La Municipalidad fijó el 18 de septiembre como fecha de apertura de propuestas de la Licitación Pública 13/2026, destinada a reorganizar el transporte urbano de pasajeros durante los próximos diez años. Sin embargo, al 6 de octubre todavía no aparece publicada oficialmente la adjudicación ni pudo verificarse quiénes presentaron ofertas. El proceso resulta clave para una ciudad que lleva años funcionando bajo un esquema de emergencia, convenios transitorios y hasta asistencia municipal con combustible para sostener algunos recorridos.
Campana puso en marcha uno de los procesos más importantes de los últimos años para su sistema de transporte público, pero todavía quedan varias preguntas centrales sin respuesta pública.
La Licitación Pública Nº 13/2026, convocada mediante el Decreto 769/2026, tenía previsto recibir las ofertas hasta las 10 del pasado 18 de septiembre, mientras que la apertura debía realizarse una hora más tarde, a las 11, en dependencias municipales.
El llamado tiene como objetivo contratar el Servicio de Transporte Público de Pasajeros del Partido de Campana y no se trata de un acuerdo transitorio: la Ordenanza 7826 autorizó al Departamento Ejecutivo a licitar la prestación por un plazo de diez años desde la adjudicación, con posibilidad de prórroga previo acuerdo entre las partes.
Sin embargo, a casi tres semanas de aquella fecha, todavía no pudo verificarse públicamente qué empresas participaron del procedimiento.
Tampoco aparece, hasta el momento, una resolución oficial de adjudicación vinculada al expediente 4016-14972/2026 en los registros públicos consultados del Sistema de Boletines Oficiales Municipales.
Esto no implica necesariamente que la apertura no se haya realizado o que no existan oferentes. El proceso puede encontrarse en etapa de análisis administrativo, técnico o económico antes de que se publique una decisión definitiva.
Pero el dato resulta relevante: uno de los principales interrogantes que planteaba la licitación era precisamente conocer cuánta competencia empresarial lograría generar Campana y qué compañías estarían dispuestas a hacerse cargo de su sistema urbano durante la próxima década.
Una concesión por diez años
La duración prevista convierte al procedimiento en algo mucho más trascendente que una simple renovación temporal.
La Ordenanza 7826/2026 autorizó expresamente la contratación del servicio por diez años, contados desde la adjudicación, y con opción de prórroga.
La norma señala que el objetivo es asegurar la continuidad, regularidad y cobertura de los recorridos que conforman la red de transporte urbano del Partido de Campana.
Eso significa que las decisiones que se adopten en esta licitación pueden definir buena parte de la movilidad cotidiana de Campana durante la próxima década.
Flota, frecuencias, recorridos, inversiones, tecnología, accesibilidad y estructura económica del servicio deberían quedar condicionados por el nuevo esquema contractual.
Y precisamente por eso resulta importante conocer quiénes participaron de la licitación y cuáles son las propuestas presentadas.
Un sistema que lleva años en emergencia
El llamado tampoco se produce sobre un sistema de transporte funcionando bajo concesiones normales y estables.
Campana mantiene desde hace años un Estado de Emergencia en la Prestación del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, prorrogado sucesivamente mediante distintas ordenanzas.
En mayo, la Ordenanza 7818 volvió a extender ese esquema hasta el 30 de abril de 2027, aunque estableció que la emergencia finalizará antes si se produce la adjudicación de la nueva licitación y comienza efectivamente la prestación del servicio.
La misma norma autorizó al Departamento Ejecutivo a mantener convenios con Micro Ómnibus Tigre S.A., Cooperativa de Trabajo 6 de Julio Ltda. y Cooperativa de Trabajo 3 de Julio Ltda., además de otras compañías que eventualmente presten servicios dentro de la jurisdicción.
Ese contexto permite dimensionar la importancia de la Licitación 13/2026.
No se trata únicamente de seleccionar una empresa para reemplazar a otra.
El objetivo de fondo debería ser abandonar una estructura sostenida durante años mediante sucesivas prórrogas y avanzar hacia un sistema con reglas, inversiones y obligaciones definidas para el largo plazo.
La incógnita sobre los actuales operadores
Cuando se anunció la licitación, una de las preguntas principales era determinar si los operadores que actualmente participan del transporte de Campana iban a presentarse.
Entre ellos aparecen Micro Ómnibus Tigre y las cooperativas 6 de Julio y 3 de Julio.
Hasta el momento, la documentación pública localizada no permite confirmar que alguna de estas compañías haya presentado una propuesta en la Licitación 13/2026.
Tampoco permite saber si ingresaron nuevos grupos empresarios interesados en desembarcar en Campana.
Ese dato será central.
Una licitación con varios oferentes permite al Municipio comparar proyectos operativos, estructuras de costos, planes de renovación de flota, inversiones y condiciones económicas.
Con un único interesado, en cambio, el margen de comparación se reduce considerablemente.
Los pliegos, además, tuvieron un valor de $5 millones y estuvieron disponibles para su adquisición entre el 10 y el 16 de septiembre.
El Municipio había fijado finalmente el 18 de septiembre como día para conocer las propuestas.
Los $300 millones que aparecen en el expediente
Dentro de la documentación administrativa del llamado también aparece una Solicitud de Gasto por $300 millones.
Ese monto no debe confundirse con el valor total de la futura concesión.
No significa que el contrato de diez años valga $300 millones ni que esa suma vaya directamente al futuro adjudicatario.
Se trata de una previsión incorporada al procedimiento administrativo.
El verdadero esquema económico dependerá de cómo hayan sido estructurados los pliegos, las condiciones de explotación, los ingresos tarifarios, los subsidios que eventualmente correspondan y las propuestas presentadas por las empresas.
El antecedente más delicado: 8.400 litros de gasoil por mes
Mientras avanzaba el proceso licitatorio, el Municipio tuvo que intervenir directamente para evitar que uno de los servicios actuales dejara de funcionar.
En julio, mediante el Decreto 618/2026, Campana otorgó a la Cooperativa 3 de Julio un subsidio extraordinario en especie consistente en 8.400 litros de gasoil mensuales.
La medida surgió después de que la cooperativa comunicara que, sin algún tipo de asistencia, no podría continuar prestando el servicio.
El beneficio fue otorgado retroactivamente desde mayo y estaba previsto hasta el 30 de septiembre de 2026 o hasta que resultara adjudicada la nueva licitación, lo que ocurriera primero.
El Municipio calculó que la asistencia correspondiente al período mayo-septiembre representaba $96.978.000.
El dato adquiere ahora una dimensión adicional.
El 30 de septiembre ya pasó y todavía no existe una adjudicación pública de la Licitación 13/2026 en los registros consultados.
Por eso, otro punto a seguir será determinar cómo continuará financiándose el servicio que recibía ese aporte de combustible o si el Municipio instrumentará una nueva asistencia mientras se completa el procedimiento licitatorio.
La licitación deberá resolver algo más que quién maneja los colectivos
El problema de Campana no parece limitarse a encontrar una empresa dispuesta a operar determinadas líneas.
El antecedente de la asistencia con combustible demuestra que existe también una discusión sobre la sustentabilidad económica del sistema.
Un nuevo contrato necesita establecer una ecuación que permita sostener colectivos, conductores, combustible, mantenimiento, seguros e inversiones durante varios años.
De lo contrario, una adjudicación formal podría terminar reproduciendo los mismos problemas económicos que llevaron a mantener el transporte mediante prórrogas y ayudas extraordinarias.
En otras palabras, el desafío no consiste solamente en adjudicar.
Consiste en diseñar un servicio que pueda mantenerse en el tiempo.
Flota, frecuencias y tecnología: las próximas preguntas
También quedará por conocer cuál será el nivel de exigencia que deberán cumplir los futuros operadores.
Entre los aspectos más importantes aparecen la cantidad mínima de colectivos, antigüedad de las unidades, frecuencias, accesibilidad, mantenimiento, limpieza, información al pasajero y mecanismos de control del servicio.
La incorporación de tecnología será otro punto central. Un contrato pensado para los próximos diez años difícilmente pueda limitarse solamente a exigir que los colectivos cumplan un recorrido.
El seguimiento mediante GPS, la información en tiempo real, el control automático de frecuencias y la posibilidad de que los pasajeros conozcan cuándo llegará una unidad son herramientas cada vez más habituales en sistemas urbanos.
También debería conocerse cómo se integrará la nueva operación con SUBE y qué mecanismos tendrá el Municipio para auditar que los servicios comprometidos efectivamente se cumplan.
¿Seguirán los mismos recorridos?
Otra incógnita importante es qué ocurrirá con la actual red de líneas.
El Decreto 769 habla de contratar el Servicio de Transporte Público de Pasajeros, mientras que la Ordenanza 7826 plantea garantizar la cobertura de los recorridos que integran la red urbana.
Pero todavía falta conocer públicamente cómo quedará organizado cada corredor dentro del esquema definitivo. Una licitación de esta magnitud podría utilizarse simplemente para mantener la red actual con nuevos contratos.
Pero también podría convertirse en una oportunidad para revisar recorridos, conexiones entre barrios, frecuencias y zonas con cobertura insuficiente.
En una ciudad que lleva años transitando un sistema de emergencia, la segunda alternativa permitiría transformar la licitación en una verdadera reorganización de la movilidad.
Abrir los sobres era apenas el comienzo
También es importante aclarar que la fecha del 18 de septiembre nunca significó que al día siguiente comenzarían a circular nuevos colectivos.
La apertura de ofertas constituye solamente una instancia dentro de un proceso más amplio.
Después deben analizarse los antecedentes administrativos de las empresas, sus propuestas técnicas y económicas, las garantías presentadas y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos.
Pueden existir pedidos de documentación adicional, observaciones y dictámenes antes de seleccionar una propuesta.
Luego debe producirse la adjudicación y, posteriormente, el inicio efectivo de la nueva prestación.
De hecho, la propia normativa municipal establece que el actual Estado de Emergencia terminará recién cuando exista adjudicación y comienzo real del servicio.
La próxima noticia será conocer quién quiere operar Campana
Por ahora, la Licitación Pública 13/2026 dejó atrás su fecha prevista de apertura pero mantiene abiertas varias de las preguntas más importantes.
¿Cuántas empresas presentaron ofertas? ¿Participaron los actuales operadores? ¿Hubo nuevos interesados? ¿Una sola compañía se presentó o existió competencia? ¿Cómo se distribuirán los recorridos? ¿Qué cantidad de colectivos se exigirá? ¿Cuándo comenzará la nueva concesión?
Y, especialmente, cómo resolverá Campana la sustentabilidad económica de un sistema que necesitó asistencia extraordinaria incluso mientras se preparaba la licitación.
La ciudad tiene autorización para entregar la operación por diez años. Eso convierte a la decisión que surja de este proceso en una de las más importantes para el transporte público local de los próximos años.
El 18 de septiembre debía ser el momento para comenzar a conocer a los interesados.
A partir de ahora, la verdadera novedad será otra: saber quiénes presentaron ofertas, cuál será elegido y qué sistema de colectivos propone Campana para dejar finalmente atrás años de emergencia y soluciones transitorias.
Fuente:
Decreto 769/2026 – Licitación Pública N° 13/2026 para la contratación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros
