Las cámaras de colectiveros pidieron una reunión urgente con Peña, para mostrarle los datos del sector. Dicen que la cantidad de pasajeros bajó 8% desde abril.
La sangre de las negociaciones entre los empresarios de colectivos y el Ministerio de Transporte ya llegó al río: las cámaras empresarias de autotransporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires le pidieron una audiencia «urgente» al jefe de Gabinete, Marcos Peña, para plantearle la «grave situación económica» que atraviesa el sector.
Todo esto ocurre cuando según fuentes sectoriales, el Gobierno les adelantó a las empresas que planea subir el boleto del colectivo al menos un 33% a partir del 1 de abril. La tarifa mínima (hasta 2 kilómetros de recorrido) se incrementaría de los $ 6 actuales a $ 8, mientras las distancias más largas (más de 12 kilómetros) pasarían de $ 6,75 a $ 9.
En una carta fechada el jueves 16, pero difundida ayer, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Asociación Civil Transporte Automotor (ACTA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) solicitaron un encuentro con el jefe de los ministros debido al «agotamiento de las gestiones llevadas a cabo en el ámbito del Ministerio de Transporte», que conduce Guillermo Dietrich.
Lo que aqueja a las agrupaciones empresariales es que la cartera de Transporte tiene en mente reducir las compensaciones (subsidios) para el sector, mientras las compañías resisten esa medida y argumentan que arrastran una pérdida por costos operativos de $ 600 millones mensuales desde el último incremento tarifario, en abril del año pasado.
Adicionalmente, las empresas advirtieron que cada incremento de las tarifas produce una merma en la cantidad de pasajeros transportados. El año pasado, esa caída habría alcanzado entre el 7% y 8%.
Según la Dirección de Análisis Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), durante 2016 el Estado transfirió al transporte automotor (incluido el de larga distancia, que recibe una pequeña cantidad de dinero del Estado en comparación con el de corta y media distancia) subsidios por $ 35.426,6 millones, un 21% más que en 2015, una cifra muy inferior a la inflación del año pasado.
«Dada la complejidad de la crisis y ante la falta de reconocimiento de los costos reales del sector por parte del Ministerio de Transporte, las entidades entienden que es imprescindible una nueva instancia de análisis que posibilite lograr un acuerdo y evite consecuencias mayores en un servicio público esencial», intimaron los empresarios a quien funciona como mano derecha del presidente Mauricio Macri.
Una fuente de las cámaras empresariales, que pidió reserva de nombre, planteó: «Lo que quiere el Gobierno es aumentar las tarifas solamente bajando subsidios pero sin darles mejores precios a las empresas.
Actualmente el déficit operativo se está cubriendo con la postergación en la renovación de la flota de colectivos y se pidieron planes de pago para abonar las cargas sociales, ya que, si no se abonan, no se reciben los subsidios. Si se aplicara la tarifa plena, el usuario debería pagar un boleto por encima de los $ 17».
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