El AMBA recibe unos $15.000 millones mensuales de parte del Gobierno y el resto del país, $1500 millones, según datos de Fatap; los empresarios reclaman más subsidios
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó un nuevo paro para el interior del país que, en principio, sería el próximo viernes. La decisión empezó a barajarse después del fracaso de la reunión por zoom con autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación y los empresarios nucleados en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).
La UTA emitió un comunicado en el que “exige” que tanto las autoridades como los empresarios “sepan que el conflicto salarial no se resuelve sin sensibilidad y justicia social”. Plantea que quieren una “urgente respuesta” y que de no obtenerla hasta mañana jueves, dispondrán “las medidas de acción gremial necesarias”.
Los choferes del interior vienen reclamando un aumento salarial de 37% con un bono de $80.000 como el que lograron sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y la patronal insiste en que sin más subsidios –que los equiparen o, al menos, acerquen a esa región- no pueden avanzar en una paritaria “ni seguir funcionando”. Por esa razón, hace una semana, no hubo servicios por 48 horas.
Del encuentro participaron directores de los ministerios de Trabajo y de Transporte, todos los secretarios de Transporte de las provincias; por UTA el secretario general Roberto Fernández y todos los representantes provinciales; autoridades de Fatap y de empresas de los diferentes distritos. Fernández pidió paritarias y advirtió sobre el nuevo paro.
Gerardo Ingaramo, vicepresidente primero de Fatap, dijo a LA NACION que las empresas “no están en condiciones de ir a una paritaria ni de seguir funcionando” en las actuales condiciones. Planteó que el AMBA recibe $15.000 millones mensuales para 18.000 colectivos y las provincias, $1500 millones para unos 13.000 “cuando los costos son iguales, con tres choferes por unidad, igual valor de neumáticos, de repuestos”.
“Nadie se quiere hacer cargo –continuó-. Estamos en medio una puja y no podemos hacerle frente a los nuevos salarios; es una encrucijada que nos lleva a un abismo”. Los empresarios sostienen que los ingresos vienen por tarifa o subsidios y que explotan un servicio “por cuenta y orden” del Estado. “Ya se acabó el margen para maniobrar”, apuntan.
Por presupuesto, la Nación transferirá a las provincias $20.000 millones para sostener el transporte urbano (21% más que en 2020 pero muy por debajo de la inflación proyectada). El AMBA arrancó con $80.000 millones asignados, cuatro veces más que el interior, donde –según los empresarios- el boleto promedio debería el doble.
Desde la cartera de Alexis Guerra insisten en que la respuesta a los reclamos las deben dar las provincias, porque el ministerio viene cumpliendo los compromisos asumidos. Por eso, convocaría a los gobernadores para encontrar una salida; la mayoría de los distritos dicen no tener más recursos.
La pandemia marca un período atípico para el uso del transporte: la recaudación cayó porque hay menos gente que viaja. El uso, aun sin restricciones estrictas, está a mitad de los tiempos prepandemia.
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