El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de aumentos para el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde este lunes 18 de mayo, subieron las tarifas de los colectivos y trenes de jurisdicción nacional, en el marco de una actualización gradual impulsada por la Secretaría de Transporte.
La medida impacta principalmente en las líneas de colectivos que cruzan la General Paz o el Riachuelo, además de los servicios ferroviarios metropolitanos como las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.
Cuánto cuesta el boleto mínimo desde hoy
Con la actualización tarifaria, el boleto mínimo de colectivo nacional pasó de $700 a $714 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. En tanto, los usuarios con Tarifa Social Federal pagan $321,30 y quienes utilicen una SUBE sin nominalizar deberán abonar $1428.
En los trenes metropolitanos, el aumento fue mayor: el boleto mínimo pasó de $280 a $330 con SUBE registrada. Para beneficiarios de tarifa social, el valor quedó en $148,50, mientras que quienes paguen sin SUBE registrada abonarán $660. El boleto comprado en efectivo asciende a $1100.
Habrá más aumentos en los próximos meses
El esquema anunciado por el Gobierno contempla nuevas subas escalonadas para los próximos meses. En colectivos nacionales se prevén incrementos adicionales del 2% en junio y julio, llevando el boleto mínimo a alrededor de $743 hacia mitad de año.
En el caso de los trenes, el cronograma será más agresivo: las tarifas aumentarán mensualmente hasta septiembre y el boleto mínimo podría alcanzar los $530, acumulando una suba cercana al 90% respecto a los valores anteriores.
Diferencias con CABA y Provincia
Según indicó la Secretaría de Transporte, las tarifas nacionales continúan por debajo de las que ya aplican la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Actualmente, el boleto mínimo en líneas porteñas y bonaerenses supera ampliamente los valores de jurisdicción nacional.
El nuevo aumento vuelve a poner en debate el costo del transporte público en el AMBA, en un contexto donde las empresas reclaman mayores ingresos para sostener la operación y el Gobierno busca reducir subsidios.
