El servicio urbano de Rawson y Playa Unión volvió a la normalidad después de que el Municipio depositara fondos, Ceferino pagara los salarios atrasados y los trabajadores levantaran las medidas de fuerza. Pero detrás del conflicto laboral quedó abierta una disputa mucho mayor: la empresa reclama una deuda multimillonaria y el intendente Damián Biss reconoce, como máximo, apenas un tercio de esa cifra. Entre ambos números existe una diferencia de por lo menos $1.200 millones.
Los colectivos volvieron a circular con normalidad en Rawson durante la tarde del miércoles 9 de septiembre.
Pero el problema que desencadenó el conflicto está lejos de haberse terminado.
Después de varios días de interrupciones, asambleas y retenciones parciales, la Municipalidad realizó el depósito correspondiente al subsidio pendiente a Transporte Ceferino. La empresa utilizó esos fondos para cancelar los salarios adeudados y los trabajadores levantaron las medidas de fuerza.
Para los pasajeros de Rawson y Playa Unión, la consecuencia inmediata es concreta: el servicio volvió a funcionar normalmente.
Sin embargo, detrás del reclamo salarial apareció una discusión económica mucho más profunda.
Transporte Ceferino sostiene que arrastra acreencias vinculadas con el servicio desde finales de 2024. El intendente de Rawson, Damián Biss, rechaza los montos planteados por la empresa.
Y la diferencia no es pequeña.
Según explicó el jefe comunal, Ceferino reclama alrededor de $1.800 millones, mientras que el Municipio reconoce que la deuda podría alcanzar, como máximo, aproximadamente $600 millones.
Entre una cifra y otra hay $1.200 millones que, por ahora, ninguna documentación pública permite conciliar.
De un problema salarial a una disputa de $1.800 millones
El conflicto se hizo visible el lunes 7 de septiembre, cuando los trabajadores de Ceferino iniciaron medidas de fuerza ante la falta de pago de sus salarios.
Durante varias horas Rawson quedó sin servicio urbano.
Desde la empresa atribuyeron las dificultades para pagar los haberes a los atrasos en los fondos que debía transferir la Municipalidad y aseguraron que la situación no era nueva.
El gerente de Ceferino, Ariel Jones, sostuvo inicialmente que existía una deuda acumulada cercana a los $2.000 millones, originada —según la empresa— en diferencias que se fueron generando desde diciembre de 2024.
Jones planteó que para afrontar los salarios necesitaba entre $80 y $90 millones, a los que se sumaban aproximadamente $100 millones en gastos de combustible.
El planteo trasladó rápidamente la discusión desde los sueldos de los trabajadores hacia el modelo económico con el que se sostiene el transporte urbano de la capital chubutense.
Biss: no son $2.000 millones
La respuesta municipal llegó poco después.
Damián Biss rechazó que la deuda reconocida por el Municipio se acercara a los $2.000 millones mencionados inicialmente por la empresa.
Según el intendente, el reclamo formal de Ceferino sería por $1.800 millones, pero desde la Municipalidad consideran que el eventual saldo adeudado no superaría los $600 millones.
Biss añadió otro número importante.
De acuerdo con su explicación, el aporte correspondiente al último período rondaba los $80 millones, fondos que el Municipio buscaba completar para permitir que la empresa regularizara el pago de los salarios.
Ese depósito finalmente se realizó y permitió destrabar el conflicto laboral.
Pero pagar un mes no resolvió la discusión acumulada.
$1.200 millones sin explicar
Si se toman las propias cifras mencionadas públicamente por el intendente, aparece el verdadero tamaño del desacuerdo.
Ceferino reclama:
$1.800 millones.
El Municipio admite como máximo:
$600 millones.
La diferencia alcanza:
$1.200 millones.
Es decir, la Municipalidad estaría reconociendo solamente un tercio del monto reclamado por la prestataria.
O visto desde el otro lado: alrededor de dos tercios de la supuesta deuda están directamente en discusión.
Y esa diferencia es demasiado grande como para explicarla únicamente como una demora de algunos días en una transferencia mensual.
¿De dónde salen los $1.800 millones?
Esa es ahora la principal pregunta.
La empresa atribuye la deuda acumulada a desfasajes entre los aportes municipales y los costos reales del servicio, con incrementos vinculados, entre otros factores, a salarios y combustible.
Pero públicamente todavía no se conoce un detalle contable que permita reconstruir esos $1.800 millones.
Para hacerlo sería necesario conocer, mes por mes:
cuál era el costo reconocido del sistema;
cuánto debía aportar el Municipio;
qué certificados presentó la empresa;
qué montos fueron aprobados;
qué pagos efectivamente se realizaron;
qué diferencias quedaron pendientes;
qué actualizaciones fueron reconocidas;
y qué partidas eventualmente fueron rechazadas por la Municipalidad.
Sin esa información resulta imposible determinar si los $1.800 millones representan efectivamente una deuda contractual exigible, una estimación empresarial del déficit de explotación o una combinación de distintos conceptos.
¿Y de dónde salen los $600 millones?
La misma pregunta vale para la Municipalidad.
Biss dijo que el Municipio podría reconocer hasta aproximadamente $600 millones, pero tampoco se difundió hasta ahora una conciliación detallada que permita conocer cómo se llega a ese monto.
Por eso, actualmente existen dos versiones y ningún balance público que permita determinar cuál refleja correctamente la situación contractual.
La diferencia no es solamente contable.
De ella depende comprender si el sistema de Rawson atraviesa un atraso transitorio de pagos o un desequilibrio económico mucho más profundo.
El problema no empezó en septiembre
Las dificultades salariales ya habían provocado problemas en el servicio algunos meses antes.
En julio, los trabajadores de Ceferino habían implementado un esquema de trabajo a reglamento por atrasos en los salarios de junio.
En aquel momento llegaron a omitirse vueltas completas y las frecuencias entre servicios se extendieron a más de una hora.
La reiteración es relevante.
Cuando un atraso financiero termina afectando salarios una vez puede tratarse de un problema puntual.
Cuando ocurre repetidamente y empieza a alterar las frecuencias del transporte, deja de ser solamente una discusión administrativa entre empresa y Municipio.
Se transforma en un problema para los pasajeros.
El pasajero queda en el medio
Ese es el aspecto más delicado de la situación.
El Municipio sostiene que su obligación es cumplir con los aportes previstos y que el pago de los salarios corresponde a la empresa.
Ceferino argumenta que necesita recibir los fondos para poder afrontar sus obligaciones.
Los trabajadores, mientras tanto, reclaman cobrar los salarios en término.
Y en el último eslabón aparece el usuario.
Cada vez que alguna parte de esa cadena falla, el pasajero termina esperando un colectivo que no llega.
Eso ocurrió nuevamente durante esta semana.
El lunes hubo una interrupción total durante varias horas. Luego continuaron asambleas y retenciones parciales. Incluso el miércoles unos 25 trabajadores llevaron colectivos hasta la Municipalidad para reclamar por los salarios.
Horas después, el depósito destrabó el pago y permitió recuperar la normalidad.
Una curiosa protesta: seis colectivos terminaron multados
La jornada del 9 de septiembre dejó incluso una situación particular.
Mientras los choferes se encontraban frente al edificio municipal reclamando por sus haberes, seis unidades de Ceferino fueron multadas por encontrarse estacionadas en doble fila.
El episodio sintetizó de alguna manera el nivel de tensión alcanzado durante el conflicto.
Los colectivos que debían estar prestando servicio terminaron estacionados frente a la Municipalidad, los trabajadores reclamaban por salarios impagos y las propias unidades terminaron sancionadas por infracciones de tránsito.
Pocas horas después llegó el dinero y la medida fue levantada.
Subsidios, costos y una discusión que se repite en todo el país
El caso Rawson también expone un problema que excede ampliamente a una sola ciudad.
El costo real de operar un colectivo está compuesto principalmente por salarios, combustible, mantenimiento, neumáticos, seguros, repuestos, amortización de unidades y gastos administrativos.
Cuando la tarifa abonada por el pasajero no alcanza para cubrir esos costos, el sistema necesita alguna forma de compensación pública.
Si esos aportes llegan tarde, son insuficientes o existen diferencias respecto de cómo actualizar los costos, el desequilibrio aparece rápidamente.
Los primeros afectados suelen ser proveedores y empresas.
Luego aparecen los salarios.
Y finalmente se deteriora el servicio.
Rawson ofrece esta semana un ejemplo concreto de esa cadena.
El subsidio provincial es otro componente del sistema
Además de los aportes municipales discutidos actualmente, las empresas de transporte urbano de Chubut reciben fondos provinciales.
Los registros oficiales correspondientes a 2025 muestran, por ejemplo, que Autotransporte Ceferino tenía asignado entonces un aporte provincial mensual de aproximadamente $40,46 millones dentro del esquema de subsidios al transporte.
Ese aporte provincial no debe confundirse con la deuda municipal que hoy está en discusión.
Pero muestra otra característica de la economía del transporte: el funcionamiento del servicio depende de distintas fuentes de recursos que deben combinarse para cerrar la ecuación mensual.
Tarifa, aportes municipales, compensaciones provinciales y otros ingresos terminan formando parte del mismo esquema.
Cuando una pieza se atrasa, el equilibrio puede romperse.
Lo que falta conocer
Para determinar realmente quién tiene razón en la disputa entre Rawson y Ceferino, las declaraciones públicas no alcanzan.
La discusión podría aclararse con tres grupos de documentos.
Primero, el contrato de concesión y sus modificaciones, para conocer exactamente qué obligación financiera corresponde a cada parte y bajo qué mecanismo se actualizan los costos.
Segundo, los certificados o liquidaciones mensuales desde diciembre de 2024, período desde el cual la empresa asegura que comenzaron a acumularse diferencias.
Y tercero, el detalle de todas las transferencias efectivamente realizadas por la Municipalidad, con fechas e importes.
Con esos elementos podría construirse una cuenta relativamente sencilla:
monto reconocido – pagos realizados = saldo pendiente.
Hasta que esa documentación sea pública, afirmar que Rawson debe $1.800 millones sería tomar como cierta la posición empresarial.
Pero afirmar que solamente debe $600 millones implicaría hacer exactamente lo mismo con la versión municipal.
Por ahora, ambas son cifras declaradas por las partes.
Volvió el servicio, no terminó el conflicto
El miércoles por la tarde los colectivos volvieron a circular normalmente.
El Municipio depositó el aporte pendiente, Ceferino pagó los salarios y los trabajadores levantaron las medidas.
Para los usuarios, esa es la buena noticia.
Pero la solución parece haber atacado solamente la consecuencia inmediata del problema.
Si la empresa efectivamente considera que existe una deuda acumulada de $1.800 millones y el Municipio sólo reconoce hasta $600 millones, todavía queda por resolver una diferencia de al menos $1.200 millones.
Y mientras ese número permanezca sin conciliar, existe una pregunta inevitable:
¿qué impedirá que el mismo conflicto vuelva a repetirse el próximo mes?
Rawson logró que sus colectivos volvieran a circular.
Ahora necesita algo probablemente más difícil: que Municipio y prestataria logren ponerse de acuerdo sobre cuánto cuesta realmente el servicio, cuánto se pagó y cuánto se debe.
Porque si ni siquiera existe consenso sobre esos tres números, la normalidad recuperada esta semana puede ser solamente transitoria.
