Habilitan a inspectores a trabajar como “encubiertos”

Un instructivo de la Municipalidad de Córdoba les permite concertar viajes e ir como pasajeros en transportes no habilitados. La medida surgió en pleno conflicto contra Uber, pero se usa también para los remises truchos. Aseguran que no hay vicios legales.

Para sancionar a choferes de Uber y de otras aplicaciones o transportes no habilitados la Municipalidad de Córdoba decidió apelar a los “inspectores encubiertos”. Un instructivo firmado por el secretario de Servicios Públicos municipal, Pablo Farías, describe, paso a paso, cómo se tienen que hacer los operativos para hacer caer a un infractor y probar que el chofer trabajaba bajo una modalidad irregular o, al menos, no regularizada de transporte.

Lo primero, explica el instructivo, es pedir un vehículo a una aplicación no autorizada. Un inspector, sin identificarse como tal, lo tiene que hacer a través de un teléfono provisto por el municipio. Apenas se concerta el viaje, el inspector tiene que hacer una captura de pantalla de la app. Si le dan información del chofer o del vehículo que hará el trayecto, tiene que hacer otra captura de pantalla. Estos dos pasos son claves para probar la primera de las infracciones: ofrecer un servicio público de transporte no habilitado, plantea el instructivo.

Pero la guía de trabajo avanza un poco más allá: “Al presentarse la unidad, el inspector la abordará señalando el recorrido por realizar de manera que confluya al puesto de control establecido. Nota: abordar la unidad por parte del inspector no constituye un acto ilícito ni invalidatorio del acto de control, puesto que constituye un ejercicio del poder de control de la autoridad jurisdiccional”, dice el documento firmado por Farías.

Con el inspector como pasajero, la Municipalidad puede obtener prueba de la segunda infracción que quiere documentar: prestar servicios de transporte sin certificado habilitante.

Esta es la infracción que se busca probar porque es la que aumentó el Concejo Deliberante cuando aprobó sanciones por 1.500 bajadas de bandera a quienes “trasladen pasajeros a título oneroso, promociones, por canje o similares”. Estas 1.500 bajadas de bandera equivalen hoy a 72.945 pesos. Y en caso de reincidencia, la sanción se eleva a tres mil bajadas de bandera: 145.890 pesos.

“Ofrecer el servicio de viaje no es lo mismo que llevarlo adelante”, explica Esteban Rossi, subsecretario de Transporte municipal.

El instructivo surgió durante el desembarco de Uber y fue ideado para controlar un servicio muy difícil de detectar con metodologías convencionales, según Rossi, porque “trabaja en la clandestinidad: Uber es un fantasma, hasta que la empresa fue citada en la Justicia era sólo un correo electrónico”.

“Como trabajaba en el marco de la clandestinidad, había que salir a controlar a través de un mecanismo diferente. Lo que se pone en negro sobre blanco es que se trata de un servicio de transporte ilegal, que hace una oferta pública a un pasajero incierto y quien va a prestar el servicio de traslado también es un conductor incierto”, enfatizó el funcionario.

“El mecanismo que se estableció para esta aplicación fue validado con el cuerpo de abogados del municipio. Se trabajó con teléfonos del municipio, todo validado por un oficial de justicia”, precisó.

En un informe que publicó La Voz semanas atrás, se contó cómo grupos de taxistas y remiseros se turnaban para hacer de “caza Uber”: tomaban viajes, que luego llevaban hasta un puesto de control municipal, donde entregaban al chofer de la aplicación a los inspectores. Esto no tiene nada que ver con esas prácticas, asegura Rossi. Aquí sólo intervienen inspectores municipales.

“En este caso no hay fruto del árbol envenenado, que es la teoría a la que quieren apelar quienes buscan desacreditar estos operativos. Todos los juristas consultados coincidieron en que no estaba vulnerado ningún derecho. Y la obligación del municipio es evitar que cualquier persona pueda prestar la función de transporte público simplemente conduciendo su vehículo, sin ningún tipo de seguridad ni de estar en regla con la legislación”, fundamentó el funcionario.

Rossi, incluso, lamenta que se pregunte sobre este instructivo. “Acá los ojos no tienen que estar puestos sobre el que ejerce el poder de control, sino sobre el que comete infracción y siempre está viendo la forma para seguir cometiendo el delito”, asegura.

El presidente de los Tribunales Administrativos de Faltas, Ramón Ortega, defendió también estos operativos al asegurar que se trata de “inteligencia del Estado”. Comparó estas prácticas con los controles a evasores que hace la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), cuyos agentes suelen presentarse como clientes comunes para ver si se hacen o no facturas.

La batalla contra Uber sigue en la Justicia

Se mantienen las audiencias por el amparo municipal.

El 13 de septiembre, la Justicia dio curso al amparo pedido por la Municipalidad de Córdoba para que se ordene a Uber que deje de prestar servicios en la ciudad. El 26 de septiembre, la compañía comunicó que suspendía la aplicación en Córdoba. Dijo que lo hacía para proteger a sus socios choferes de “sanciones ilegítimas”. Pocos días antes, el Concejo Deliberante había aumentado las multas a 72 mil pesos. Uber asegura que sigue interesada en Córdoba.

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