Greyhound, la empresa de autobuses más grande de Estados Unidos, anunció el viernes que dejará de permitir que agentes de la Patrulla Fronteriza suban a sus autobuses para realizar revisiones de inmigración rutinarias.
La compañía hizo el anuncio una semana después de que The Associated Press reportara sobre un memorándum filtrado de la Patrulla Fronteriza que confirmaba que los agentes no pueden abordar autobuses privados sin el consentimiento de la compañía. Greyhound ya había insistido en que, aunque no le gustaban las inspecciones de inmigración, no tenía más remedio que permitirlas debido a la ley federal.
En un comunicado enviado por correo electrónico, la compañía dijo que notificaría al Departamento de Seguridad Nacional que no consiente registros injustificados en sus autobuses ni en áreas de terminales que no están abiertas al público en general. Agregó que proporcionaría a sus conductores y empleados de estaciones de autobuses capacitaciones actualizadas sobre la nueva política y que colocaría engomados en todos sus autobuses que indicaran que no consentía las búsquedas.
Greyhound ha sido presionada por la Unión Americana de Libertades Civiles, defensores de derechos de los migrantes y el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, para que deje de permitir las revisiones en sus autobuses en una franja de 160 kilómetros (100 millas) desde la frontera internacional o de la costa.
Afirman que la práctica es intimidatoria y discriminatoria, y que se ha vuelto más común bajo la presidencia de Donald Trump. Los arrestos realizados por agentes de la Patrulla Fronteriza grabados en video por otros pasajeros han generado críticas, y Greyhound enfrenta una demanda en California que alega que presuntamente violó las leyes de protección al consumidor al facilitar las redadas.
Otras compañías de autobuses _entre ellas Jefferson Lines, que opera en 14 estados, y MTRWestern, que opera en la costa noroeste_ han dejado claro que no consienten que los agentes aborden los autobuses.
El documento obtenido por la AP tiene fecha del 28 de enero y está dirigido a todos los supervisores y firmado por la entonces titular de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, poco antes de retirarse. Confirma la postura legal que han tomado los críticos de Greyhound: la Cuarta Enmienda de la Constitución prohíbe que agentes aborden autobuses e interroguen a pasajeros sin una orden de arresto o sin consentimiento de la empresa.
«Cuando las revisiones en el trasporte suceden sobre un autobús en lugares que no son puestos de revisión, el agente debe demostrar que él o ella obtuvo acceso al autobús con consentimiento del propietario de la compañía o de uno de los empleados de la compañía», estipula el memo. Las acciones del agente mientras está en el autobús “no causarían que una persona razonable crea que él o ella es incapaz de terminar el encuentro con el agente”.
