El Área Metropolitana es el gran consumidor de transferencias a los dueños de las empresas de transporte; sin embargo, el 90% se destina a la provincia de Buenos Aires.
A la pelea por el traspaso de los colectivos porteños al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires le faltan dos cosas. La primera, que suba Axel Kicillof, gobernador de la provincia que es, por lejos, la principal destinataria de los subsidios al transporte. La otra, que se exhiban las cifras de lo que significa la cruzada en términos económicos.
Si la iniciativa avanza y las líneas de colectivos que no pasan en ningún punto de su recorrido ni la Avenida General Paz ni ningún puente sobre el Riachuelo deben ser subsidiada directamente por la administración porteña, el ahorro que se generará respecto del total de desembolsos que se pagan al Área Metropolitana (AMBA) no supera el 5% del total. El resto marchará a tierras bonaerenses, como sucede hasta ahora.
Los gobernadores, posiblemente, no hayan mirado los números que publica mensualmente el Ministerio de Transporte. En su caso, de haberlo hecho, deberían revisar sus conceptos básicos de federalismo y replantarse cuál debería ser el destinatario de los dardos, si Horacio Rodríguez Larreta o Kicillof.
De acuerdo a reportes oficiales, con la mayoría de los rubros contabilizados –aún faltan algunos que sumar–, el gobierno nacional destinó $123.482 millones para subsidiar al transporte de colectivos urbanos de todo el país.
De ese monto, $96.215 millones tuvieron como destino solventar las empresas de colectivos del AMBA. De ese monto, lo que se destinó a las 32 líneas que sólo circulan por calles porteñas fue de $9000 millones, y la Ciudad aportó otro tanto, más los $18.000 millones con los que subsidió el subterráneo. Para este año, según las estimaciones que hacen en el gobierno porteño y en la Casa Rosada, ese monto se iría a valores que rondan entre los 13.000 y los 15.000 millones de pesos.
Pero esa es sólo una parte del total que sale de Nación para este territorio: los ferrocarriles, que mayoritariamente transportan pasajeros desde la provincia de Buenos Aires a la Ciudad, ida y vuelta, claro está, sumaron el año pasado otros $94.000 millones de acuerdo a lo que reporta la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) en sus informes de ejecución presupuestaria.
Así las cosas, y si se mantienen los índices de actualización previstos por inflación, que baraja tanto Nación como Ciudad, el AMBA deberá contar con alrededor de $350.000 millones para mover su población sin subir el precio del boleto; el ahorro por el traspaso a la administración de Rodríguez Larreta –$15.000 millones– no llegaría al 5% del total.
La política y los números
El traspaso o no de los colectivos, claramente, impuso una discusión teñida de política más que de fundamentación técnica. “El Estado nacional transfiere por el fondo compensador un 56% a la ciudad para subsidiar el transporte adentro de su territorio, y no subsidia de la misma manera a la Provincia, que con recursos propios sostiene el transporte público con una carga del 91%, mientras la Ciudad pone el 44%”, fundamentó la diputada del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz en diálogo con Radio 10.
Poco antes, el diputado de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, sostuvo que lejos de la Ciudad es víctima de la política nacional. “Yo tengo la visión de que el gobierno nacional quiere depredar a la ciudad de Buenos Aires. La Ciudad produce aproximadamente el 20% de los recursos nacionales y le devuelven el 1,4. Esto quiere decir que le cobra la Nación a la Ciudad un impuesto por el 93% de sus ingresos. Parte de eso se veía atenuado por el pequeño subsidio que se le daba al transporte automotor. Ahora, además del 93%, le quieren sacar el subsidio”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.
Pero más allá de la polémica, los subsidios cruzados de los que gozan algunas actividades en las provincias muchas veces se ven compensadas por las transferencias discrecionales que se realizan desde el gobierno central. De hecho, en el primer semestre del año, Buenos Aires se ubicó primera, por muy lejos, en el podio de las provincias que más recursos recibieron del Estado nacional para atender sus gastos corrientes. De acuerdo a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el 52,1% ($92.362 millones) fueron a manos del gobierno de Kicillof. Se trata de un porcentaje casi diez veces superior al de Córdoba, segunda en el ránking, que recibió el 5,3% de esos recursos. En el segundo semestre, cuyos datos aún no están publicados, la tendencia fue aún más pronunciada producto de las campañas electorales en las paso y en las generales.
La discusión olvidada
Pero más allá de los números, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires tienen un entramado urbano que hace imposible la diferenciación de un sistema de transporte local y otro nacional. De hecho, según datos que manejan en el gobierno porteño, una gran mayoría de los usuarios de las 32 líneas de colectivos que ahora se quieren traspasar son utilizadas por pasajeros que combinan trenes u otros colectivos y que parten desde el conurbano bonaerense.
Por caso, la mayoría de esos recorridos porteños puros tocan las cabeceras de los trenes que se convierten a diario en las principales bocas de ingresos a la Ciudad.
El sistema de transporte está subsidiado en todo el país y como se ha escrito, con un fuerte acento en el AMBA. En el primer semestre, los 18.259 colectivos metropolitanos se repartieron más de $13.000 millones por mes; las 13.500 unidades que conforman el parque de todo el interior, $1500 millones cada 30 días. Sin embargo, en el único lugar donde la tarifa la fija en la Casa Rosada es en el AMBA.
La discusión debería ser más profunda y preguntarse, por ejemplo, quién podría tomar un colectivo que vale el doble que otro que circula exactamente por el mismo lugar. Posiblemente uno circule completo y el otro vacío y todo termine en exigirle más unidades y frecuencias al barato con lo que se sumarán cada vez más subsidios mientras el otro desaparece. Son preguntas casi científicas para la Argentina ideológica.
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