El sistema de transporte urbano de la ciudad de Córdoba vivió un episodio inédito cuando ninguna de las unidades del Grupo FAM salió a prestar servicio, luego de que la empresa denunciara haber sufrido un sabotaje que afectó directamente a su flota. La situación dejó sin colectivos a miles de pasajeros y desató una crisis que derivó en la intervención del municipio y en la posterior rescisión del contrato con la compañía.
Un sabotaje que paralizó el servicio
El conflicto comenzó cuando los choferes se presentaron a trabajar y descubrieron que las unidades no podían ponerse en marcha porque habían desaparecido las llaves de encendido de los colectivos. La empresa denunció que se trató de una acción deliberada que le impidió operar su flota y brindar el servicio habitual.
La interrupción impactó de lleno en los corredores 2, 5 y 7 del transporte urbano, además de las líneas anulares 600 y 601, recorridos que estaban bajo la operación de FAM dentro del sistema de colectivos de la capital cordobesa.
Según trascendió en la investigación judicial, el sabotaje habría sido mucho más amplio de lo que se pensaba inicialmente. Las pericias detectaron que más de 170 llaves de encendido desaparecieron de distintas unidades, lo que obligó a detener cerca de 200 colectivos.
La cerrajería Paulo montó un operativo especial con 3 robots, 4 camionetas y 6 empleados para realizar las copias necesarias y volver a poner en funcionamiento las unidades.
Pero el daño no terminó allí. También se reportaron colectivos con módulos electrónicos retirados e incluso sabotajes mecánicos, lo que agravó la situación y prolongó la paralización del servicio.
Investigación judicial y cámaras bajo análisis
La causa quedó en manos del fiscal José Mana, quien ordenó analizar las cámaras de seguridad del predio de la empresa y de las unidades afectadas para intentar identificar a los responsables del hecho.
Los investigadores consideran que el sabotaje fue planificado con precisión, ya que las llaves no estaban almacenadas en un único lugar sino distribuidas en cada unidad, lo que implicó recorrer gran parte de la flota para inutilizarla.
Desde el municipio también calificaron lo ocurrido como una acción intencional. Funcionarios de la Municipalidad señalaron que la desaparición de las llaves y la paralización simultánea de las unidades no podía ser casual, y denunciaron el hecho ante la Justicia.
Plan de contingencia y viajes gratuitos
Ante el colapso del servicio, el gobierno municipal activó un plan de emergencia para evitar que la ciudad quedara sin transporte. El operativo incluyó el refuerzo de flotas de otras empresas del sistema y la reasignación temporal de los corredores afectados.
De esta manera, Tamse, SíBus y Coniferal comenzaron a cubrir los recorridos que operaba FAM, mientras que se dispuso que los pasajeros viajen sin pagar boleto durante la emergencia para reducir el impacto del conflicto.
La ruptura del contrato
En medio de la crisis y tras evaluar la situación operativa, la Municipalidad de Córdoba resolvió rescindir el contrato con el Grupo FAM, argumentando que la empresa no presentó un plan concreto para restablecer el servicio en los plazos solicitados.
La decisión marcó un nuevo capítulo en el transporte urbano cordobés, mientras la investigación judicial continúa para determinar quién estuvo detrás del sabotaje que dejó fuera de servicio a gran parte de la flota.
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