Diputados: los empresarios de colectivos del interior se declararon en default y piden que el Estado se haga cargo de la crisis

Diputados: los empresarios de colectivos del interior se declararon en default y piden que el Estado se haga cargo de la crisis

Las compañías son dueñas de 13.581 colectivos de transporte urbano y suburbano.

Las empresas de colectivos del interior del país no dan más. Los de larga distancia están parados al cien por cien y los urbanos e interurbanos funcionan al 10 por ciento de su capacidad. Mientras, deben seguir pagándoles el sueldo a los trabajadores, lo que en muchos casos no se cumple y genera conflictos en muchas provincias.

as empresas de colectivos del interior del país no dan más. Los de larga distancia están parados al cien por cien y los urbanos e interurbanos funcionan al 10 por ciento de su capacidad, como consecuencia del aislamiento dispuesto por el Gobierno nacional para frenar la pandemia de Covid-19. Esto impacta directamente en su facturación. Mientras, deben seguir pagándoles el sueldo a los trabajadores, lo que en muchos casos no se cumple y genera conflictos en muchas provincias.

La crisis fue descripta este martes por las autoridades de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) ante la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, en una reunión realizada por videoconferencia de la que también participó el subsecretario de Transporte de la Nación, Gabriel Bermúdez.

El vicepresidente de Fatap, Gerardo Ingaramo, fue el encargado de trazar el panorama general de la situación en que se encuentran las compañías, que en 23 provincias son dueñas de 13.581 colectivos de transporte urbano y suburbano.

«Hoy se cumplen 60 días de esta crisis, transportamos mensualmente a 200 millones de pasajeros y ahora estamos transportando solamente el 10 por ciento, con una pérdida mensual de 5 mil millones de pesos por mes de ingresos. Lo único que nos ha quedado como ingreso son los subsidios para esta cantidad de unidades son los subsidios de la resolución 14/2020 (dispuesta en enero y mediante la cual el Gobierno nacional, durante 120 días, les enviará dinero a las provincias para que hagan frente a los subsidios en el transporte público de pasajeros por automotor urbano)», dijo Ingaramo.

Señaló que se trata de 1.516 millones de pesos y 800 millones que aportan las provincias de acuerdo con dicha resolución.

Ingaramo indicó además que «el total de ingresos, para todo el sector, son 2.300 millones» y que hay «40 mil trabajadores, que están todos en blanco». Los egresos por 40 mil trabajadores, dijo, son 4 mil millones, lo que deriva en «un déficit conceptual de 1.700 millones de pesos» para empezar a funcionar y pagar los salarios.

«Se nos han complicado notablemente las finanzas. Hemos cumplimentado el salario de marzo y el de abril, en 13 provincias 50 por ciento y en 8 ha funcionado con subsidios provinciales, municipales, o más o menos han acomodado sus finanzas», dijo el directivo.

Sostuvo que la Fatap realizó gestiones ante el Ministerio de Transporte de la Nación reclamando «una equidad similar a la del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) para afrontar los salarios de abril que no íbamos a poder pagar». «Hicimos un reclamo, en dos o tres reuniones, ellos lo corrieron a Jefatura de Gabinete, tuvimos una audiencia a principios de mayo, y nos dijeron que en principio íbamos a obtener algunos fondos anexos a lo que percibimos y después decidieron que con las transferencias de fondos a las provincias, las provincias debían hacerse cargo. Entonces, quedamos en el medio de la nada», planteó.

Sostuvo que esto es una «crisis terminal, si no encontramos una solución en los próximos días». «Los subsidios al AMBA hoy son 8 mil millones por mes, fuera de sus ingresos por SUBE, con 18.500 unidades. Eso da más o menos unos 430 mil pesos por coche. Nosotros [en el interior] tenemos 2.300 millones, con 13.500 unidades, lo que da 170 mil pesos por coche. Cada colectivo nuestro lleva tres trabajadores, es lo que nos reconoce el Estado nacional. Si tomamos 100 mil pesos por trabajador, son 300 mil, no llegamos bajo ningún concepto por lo que tenemos de ingresos a cubrir los fondos», detalló Ingaramo.

El transporte público del interior está viéndoselas en figurillas: han suspendido los pagos a los acreedores prendarios; han rebotado cheques, otros están en una situación concursal, con previsión de quiebra, describió el directivo.

«Cada provincia está haciendo presentaciones pertinentes, porque no podemos seguir sin percibir ingreso extra, por al ser un servicio esencial no podemos pedir ATP, porque percibimos subsidios, que a su vez no nos cubren los costos», dijo Ingaramo.

Con SUBE y sin SUBE

El vicepresidente de Fatap detalló también que el sector tiene 9.500 coches sin SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) y 4.100 con SUBE, y que los que no usan esta tarjeta «perciben menos subsidio que los sin SUBE porque tienen atributos sociales, una compensación a pasajeros, que pagan menos de boleto». «Al no tener viaje boleto, no viajar la gente, los que tenemos SUBE, en mi caso tengo en toda la empresa SUBE, nos quedamos sin esos ingresos que paga el Estado nacional, se quedan sin ingresos del Estado nacional. No sabemos para donde ir, con paros de 8 días, con gobiernos provinciales y municipales que dicen que no tienen dinero y el Gobierno nacional que dice que le cedió este problema a las provincias. No hay forma de poder seguir funcionando», señaló.

Qué dice el Gobierno

El encargado de exponer en representación del Gobierno nacional es el cordobés Gabriel Bermúdez, subsecretario de Transporte, quien respondió que «es una situación que excede la coyuntura, que viene de larga data y se acrecentó con la salida de la política de subsidios de 2019 en función del Consenso Fiscal de ese momento».

«Estamos atentos a la situación, entendemos que el AMBA, que tiene 62% del personal y el 56% del parque móvil, claramente a diciembre de 2019 participaba en el 91,14% de la distribución de fondos. Y en el 80% la distribución de los Atributos Sociales de la SUBE (ATS). La multiplicación de la posibilidad de que SUBE exista en todo el interior debe ser una política de Estado que nos va a permitir también federalizar los atributos sociales y el sistema de compensación, con lo cual nosotros estamos en ambos casos apoyando una política que tenga que ver con un reconocimiento de esta situación, que tiene que ver con una distribución de fondo federal, que es lo que el Presidente ha sostenido desde el primer día de la gestión», afirmó.

Bermúdez señaló que «desde el primer momento» el gobierno de Alberto Fernández ha trabajado «en federalizar el reparto de subsidios, con la resolución 14/2020» y que «hay un ánimo de generar una readecuación de los subsidios» y que era «el camino» en que estaba enfocada la gestión de Transporte pero que la pandemia los sorprendió.

Qué dijo la oposición

El diputado Diego Mestre, que participó de la reunión de la comisión, expresó la «preocupación sobre este paro del transporte inédito» de 37 días en el transporte interurbano y 12 días en el transporte urbano de Córdoba.

«Si bien los trabajadores del transporte ya han cobrado el 50 por ciento de su sueldo en abril, creemos conveniente que el Gobierno nacional ayude de manera excepcional a los involucrados para destrabar el conflicto. Pero además, los gobiernos provinciales tienen su responsabilidad ineludible, ya que cuando firmaron el consenso fiscal, de alguna manera convalidaron que la responsabilidad en cuanto a  los subsidios y a los aportes quedara en las provincias», planteó el legislador radical.

Además, señaló que cuando se trató el presupuesto del año 2019 se dispuso «un fondo compensador de 6.000 millones de pesos, pero en esta situación particular y dada la excepcionalidad que tiene que ver con el parate en la movilidad ocasionada por el aislamiento social y obligatorio que se dispuso para evitar el contagio del covid-19 durante la esta pandemia y la sucesiva caída del corte de boleto, la Nación debe aportar fondos pero también las provincias porque es su responsabilidad, más aún en el caso de la provincia de Córdoba, ya que ha recibido fondos del anterior gobierno como no ha recibido nunca antes».

 

Fuente:

La Voz

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