Más del 40 % sobrepasan los 15 años de fabricación. La nueva ley de transporte terrestre sacará de circulación a a 4,248 unidades del transporte colectivo con más de 15 años de fabricación.
La cifra representa el 40.51 % de las unidades de transporte que actualmente circulan en el país (10, 487), según un análisis de LPG Datos, con información oficial del Viceministerio de Transporte.
Del total de unidades que fueron fabricadas antes de 2006, 3,080 son autobuses y 1,168 microbuses, siendo los más antigua un autobus y un microbus fabricados en 1977
La ley todavía vigente, en el artículo 34, expresa que las unidades del transporte colectivo pueden circular hasta con un máximo de 20 años de fabricación. Sin embargo, la normativa que fue dictaminada el 13 de septiembre pasado por los diputados de la comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa señala, en su artículo 54, que «la antigüedad máxima que puede tener las unidades dedicadas al transporte público de pasajeros tipo colectivo y masivo» será de 15 años.
Luego, en el artículo 55 de la ley dictaminada también se ha establecido que «la autorización para la sustitución de las unidades a las que se refiere la presente ley (…) la emitirá la Dirección General de Transporte Terrestre, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley o el Reglamento respectivo».
Sin embargo, de momento ni los legisladores, ni los transportistas han hecho referencia a la forma en la que se podría llevar a cabo dicho proceso de sustitución.
Sobre el retiro de unidades de transporte con más de 15 años de antigüedad LA PRENSA GRÁFICA intentó contactarse con diferentes miembros de la Mesa Nacional de Transporte, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta a pesar de las llamadas a sus teléfonos móviles.
Eso sí, representantes de la Mesa han reconocido en el pasado que han sostenido negociaciones con representantes del Gobierno, aunque también han mencionado que desconocen el contenido de la nueva Ley de Transporte que fue presentada en la Asamblea el pasado 11 de agosto por parte del ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez y que contaba, en ese momento, con 231 artículos, pero que terminó dictaminándose en la comisión con 233, sin que se conocieran, públicamente, las modificaciones realizadas.
Los transportistas, sin embargo, no han mostrado ningún reclamo contra la nueva ley. Por el contrario, en una conferencia brindada el 12 de septiembre, solicitaron al presidente Nayib Bukele que busque la reelección, a pesar de la prohibición establecida en los artículos 75, 88, 131, 152, 154 y 248 de la Constitución. El sector también expresó su apoyo a las propuestas del Ejecutivo, afirmando que con el actual régimen de excepción dentro de las unidades de transporte, los colaboradores «están más tranquilos (y) desarrollan sus actividades sin otro agente externo».
La intención de sacar de circulación unidades con más de una década de servicio no es nueva. En 2021, el Ejecutivo también hizo varias propuestas de reforma de ley que no pasaron al pleno legislativo.
Entre las propuestas estaba que el máximo de antigüedad fuera de 10 años. Si ese panorama se planteara en estos momentos, la cantidad de buses que saldrían de circulación serían 7,705, más de un 70 por ciento de las unidades de transporte, lo cual, según dijo en diciembre pasado el empresario Catalino Miranda —detenido bajo la acusación de desórdenes públicos—, hubiese significado la posibilidad de un paro técnico en caso de darse de forma abrupta.
Dentro de las propuestas presentadas en 2021 estaba que la antigüedad se mantuviera en 20 años, pero con una eliminación gradual de las unidades más antiguas, sacando poco a poco y por años, los buses y microbuses que excedieran la edad reglamentaria, logrando un cambio gradual hasta que todas las unidades que queden circulando no posean más de 15 años de fabricación. Pero dentro del nuevo dictamen esta discusión no se llevó a cabo, y no existe ninguna regulación respecto a este tema.
La diputada Marleni Funes, del FMLN, comentó cuestionó que este dictamen, al igual que otros, se apruebe sin que los diputados puedan leer la normativa. «La comisión es un claro ejemplo de como funciona hoy la Asamblea Legislativa, donde solo se reciben las leyes, no se leen, pero ya está lista la mano para levantarla. Hace un año llegó a la comisión una propuesta de reforma del Ejecutivo y le hizo una serie de consultas. Posteriormente, hace seis meses, la comisión dictaminó un decreto de reforma a la ley, pero este dictamen jamás llegó al Pleno Legislativo, sino que regresó a Casa Presidencial. En agosto de este año, Casa Presidencial mandó un proyecto nuevo, ley que no ha sido discutida. Creemos que este dictamen tiene vicios en el proceso de formación de ley».
Dentro de la propuesta de ley hecha por el Ejecutivo presentada en agosto, y dictaminada por la comisión de obras públicas, existen reformas al Viceministerio de Transporte (VMT). Este desaparecería para dar paso a la nueva Dirección de Movilidad y Seguridad Vial, que cumplirá el papel que, hasta la fecha, ha cumplido el VMT.
La DMSV será la encargada de velar por el cumplimiento de las normativas hechas dentro de las nuevas reformas.
Cuestionamientos
El diputado René Portillo Cuadra, jefe de fracción de ARENA también comparte que la ley ha sido aprobada fuera de norma. «La forma en la que se aprobó y se dictaminó esta ley viola el reglamento de la Asamblea Legislativa, y viola el proceso de formación de ley. Esta ley nace inconstitucional por vicios de forma en la aprobación del dictamen», dijo.
Según Claudia Ortíz, diputada por el partido VAMOS, «el procedimiento es sumamente irregular, evita el principio de publicidad, principio de transparencia, de participación y me parece muy grave que pasen estas cosas, parece que hay algo que se está ocultando cuando pasa algo de esta manera. Esto genera que haya leyes de mala calidad o que terminen no representando a la población, sino a sectores específicos.»
«Sería importante que todo se divulgue un poco más. Hay que aplicar las leyes que ya existen, el sentido común y los principios de eficiencia y está bien que se pongan condiciones. Las concesiones deben cuidarse mucho y deben cumplirse los requisitos que se le ponen a los concesionarios» mencionó Ortíz.
El diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, comentó que «en el tema de transporte público es lamentable que no conozcamos cuál es la visión respecto a ese sector». Según el legislador, «se han visto muchas irregularidades, desde conferencias de prensa de representantes de ese gremio, que están avalando la reelección presidencial, 24 horas antes de aprobado este dictamen».
