencia de una orden general emitida por el Gobierno nacional.
“Vi que estaban sacando el adhesivo que tenemos hace casi 20 años de Malvinas”, relató uno de los choferes consultados. Otro trabajador aseguró que una situación similar estaría ocurriendo en el sistema ferroviario: “En trenes también está pasando lo mismo. Los están retirando”.
Una obligación establecida por ley
La colocación de esta inscripción no depende de una decisión voluntaria de las empresas. Se encuentra contemplada en la Ley Nacional 27.023, sancionada el 19 de noviembre de 2014 y publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2015.
La normativa establece que todos los medios de transporte público de pasajeros de origen nacional que presten servicios bajo jurisdicción del Estado nacional deben disponer de un espacio visible y destacado con la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas”.
La obligación alcanza al transporte automotor, ferroviario, fluvial, lacustre, marítimo y aéreo. También establece que las estaciones de llegada, partida o escala deben contar con la misma inscripción. Además, el artículo 4 responsabiliza expresamente a las empresas por el mantenimiento y resguardo de los carteles.
La aplicación efectiva de la ley fue reglamentada en abril de 2022 mediante la Resolución 31 de la entonces Secretaría de Gestión de Transporte. Esa disposición definió la tipografía y el formato que debía utilizarse y ordenó comunicar la medida a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte —CNRT— y a las entidades representativas del transporte automotor.
Por lo tanto, mientras la norma continúe vigente, retirar la inscripción de los servicios alcanzados podría representar un incumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación nacional.
Reclamos y acusaciones contra el Gobierno
La decisión generó indignación entre trabajadores del transporte y sectores vinculados con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
“Esta semana sacaron lo de Malvinas. No sabría decirte por qué”, manifestó uno de los choferes. Otros testimonios fueron más duros y apuntaron directamente contra la administración de Javier Milei, aunque hasta ahora no se presentó una comunicación oficial que permita atribuirle la decisión al Poder Ejecutivo.
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El exministro de Transporte y actual diputado nacional Diego Giuliano también cuestionó la remoción de las calcomanías. Recordó que durante su gestión se reglamentó la obligación de colocar la inscripción y afirmó que la causa Malvinas constituye una política nacional que debe mantenerse más allá de los cambios de gobierno.
Los trabajadores plantearon que, en caso de no existir una orden de la Secretaría de Transporte, la CNRT debería investigar a las empresas y aplicar las sanciones correspondientes.
“Si el Gobierno nacional no es el que dio la orden, entonces tiene que haber multas para las empresas que los están retirando”, reclamaron.
Sin explicaciones oficiales
Hasta el cierre de esta nota no se había difundido públicamente una resolución, circular administrativa o disposición del Gobierno nacional que ordenara retirar los carteles de los colectivos y trenes.
Tampoco existía una explicación oficial de la Secretaría de Transporte, la CNRT o Trenes Argentinos que permitiera determinar si se trata de casos aislados, una decisión adoptada por determinadas empresas o una medida coordinada dentro del sistema de transporte.
La distinción resulta central: las denuncias de los trabajadores confirman que se habrían observado retiros en distintas unidades, pero no alcanzan por sí solas para demostrar que la instrucción haya partido directamente del presidente Javier Milei o de algún organismo nacional.
Lo que sí se encuentra comprobado es que la Ley 27.023 continúa publicada como normativa vigente y que las empresas alcanzadas tienen la obligación de exhibir y preservar la inscripción.
Un símbolo que atraviesa al transporte argentino
La presencia de la leyenda en colectivos, trenes, aviones y estaciones fue concebida como una forma cotidiana de mantener visible el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La controversia se produce pocos días después de que la causa Malvinas volviera a ocupar un lugar central en la agenda pública, a partir de diferentes manifestaciones realizadas durante el Mundial de fútbol de 2026, luego del partido que jugó la Selección Argentina vs. Inglaterra y al finalizar el encuentro, la selección desplegó una bandera alusiva.
Más allá de las posiciones políticas, la eliminación de los carteles abre un interrogante concreto sobre el cumplimiento de una ley nacional. Las autoridades deberán aclarar quién ordenó los retiros, qué empresas los ejecutaron y qué medidas se tomarán para garantizar que la inscripción vuelva a estar presente en todos los servicios alcanzados por la normativa.
Hasta que exista una explicación documentada, no puede afirmarse que haya sido una orden directa del Gobierno. Pero si las calcomanías efectivamente fueron retiradas de colectivos o trenes sometidos a jurisdicción nacional, las empresas deberán explicar por qué dejaron de cumplir una obligación legal que continúa plenamente vigente.
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