Se necesita más transporte público accesible en Rafaela. Así lo sostiene la ONG que trabaja a favor de una mayor inclusión y que en este caso realizó un profundo análisis sobre el sistema de minibuses y remisses. «El gran inconveniente que encuentra una persona con discapacidad motriz para desarrollar una vida de ciudadano común, es que la ciudad no está edificada para incluirla», afirma.
La vida en Rafaela se hace compleja si no contamos con un vehículo propio para trasladarnos. Todos necesitamos un medio de transporte que nos permita llegar hasta nuestro trabajo, a una institución educativa o, si nos enfermamos, a un centro de salud. El crecimiento urbano sobrevenido en los últimos años en la ciudad, pone de manifiesto la necesidad de contar con un transporte público de calidad, que permita una vinculación estratégica entre los diferentes puntos. Con el fin de llevar adelante una vida activa, el acceso al transporte público debe garantizarse a todos los ciudadanos.
Las últimas dos unidades adquiridas por la Municipalidad de Rafaela, las cuales todavía no se encuentran en circulación, se compraron sin las adaptaciones necesarias para que puedan ser utilizadas por personas en silla de ruedas. Sin reparar en que, de este modo, se procedió en infracción con la normativa vigente que obliga a las empresas de transporte público a comprar TODAS las nuevas unidades adaptadas para personas con discapacidad. El argumento para legitimar esta decisión local alegó el alto costo económico que representaba adquirir minibuses accesibles, culpabilizando a la población con discapacidad de exigencias desmedidas.
Luego del reclamo elevado por la organización «Rafaela Incluye» y por medio de una ordenanza municipal encabezada por el concejal Lisandro Mársico, el municipio local se comprometió a respetar, de aquí en más, la normativa vigente respecto a la adquisición de vehículos para el transporte público de pasajeros.
Pero hasta el momento, el escenario local resulta poco amigable con quienes tienen alguna diferencia motora para desplazarse. Rafaela cuenta con 12 minibuses que circulan en 5 líneas de recorrido, con una frecuencia aproximada de 30 minutos. Solo 2 unidades son accesibles para personas con discapacidad. Cualquier ciudadano que utilice el transporte público sabe que debe salir de su casa con un margen de 60 minutos de antelación para llegar “a horario” a su actividad. ¿Cuál podría ser el margen necesario para un ciudadano con discapacidad, sabiendo que su viaje resulta excesivamente más largo por la falta de unidades disponibles para su traslado? Esta población se encuentra, prácticamente, impedida de poder desarrollar una vida fuera de su casa.
El Transporte Social Municipal que traslada a niños y jóvenes a diferentes instituciones de la ciudad (Escuela APADIR, Escuela Melvin Jones, Azulín Azulado, La Huella, Granja Peretti, Escuela Laboral, Control Visual, FAD) cuenta con 2 “colectivos especiales” que poseen una rampa para el ascenso y descenso de sillas de ruedas. Es un sistema que también se encuentra colapsado por la enorme demanda, por lo que se descarta que estas unidades adaptadas puedan ser utilizadas para cubrir la necesidad de traslados que no tengan que ver con este fin.
Las empresas de remisses que ofrecen unidades adaptadas para personas con discapacidad y que cuentan con la debida habilitación municipal para funcionar como tales, no acreditan las normas de seguridad indispensables para dichos traslados. Son vehículos utilitarios con rampas precarias, donde una persona adulta sentada en su silla de ruedas choca con su cabeza el techo de la unidad, lo que la obliga a trasladarse de manera peligrosa e incómoda. Los movimientos propios del vehículo, originados por baches o calles empedradas, producen una sensación corporal parecida a encontrarse en el interior de una coctelera. Otro detalle es que funcionan hasta las 18 hs. Usuarios adultos de este servicio reciben, por parte de los choferes, comentarios del estilo: “¿cómo se le ocurre salir sola?”, “¿ud. va a demorarse mucho en la peluquería? mire que yo a las 18 (hs.) corto, no me llame 10 minutos antes porque no vengo”. Vale aclarar que el costo de estos viajes es alto y, en algunos casos, cobran un honorario mayor por discapacidad.
Busquemos otras opciones para salir de casa. Una persona en silla de ruedas, sin vehículo propio, bien puede salir en su silla para moverse en trayectos cortos: ir a la verdulería del barrio, al kiosco o a la vecinal (a desarrollar alguna actividad) pero también se encuentra con barreras.Veredas rotas, falta de rampas en los barrios alejados del centro de la ciudad, rampas construidas de manera no accesible, con bordes (cordones) que impiden el ascenso de la silla o inclinaciones demasiado empinadas, que no permiten que la fuerza de sus miembros superiores logren su cometido sin ayuda externa.
UNA CIUDAD CON BARRERAS
Al fin de cuentas, el hecho de no poder mover las piernas no es el problema que esta persona tiene, ya que con su silla compensa la dificultad en la marcha. El gran inconveniente que encuentra para desarrollar una vida de ciudadano común, es que la ciudad no está edificada para incluirla. Muchas veces pensamos en el colectivo “discapacitados” y se nos oprime el pecho.
Consideramos que es gente que tuvo mala suerte en la vida, que nació con un problema o se accidentó de manera trágica. Claro que estas cosas ocurren.
Los índices de accidentes genéticos, automovilísticos, deportivos, laborales y domésticos son visibles. Los bebés prematuros sobreviven cada vez con mayor frecuencia y muchas veces adquieren una discapacidad como secuela. Pero si ningún acontecimiento desafortunado nos toca en suerte, igualmente envejeceremos antes de morir. La vejez nos traerá sus consecuencias, naturalmente. Pensarnos a nosotros mismos “discapacitados” no parece ser una idea tan descabellada si anhelamos vivir unos cuantos años. La buena noticia es que no es un problema en sí mismo: hay tratamientos, medicinas y aparatos ortopédicos que nos ayudarán a llevar adelante una vida digna de ser vivida. El tema es poder salir de casa. No hay autodeterminación posible en este escenario, dejaríamos de estar incluidos en la categoría “ciudadanos” cómo lo éramos hasta ese momento.
Necesitaríamos que alguien nos acompañe permanentemente para apartarnos las barreras arquitectónicas que la ciudad nos impone. Comenzaríamos a recibir comentarios culpabilizadores, como el del remissero, que ante la angustia de no saber cómo actuar, reacciona agresivamente. Muchos corren la mirada o se cruzan de vereda cuando visualizan una persona sola en silla de ruedas.
Otros sienten lástima y proceden con excesiva asistencia, como si viesen niños abandonados a la buena de Dios. En general, no es esto lo que siente una persona con discapacidad, salvo que las miradas ya lo hayan convencido de que él solo no puede.
La mayor difusión de esta problemática permitió que la sociedad comience a tomar conciencia de las desventajas en que se encuentran las personas con discapacidad para vivir en igualdad de oportunidades. La accesibilidad urbana es clave para desempeñarse en forma independiente y productiva dentro de una comunidad.
El transporte público urbano rafaelino presenta graves falencias por el deterioro y antigüedad de las unidades con las que cuenta. Las quejas de los usuarios están a la orden del día. No parece sensato soñar con un servicio accesible y de calidad al corto plazo, sin desconocer que es un deber de los Estados nacionales, provinciales y municipales garantizar su acceso, siguiendo las recomendaciones internacionales y la normativa vigente. Su incumplimiento es un claro acto discriminatorio hacia la población con discapacidad motriz. Los funcionarios públicos a cargo de esta temática tienen que saber generar, en las circunstancias que le toca enfrentar, los medios posibles para que las personas puedan ejercer sus derechos y tengan asegurados aquellos bienes sociales básicos para una vida digna: salud, educación y trabajo. Sin transporte público, esto no es posible.
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