Así lo indicó un reporte de la CNRT. Además, la mayoría de los usuarios se quejan porque los choferes usan el celular o manejan de manera imprudente.
Viajar en colectivo no es de las experiencias más agradables en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Y si bien es poco frecuente, los usuarios pueden reclaman cuando el servicio es deficiente. Según los últimos datos oficiales, el 64% de las quejas de los usuarios son por inconductas de los choferes. Pero también se detectó, a través de un sistema inteligente, que la mitad de las líneas desvían su recorrido e incumplen sus frecuencias.
Así lo corroboró Infobae a partir de un pedido de información a la Comisión Nacional de la Regulación del Transporte (CNRT). El reporte, que abarca a las líneas urbanas y suburbanas de la 1 a la 195 bajo jurisdicción nacional, alcanza a las denuncias producidas en el período de enero a mayo de este año.
En ese lapso de tiempo, los usuarios presentaron un total de 8.544 denuncias, de las cuales 5.940 refieren al conductor (64%) y 2.019 al servicio (23%). En menor medida, hubo 375 por el estado del vehículo (4,4%) y 210 por problemas en el cobro de las tarifas (2,4%), por ejemplo, mal funcionamiento de la SUBE o errores humanos.
En lo que respecta al servicio, la mayoría de las quejas tienen que ver con desvíos en el recorrido, la falta de frecuencias o pasajeros que tienen que viajar de a pie en el servicio diferencial.
El dato llamativo entre ambos períodos es la sensible reducción en la cantidad de reclamos, que cayeron a casi una cuarta parte. Ante la consulta de este medio, desde la CNRT no dieron precisiones sobre las razones de la caída.
Otros de los organismos que reciben este tipo de denuncias es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que, además dar curso a los reclamos típicos sobre el servicio, también recopila las quejas de infraestructura y acceso, como las paradas.
En el primer semestre de 2018, se impusieron con un 54% las denuncias por mala frecuencia de las líneas de colectivos y cambios en los recorridos. Las categorías que le siguen son accesibilidad y paradores (18%), estado del parque automotor (11%) y transporte automotor de larga distancia (11%). El año pasado, la mayor cantidad de las quejas (39%) correspondía a los paradores y refugios.
Colectiveros bajo examen
Los colectiveros son denunciados por distintas infracciones. Las más comunes son la prohibición de fumar, conducir con excesiva velocidad o de manera imprudente y usar el celular.
En 2018, la CNRT realizó hasta mayo 6.958 controles y se elaboraron 848 de actas. Las multas aplicadas varían según el tipo de infracción, oscilando entre los 500 a los 30.000 boletos mínimos. Las penalidades más altas son para los casos corroborados de alcoholemia positiva.
Para realizar estos seguimientos, la CNRT lleva adelante operativos sorpresivos y aleatorios en las cabeceras de las líneas. Hasta mayo hubo 1.359 controles en unidades itinerantes y se retuvieron 48 licencias de conducir, según se desprende del Registro de Antecedentes elaborado por el organismo.
Los motivos van más allá de la detección de la ingesta de sustancias: puede haber inhabilitaciones por análisis médicos con resultados negativos (por ejemplo, cuando se detecta hipertensión arterial), psicológicos u oftalmológicos, entre otros.
Desde el sindicato de colectiveros indicaron que tienen una escuela de conductores, donde realizan una capacitación permanente de carácter no obligatorio.
«Es una escuela en la que la mayoría asiste cuando entra a trabajar. Ahí hacemos recomendaciones técnicas y prácticas, enseñamos las reglamentaciones y el manejo con colectivos modernos», señaló Mario Calegari, secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Y reconoció que los choferes suelen caer en una tentación cuando están al volante. «El gran flagelo que tenemos es el tema del télefono, para todos los argentinos se ha convertido en una cuestión indispensable», afirmó.
Recorridos incumplidos
Otro dato sobresaliente es el nivel de incumplimientos en materia de recorridos, aunque no sorprende por los frecuentes cortes, movilizaciones y protestas callejeras. Del análisis de unas 91 líneas urbanas (es decir, el 70% del sistema de transporte), la mitad (50%) incurrieron en desvíos en sus trayectos.
Los incumplimientos de las empresas no solo afectan al recorrido; se detectó desvíos en frecuencias (52%), mientras que en casi una tercera parte (30%) de las líneas se detectaron «fraccionamientos«; esto es, cuando los trayectos terminan antes de llegar a las cabeceras.
«Con las marchas y cortes de calle que tenemos, es un tema que es casi imposible abordarlo. Es una realidad que no se puede prever», justificó Calegari.
Los datos se desprenden del Sistema Inteligente de Fiscalización y Control de Transporte Urbano (SIF), que funciona desde noviembre del año pasado. El programa permite cruzar los reclamos diarios presentados ante la CNRT y localizadores satelitales GPS incorporados al sistema SUBE. Ello permite verificar el grado de cumplimiento del servicio en cada vehículo y sus tiempos de demora.
Para el ente regulador, estos controles remotos mejoraron el tiempo de respuesta de los reclamos, que pasaron de una demora de 60 días a un promedio de entre 4 y 5.
Sin embargo, lo cierto es que las infracciones detectadas por el SIF recién se empezaron a aplicar desde el 11 de junio. Hasta mayo finalizó con este sistema lo que se conoce como «fiscalización educativa«, con controles que sirven más como una señal de alerta para que las empresas adecuen las prestaciones.
La eficacia de los controles
Ante un transporte público cada vez más problemático, la pregunta que se instala es si sirve que los usuarios acudan a la CNRT para quejarse. En la Defensoría del Pueblo porteña advirtieron que los controles se realizan en «en plazos razonables y sancionan a las empresas en caso de comprobar faltas«.
Pero en la burocracia estatal pueden existir algunas trampas o dilaciones. «Las empresas operadoras de las líneas de colectivos acumulan infracciones, pero postergan su efectivo cumplimiento haciendo uso de los mecanismos que le otorgan los procedimientos administrativos», señalaron desde la Coordinación Operativa de Transporte y Telecomunicaciones de la Defensoría. Lo mismo ocurre en los casos de «incumplimiento de la normativa vial por parte de los conductores».
«La situación explica por qué la experiencia de viaje del usuario y su percepción sobre la calidad del transporte público automotor no cambia a pesar de las reiteradas denuncias y la actividad de los organismos de control», señalaron desde la Defensoría.
Más allá de los esfuerzos que pudieran existir, las empresas de colectivos ya advirtieron que el servicio podría empeorar si «el Gobierno no escucha las necesidades del sector».
«Si continúa el actual sistema, inevitablemente se producirá un resentimiento de la calidad, frecuencia y cobertura de los servicios, así como el mantenimiento de las fuentes de trabajo», indicaron a través de un comunicado la Asociación Civil de Transporte Automotor, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires. Las compañías alegan que, en su conjunto, registran un déficit mensual de unos 715 millones de pesos, lo que impide «renovar las flotas de colectivos» e implica una «constante dificultad de sostener» la operación.
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