Una condena obliga a la Provincia a pagarle a la firma más de $ 88 millones. La concesión inicial del servicio finaliza en diciembre de 2024.
El directorio de la Terminal de Ómnibus ofreció a la Provincia un acuerdo, tras la confirmación del fallo que obliga al Gobierno a pagar en concepto de daños y perjuicios a la concesionaria una suma que supera los $ 88 millones. La Fiscalía de Estado presentó un recurso extraordinario federal contra esa sentencia, que aún no fue resuelto. No obstante, ese planteo no tiene efecto suspensorio.
En octubre, un tribunal compuesto por René Mario Goane, Horacio Castellanos y Alberto Acosta rechazó por improcedente el recurso de casación interpuesto por la Provincia y, de esa manera, ratificó la sentencia condenatoria contra el Estado.
El pleito se inició en 2006, cuando la empresa Terminal del Tucumán SA promovió una demanda por daños y perjuicios contra la Provincia. Exigió la suma que surja del cálculo por los “toques de andén” no efectuados como consecuencia del incumplimiento de las empresas de ómnibus de su obligación de ingresar en los servicios programados. Según la firma, el Estado estaba obligado a dictar las normas para el ingreso obligatorio de los ómnibus y a emplear todo su “potencial coercitivo para que ese ingreso sea efectivo en forma integral”.
Luego de idas y vueltas procesales, en 2017 los camaristas civiles Augusto Ávila y Carlos Miguel Ibáñez hicieron lugar a la demanda y condenaron a la Provincia a pagarle a la Terminal del Tucumán SA la suma reclamada, que abarca desde 1996 hasta 2010. Esa indemnización, luego de un recurso de aclaratoria solicitado por la propia Terminal, patrocinada por el abogado José Roberto Toledo, fue duplicado mediante la sentencia 953/2017. Así, quedó establecido en unos $ 88,3 millones, entre capital e intereses.
Ahora, como la Corte rechazó la casación interpuesta por la Provincia, ese fallo quedaría firme. Sobre la base de esa decisión del tribunal, el presidente del directorio de la Terminal, Ariel Spector, dirigió una nota al ministro de Economía, Eduardo Garvich, fechada el 26 de octubre pasado. En el texto le propone llegar a un acuerdo mixto, en el que la Provincia pague parte de la suma reclamada y además amplíe los plazos de la concesión del servicio, que finaliza en diciembre de 2024.
«El directorio de la empresa ha decidido realizar esta presentación a los fines de exteriorizar su absoluta voluntad y predisposición a arribar a un acuerdo conciliatorio que resulta inequívocamente beneficioso a la provincia, aliviándola de las obligaciones que la justicia le ha impuesto con respecto a esta empresa», redactó Spector. Según el empresario, el efecto es que quedó consolidada la sentencia de la Cámara. «La aludida sentencia ha condenado a la Provincia al pago de una importante suma de dinero y es absolutamente previsible que, tratándose de cuestiones de derecho publico local, la sentencia haga cosa juzgada formal y material en tiempo próximo», alertó Spector. Y advierte que, además, la empresa tendría derecho a reclamar mayores fondos: «vía de ejecución de sentencia o de nueva acción, a obtener la condena sobre los periodos posteriores al expresado y hasta el día del efectivo pago».
El titular de Terminal del Tucumán SA adujo que propone el acuerdo para evitar mayores gastos al Estado, «puntualizando a tal efecto su voluntad de que el monto indemnizatorio condenado sea parcialmente satisfecho mediante la ampliación del plazo de la concesión, para lo cual ofrece esta voluntad y su predisposición de arribar de consuno a un estudio o fórmula que permita -con parámetros objetivos y transparentes- establecer con equidad las alternativas de conversión apuntada y la proporción del monto de la condena que podría ser satisfecha de esta forma a todas luces satisfactoria para el erario público».
«Mi parte también ha decidido incorporar a este ofrecimiento el crédito cierto, aun no cuantificado, por los periodos posteriores indicados y los resultantes del otro proceso judicial que actualmente se encuentra en jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia», añade Spector.
Finalmente, le solicita que por escrito la Provincia responda si está dispuesta a iniciar o no el camino de la conciliación y que, en caso de que la respuesta sea afirmativa, designe a los interlocutores.
A este gesto de razonabilidad y buena voluntad le agregamos la necesidad de que la Provincia actúe con premura y seriedad para lo cual solicitamos que por escrito expresen si están dispuestos o no iniciar el camino de la conciliación y se designe al o los interlocutores que juntamente con los designados por esta empresa procuraran la conformación de una formula que, con las cualidades antes expuestas, establezca los parámetros de conversión apuntada y su forma de instrumentación.
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